La Comisión Europea ha urgido hoy a España a que apruebe la reforma de la estiba portuaria.
El mensaje llega justo un día después de que el Congreso haya rechazado el Real Decreto con el que el Gobierno pretendía cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y alinear el marco laboral de los trabajadores portuarios a la normativa europea.
«Es esencial que España reforme el sistema laboral de los puertos, que no está en línea con la ley de la UE», ha afirmado Anna Kaisa Itkonen, portavoz de Transportes de la Comisión Europea.
«Esto es también un asunto de competitividad de los puertos españoles. La Comisión invita a España a cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia y con sus obligaciones como miembro de la UE», ha apuntado Itkonen.
El fondo de la cuestión es que en España la estiba portuaria (la carga y descarga de los buques) es un monopolio que, según la Comisión Europea y el TJUE, no está justificado y que hay que desmantelar. El colectivo de estibadores españoles, unos 6.000, se opone a cualquier reforma, ya que el sistema actual obliga a las empresas a contratarles a ellos y en unas condiciones prefijadas.
España se juega una multa de 27.500 euros diarios desde el 11 de diciembre de 2014, fecha de la primera sentencia que exigía a España reformar la estiba, y otra de 134.000 euros diarios a partir de que el TJUE se pronuncie en una segunda sentencia.
Esta segunda sentencia no es inminente. Llegará probablemente a partir del verano. El recurso de la Comisión pidiendo al TJUE sendas multas a España se registró en julio de 2016. El tiempo medio de resolución de recursos del Tribunal el año pasado fue de 12,9 meses.
Los importes tampoco son definitivos. Los 27.500 euros y los 134.000 euros son propuestas de la Comisión, pero quien tiene que decidir la cuantía final es el TJUE, teniendo en cuenta agravantes y atenuantes en los que pueda haber incurrido el Gobierno.
La Comisión Europea abrió este expediente de infracción en noviembre de 2011, con el envío de una carta de notificación formal, pero las primeras cartas alertando de que la legislación española incumplía la comunitaria se tramitó en 2009.
fuente: www.expansion.com