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Expedientes de regulación de empleo ERTE por causas de fuerza mayor ( suspensión y reducción de jornada)

1. Medidas excepcionales en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor (suspensión y reducción de jornada)

a. El RDL contempla que las medias adoptadas por las administraciones por motivo de salud pública, como cierre de centros, cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de personas o mercancías o aislamientos para evitar contagios, básicamente todas aquellas contenidas en el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se decretó el estado de alarma en nuestro país, podrán justificar ERTE “por fuerza mayor”.

b. En estos casos, en los que no hace falta negociación de tipo alguno con la representación legal de los trabajadores, las empresas tendrán que remitir a la autoridad laboral competente un informe/memoria que explique las circunstancias que le han llevado a presentar el ERTE, debiendo comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior, en caso de existir, a los representantes legales de estas.

c. Finalmente se mantiene el plazo que tiene la administración para resolver estas solicitudes mediante resolución expresa. Concretamente 5 días. En los iniciales borradores este plazo se había ampliado a 7 días. Será potestativa la solicitud de informe a la inspección de trabajo por parte de la autoridad laboral que se evacuará, en su caso, en el improrrogable plazo de 5 días.

Art. 22 RDL 8/2020.

2. Medidas excepcionales en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas organizativas, productivas y técnicas (suspensión y reducción de jornada)

a. En el supuesto de que la empresa decida tramitar un ERTE por estos motivos relacionados con el COVID-19 (no obligación de cese de actividades pero afectación relevante en la producción por motivos vinculados a la pandemia y sus incidencias) se reducen y acortan los plazos para negociar dicha medida de los actuales 15 a exclusivamente 7 días.

Art. 23 RDL 8/2020.

3. Exoneración cuotas empresariales a la SS para empresas que insten ERTE de suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor relacionada con el COVID-19.

a. ERTE autorizados por fuerza mayor, cuando la empresa tenga menos de 50 trabajadores en situación de alta en SS a fecha 29.02.2020, exoneración del 100% en la aportación empresarial y en las cuotas de recaudación conjunta mientras dure la suspensión o reducción autorizada.

b. En caso de que la empresa tuviera 50 o más trabajadores a la fecha indicada, la exoneración es del 75% en los mismos términos anteriores.

c. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

d. Importante: estas exoneraciones, así como el resto de las medidas excepcionales del RDL que venimos comentando, están supeditadas al mantenimiento del empleo en la empresa durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Por lo tanto, si se reduce la plantilla durante ese período tales exoneraciones deberán retornarse y, además, con los recargos correspondientes.

Art. 24 RDL 8/2020.

4. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo para trabajadores afectados por ERTE indicados en los apartados anteriores.

a. Los trabajadores afectados tendrán acceso a la protección por desempleo aunque carezcan del periodo mínimo de carencia exigido en la normativa.

b. Su duración se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción de la jornada.

c. La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.

d. Los periodos de la prestación consumidos durante esa suspensión no contarán como gastados. Es decir, frente a hipotéticas futuras prestaciones “el contador se pondrá a cero” y se repondrán las prestaciones.

e. Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos que hayan visto suspendidos sus contratos como consecuencia del COVID-19 durante períodos que hubiesen sido de actividad, podrán volver a percibirse con un límite máximo de 90 días cuando vuelvan a encontrarse en situación de desempleo.

f. Mientras dura la actual situación que entraña, entre otras afectaciones, limitación de movimientos, las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de plazo no implicará que se reduzca la duración del derecho a dicha prestación.

Art. 25 RDL 8/2020.

5. Medidas excepcionales para facilitar el teletrabajo.

a. Se potencia la modalidad del teletrabajo a los efectos de mantener la actividad por mecanismos alternativos, donde sea posible.

b. Las empresas deberán adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible.

c. Se establece la prioridad de estas medidas frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

d. A tal efecto se entenderá cumplida la obligación de efectuar la correspondiente evaluación de riesgos, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona.

Art. 5 RDL 8/2020.

6. Derecho a la adaptación de las condiciones de trabajo y reducción de jornada por circunstancias excepcionales de cuidado vinculadas al COVID-19.

a. Se permitirá a las personas trabajadoras la adaptación y/o reducción de su jornada laboral, que podrá incluso alcanzar el 100%, por lo tanto no se establecen límites ni mínimo ni máximo en este último caso, cuando concurran situaciones excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19 y su presencia sea necesaria para atender a otra persona que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requiera de un cuidado personal y directo.

b. Asimismo, la persona trabajadora se podrá acoger a este derecho dante la ausencia del cuidador habitual de la persona a su cargo por causas relacionadas con el coronavirus, con su prevención o con evitar el contagio.

c. También podrán hacerlo si se han visto afectados por el cierre de centros educativos o de otros que dispensaran cuidados a la persona necesitada de los mismos (centros de día, por ejemplo).

d. Este derecho será individual de cada uno de los progenitores.

e. En el caso concreto del derecho a adaptación de jornada, se determina que la petición del trabajador deberá estar justificada y ser razonable y proporcionada teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar, “debidamente acreditadas”, y las necesidades de organización de la empresa.

f. Este derecho, apunta el texto, en cuanto a la adaptación de la jornada por los motivos indicados, podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a otras condiciones de trabajo, pudiendo consistir en un cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo o de funciones, cambio en la prestación del trabajo (incluyendo el teletrabajo) o cualquier otro cambio en las condiciones que estuviera disponible en el empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado.

Art. 6 RDL 8/2020.

7. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por declaración de estado de alarma vinculada al COVID-19.

a. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes desde la fecha en que entró en vigor el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretó el estado de alarma, o hasta el último día que dure el mismo, los autónomos cuyas actividades queden suspendidas o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad.

b. Dicha prestación, que se abonará de cumplirse los requisitos previstos en esta norma – estar afiliados y en alta a la fecha de declaración del estado de alarma; acreditar la indicada reducción en la facturación y hallarse al corriente en el pago de cuotas a la SS con posibilidad de regularizar algún impago en un período de 30 días – se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora calculada de acuerdo con las previsiones del art. 399 de la LGSS.

c. Durante el período en que el autónomo perciba esta prestación quedará exonerado de ingresar sus correspondientes cotizaciones sociales si bien el período se considerará como efectivamente cotizado a todos los efectos.

Art. 17 RDL 8/2020.

No dejan de ser autónomas las mujeres que dejan su actividad brevemente durante el embarazo y los primeros meses tras el parto

Se encuentran en una situación de vulnerabilidad comparable a las trabajadoras por cuenta ajena, pues las limitaciones físicas son iguales.

TJUE, Sala Cuarta, Sentencia 19 Sept. 2019. Asunto C-544/2018 (LA LEY 129710/2019)

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Ya no es necesario que la reducción de jornada se circunscriba al horario diario realizado por el trabajador

Juzgado de lo Social nº 26 Madrid, Sentencia 10 Mayo 2019

Si el legislador de urgencia, por Real Decreto-Ley 6/2019, ha incorporado como derecho subjetivo del trabajador la adaptación de la jornada, en razón de los cuidados de hijos menores de 12 años, sin necesidad incluso de reducción horaria, resultaría absurda la interpretación de que dicho derecho no se extienda a aquellos casos de reducción de jornada, en que el trabajador hace un sacrificio al perder parte de su salario.

 

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El TJUE confirma lo ya establecido por la norma española indicando que los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

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El TSJ Galicia pregunta al TJUE si no computar toda la antigüedad de los fijos discontinuos es discriminatorio para las mujeres

A tenor de datos contrastados, existe una feminización en el personal fijo discontinuo de la AEAT que ve frustradas sus expectativas para cobrar más o promocionarse, ya que sólo se les computa el tiempo efectivo de prestación de servicios.

 

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El traslado sin cambio de residencia no permite la extinción indemnizada del contrato

Si no hay un convenio o acuerdo que explícitamente regule esta posibilidad, no estamos ante una modificación sustancial de las condiciones laborales, sino ante una variación accidental que puede perfectamente imponer el empleador dentro de su poder de dirección.

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Las bromas humillantes en el trabajo pueden ser delito de acoso laboral

Los hechos no son meras bromas de mal gusto, sino un comportamiento tan inadecuado, desconsiderado, grosero, e irrespetuoso que alcanza a afectar a la integridad psíquica de la afectada, y por ello, a integrar el tipo de delito de acoso laboral.

Audiencia Provincial Alicante, Sentencia 392/2018, 20 Nov. Rec. 703/2018 

Cuando una broma en el trabajo llega a ser humillante para el que la recibe, puede llegar a ser merecedora de reproche penal y así debe ser en el caso que analiza la Audiencia en el que el acusado, jefe de cocina de un Colegio, se dirigió en varias ocasiones a su subordinada de manera humillante y vejatoria.

Son hechos que avergonzaron y humillaron a la trabajadora y por lo que el acusado fue condenado en la instancia a la pena de prisión de seis meses que la Audiencia confirma.

No son los hechos como pretende el acusado meras bromas de mal gusto, sino un comportamiento tan inadecuado, desconsiderado, grosero, e irrespetuoso que alcanza a afectar a la integridad física y psíquica de la afectada, y por ello, a integrar el tipo de delito de acoso laboral.

El delito de acoso laboral se define como aquel en el que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial, el autor, prevaliéndose de su relación de superioridad, realiza contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, si suponen un grave acoso contra la víctima.

En el caso, la repetición o permanencia de los tratos humillantes dispensados por el acusado es acoso subsumible en el artículo 173.1 CP.Los actos afectaron a la dignidad de la trabajadora y son conductas inaceptables que no se pueden justificar alegando que se tratan de “bromas” de mayor o menor gusto.

La denunciante tiene derecho a no sufrir padecimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores, y el relato de los hechos muestra un acoso laboral tendente a degradar a la trabajadora con graves faltas de consideración hacia su persona.

La Justicia declara la incapacidad permanente absoluta de una mujer por estrés postraumático a resultas de una agresión sexual sufrida años antes

  • El TSJ Castilla y León desestima el recurso presentado por el INSS Y la TGSS y confirma la sentencia del Juzgado de lo Social. La trabajadora sufre unas dolencias psicológicas que le imposibilitan para llevar a cabo cualquier actividad laboral.

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