La vivienda no es un apartamento de uso turístico sino que la actora reside en ella, siendo su domicilio habitual y su despacho, y en el que de forma temporal y no permanente alquila una habitación. Además, no consta que el título constitutivo prohibiese dicho uso.
Audiencia Provincial Barcelona, Sentencia 356/2018, 7 Jun. Recurso 69/2017
La comunidad de propietarios demandada acordó en junta prohibir que se destinaran a uso turístico las viviendas del inmueble, a pesar de que el título constitutivo no lo prohibía. Dicho acuerdo ha sido impugnado por la propietaria de uno de las viviendas.
La Audiencia Provincial de Barcelona, revocando la sentencia dictada en primera instancia, declara nulo el acuerdo comunitario impugnado.
La sentencia pone de manifiesto que el acuerdo alcanzado por la comunidad afecta al uso de la vivienda propiedad de la actora, por lo que la viabilidad y corrección del mismo exige que se funde en la realización por el comunero de alguna actividad que sea contraria a la convivencia normal en la comunidad, o que perjudique o ponga en peligro el inmueble, o desarrolle actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyan de manera expresa.
Ninguna de dichas circunstancias concurre en el presente supuesto por cuanto la propietaria impugnante nunca ha destinado su vivienda a uso turístico, carece de licencia administrativa y la vivienda es su domicilio particular, limitándose únicamente a alquilar de forma temporal una de sus habitaciones.
La Audiencia considera irrelevante que la actora carezca de licencia administrativa, o que el ayuntamiento haya aprobado normas que restringen la actividad de explotación turística de las viviendas de la ciudad.
Y ello porque, con independencia de que medie o no tal licencia, la comunidad de propietarios debe velar por su propia tranquilidad, admitiéndose las acciones de cese de actividad aunque disponga de licencia administrativa si la misma se considera molesta, lo que en este caso ni consta ni ha sido siquiera alegado por la comunidad de propietarios demandada.
En conclusión, el acuerdo comunitario impugnado es nulo por carecer de base legal para prohibir con carácter genérico el uso de la vivienda en la forma expresada y sin que tal prohibición figure en el título constitutivo. Ello sin perjuicio de que la comunidad pueda instar judicialmente, en su caso, el cese de la supuesta actividad molesta.