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Para la imposición de este delito es exigible el dolo -conocimiento y voluntad de obtener prestaciones sociales indebidas para sí o para otros, que ocasionen un perjuicio económico a la Administración Pública-. Ese dolo no requiere un especial ánimo de perjudicar los intereses públicos.

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El Tribunal Supremo confirma la condena de los acusados, empresarios y presunto trabajador, como autores de un delito de fraude de subvenciones a la Seguridad Social del CP art.307 ter.

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