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El otorgamiento del trámite de alegaciones debe operar como un derecho en beneficio del contribuyente

Destierra el Supremo la idea de que la Administración tributaria pueda otorgar sin justificación, un plazo mayor o menor, atendiendo, por ejemplo, al estado de tramitación del procedimiento, según las necesidades para culminarlo en plazo.

 

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El horario para la presentación de un recurso por una Administración local es el establecido en el registro de la administración pública a la que va dirigido Texto

La presentación de escritos de término debe hacerse dentro del horario establecido para el registro administrativo, y esta premisa, cuando se trata de una relación entre dos Administraciones públicas, y singularmente a los efectos de la presentación en plazo de un recurso de reposición previo a la vía económico-administrativa, no crea una situación privilegiada del titular del registro público para permitirse a sí mismo lo que no se autorizaría a un particular.

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1835/2018, 19 Dic. Rec. 2603/2017

Consecuencia de la inadmisión por extemporáneo de un recurso contra un acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo que aprobó la liquidación de la tarifa de utilización del agua, se plantea si la presentación de un recurso administrativo por una Administración pública en su propio registro, produce el mismo efecto jurídico, en cuanto al cumplimiento del plazo máximo de interposición, que si lo hubiera presentado ante el registro de la Administración pública a la que el recurso administrativo vaya dirigido.

El artículo 38.4 de la Ley 30/1992, del Procedimiento Administrativo Común, se limita a establecer el plazo de interposición de un recurso preceptivo, pero sin regular el lugar y modo de su presentación.

Surge así la duda de si cuando el precepto hace referencia a los ciudadanos como usuarios de los registros administrativos está acotando el ámbito subjetivo de quienes pueden utilizar este servicio público, limitándolo sólo a los particulares o si también resulta de aplicación a las Administraciones públicas para que puedan utilizar sus propios registros, válida y eficazmente, en cuanto a la observancia de los plazos.

La cuestión ya ha sido resulta por el Supremo que viene entendiendo que sí quedan comprendidos, dentro del término ciudadanos, las Administraciones públicas.

Una Administración Pública sí puede presentar válida y eficazmente, en su propio registro oficial, escritos de cualquier clase y, en especial, reclamaciones y recursos, siendo válida la fecha estampada en ellos como de efectiva presentación, como si lo hubiera sido en el registro de la administración receptora o destinataria de tal solicitud o recurso.

Ahora bien, siempre y en todo caso, la presentación de escritos de término debe hacerse dentro del horario establecido para el registro administrativo, y esta premisa, cuando se trata de una relación entre dos Administraciones públicas, y singularmente a los efectos de la presentación en plazo de un recurso de reposición previo a la vía económico-administrativa, no crea una situación privilegiada del titular del registro público para permitirse a sí mismo lo que no se autorizaría a un particular.

Partiendo de estas consideraciones, desestima el Supremo el recurso porque no consta probado que el escrito de recurso formalizado por el Ayuntamiento, aun válidamente presentado en su propio registro municipal el último día del plazo, se registrara dentro del horario de apertura, sino unos minutos después de su cierre.

No puede aplicarse el silencio administrativo positivo a las solicitudes presentadas al margen del procedimiento específicamente previsto

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 6 Noviembre 2018

Cuando el ordenamiento prevé y regula un procedimiento específico para decidir una determinada cuestión, no opera el silencio administrativo positivo previsto en el art. 43.1 Ley 30/1992.

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1590/2018, 6 Nov. Rec. 1763/2017

Aunque el Supremo ya se ha pronunciado con anterioridad negando que cualquier petición del administrado de lugar a “un procedimiento iniciado a solicitud del interesado”, cuya falta de respuesta de la Administración en el plazo máximo establecido suponga su estimación por silencio, ahora lo hace en relación al concreto procedimiento administrativo que se debió seguir para que un militar de tropa y marinería obtenga la condición de permanente e ingrese en la carrera militar.

Se trata de un procedimiento selectivo especial dirigido a cubrir las plazas que se determinen en la provisión anual y compuesto de dos fases: evaluación y selección a través de un concurso-oposición. La especialidad del procedimiento implica no solo que debe iniciarse de oficio, sino también que una solicitud anterior en la que se pida directamente la atribución de la condición no surte efecto jurídico alguno al ser contraria al procedimiento requerido por las normas legales y reglamentarias relativas al modo de obtener lo que se solicita.

Apartarse del procedimiento específico es calificado por el Supremo como anómalo. La sentencia reprocha al solicitante que, siendo militar de tropa y marinería que ha suscrito y renovado un compromiso inicial y ha formalizado después un compromiso de larga duración, desconozca cuál es el cauce a seguir para obtener lo que pretende, desconocimiento éste que no puede tener como consecuencia que la inactividad de la Administración al resolver pueda interpretarse como silencio positivo.

Cuando el ordenamiento prevé y regula un procedimiento específico para decidir una determinada cuestión, no opera el silencio administrativo positivo, previsto en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992.

La regla el silencio positivo, como la ficción legal que es, solo se aplica cuando no se trate de procedimientos predeterminados. El artículo 42.2 de la ley dispone que debe resolverse en el plazo “fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento”, y su apartado 5 manda a las Administraciones Publicas que publiquen y mantengan actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

Concluye por ello el Supremo que el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no opera cuando, estando previsto normativamente un procedimiento singular para alcanzar el efecto jurídico solicitado, la solicitud se desentiende de sus trámites y se sujeta sólo a las reglas generales del procedimiento administrativo común.

Es legal despedir a los profesores interinos al llegar el final de curso

En la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico, compartiendo las mismas razones que expuso el Juzgado, al finalizar el curso, cesan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó el nombramiento, sin que ello suponga discriminación respecto a los docentes que son funcionarios de carrera.

TJUE, Sala Primera, Sentencia de 21 Nov. 2018, C-245/2017

De nuevo el TJUE vuelve a realizar un análisis de la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada esta vez en relación a un litigio surgido al despedir la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha a dos profesores interinos al finalizar el curso escolar.

Se consignaron como causas de los ceses de quien había venido ocupando una vacante como profesor de Secundaria y de quien lo había sido como profesora de FP, respectivamente, la «libre separación de interinos» y el cese «definitivo por cambio de situación administrativa». El Juzgado de lo Social desestimó la demanda al considerar que la desaparición de la necesidad y de la urgencia que habían motivado el nombramiento justificaba el cese al término del curso escolar y que la relación no podía extenderse al período de vacaciones estivales anuales.

Llegado el asunto al TSJ, éste se cuestiona si la finalización del período lectivo constituye efectivamente una razón objetiva que justifique un trato diferenciado entre los docentes en función de que sean funcionarios interinos o funcionarios de carrera y si la Consejería está obligada a compensar los días de vacaciones anuales que esos docentes no han podido disfrutar.

Para el TJUE, sí es posible extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico, compartiendo las mismas razones que expuso el Juzgado: al finalizar el curso, cesan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó el nombramiento, sin que ello suponga discriminación respecto a los docentes que son funcionarios de carrera.

Razona la sentencia que en la medida en que en el caso, los interesados no solicitan ser tratados igualitariamente en lo que respecta a la duración de su relación de servicio y de la misma manera que sus compañeros funcionarios de carrera, sino que lo que reclaman es el mismo trato que se otorgó a los docentes que en los anteriores cursos académicos fueron nombrados como funcionarios interinos hasta el 14 de septiembre, esta cuestión queda fuera del principio de no discriminación en la forma en que se ha concretado en el Acuerdo Marco, pues éste solo lo contempla en cuanto a diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contratos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación comparable, por lo que las posibles diferencias de trato entre determinadas categorías de personal con contrato de duración determinada no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado en el Acuerdo.

El TJUE responde también a la segunda cuestión planteada sobre el derecho a los días de vacaciones, e indica que la cuando la extinción de la relación en la fecha en que finaliza el período lectivo implica privar a estos docentes de días de vacaciones estivales anuales, tendrán derecho a percibir una compensación económica por este concepto.

El tratamiento de datos por la Administración Pública

El Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos ha emitido un Informe (núm. 2018/0175) sobre las diferentes bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos por la Administración Pública.

Este Informe es una ampliación del anteriormente emitido en los expedientes 108/2018 y 155/2018, e incorpora unas “Conclusiones” para un más fácil entendimiento y aplicación del mismo, sobre todo en los supuestos de cesión de datos que puedan plantearse, y en general en los casos en que necesite acudir al mismo para resolver alguna duda.

El documento presenta las siguientes conclusiones:

  • 1. Con carácter general, la base jurídica del tratamiento en las relaciones con la Administración, en aquellos supuestos en que existe una relación en la que no puede razonablemente predicarse que exista una situación de equilibrio entre el responsable del tratamiento (la Administración), y el interesado (el administrado) no sería el consentimiento (art. 6.1.a) RGPD), sino, según los casos, el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) RGPD) o el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) RGPD).
  • 2. El sentido de la expresión “obligación legal” contenida en el artículo 6.1.c) RGPD, equivale, en la regulación española de protección de datos, a “obligación establecida en una norma con rango de ley”.
  • 3. Los tratamientos de datos que lleve a cabo la Administración están sujetos a los principios establecidos en el RGPD, y entre ellos, el principio de minimización (art. 5.1.c) RGPD), por lo que sólo están amparados los tratamientos de datos personales que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que dichos datos son tratados.
  • 4. Dado que, en principio, la Administración ha de actuar siempre vinculada a la ley y al derecho, su actuación tanto en el campo del derecho público como del derecho privado vendría amparado por el concepto de “interés público” previsto en el art. 6.1.e) RGPD) .
  • 5. La Administración no puede utilizar como base jurídica del tratamiento el interés legítimo del apartado f) del párrafo 1 del artículo 6, siempre que se entienda que el apartado e) “misión de interés público” habrá de interpretarse en un sentido amplio de forma que permita a las Administraciones, incluso en el ámbito del Derecho Privado, los tratamientos de datos personales necesarios para las finalidades legítimas que el ordenamiento les concede o permite.El informe añade, sin embargo, que pese a que esta interpretación del RGPD es la que se considera más correcta, otras autoridades nacionales, como el ICO británico, podrían sostener una interpretación distinta, por lo que “si llega algún asunto al Tribunal de Justicia [a este] le corresponderá la decisión definitiva”.
  • 6. No es necesario el consentimiento del interesado para que por otra Administración diferente se ceda el dato personal del domicilio del interesado con la finalidad de notificarle algún trámite en un procedimiento administrativo.(Como ocurre, por ejemplo cuando ante la imposibilidad de notificar un trámite a un interesado, y antes de recurrir a la publicación prevista en el artículo 44 LPAC, se intenta una nueva notificación en otro domicilio del interesado del que otro órgano administrativo u otra Administración pública tienen conocimiento).
  • 7. No cabe un acceso masivo e indiscriminado a datos personales [recogidos por una Administración Pública a otra Administración] (1) . Cuando exista la posibilidad de cesión establecida en una ley, dicho acceso deberá ser siempre “específico en cada caso ajustado a los datos que resulten precisos para la tramitación de un expediente determinado y no de un acceso masivo e indiscriminado” y “tal acceso sólo podría producirse cuando ese dato resulte necesario o pertinente en relación con la tramitación de un concreto expediente, lo que permite analizar o determinar en cada caso la conformidad del acceso con lo establecido en el régimen General que le resulte de aplicación.” (STC 19/2013, FJ 7º)
  • 8. Ahora bien, cabrán cesiones de datos entre las Administración Públicas (entre otros supuestos a que se hace referencia más adelante) cuando sus competencias no sean diferentes o no versen sobre materias distintas.
  • 9. En relación con la posibilidad contemplada en los apartados c) y e) del art. 6.1 del RGPD, que permite que se introduzcan por el legislador nacional “disposiciones más específicas a fin de adaptar la aplicación de las normas del presente Reglamento con respecto al tratamiento en cumplimiento del apartado 1, letras c) y e), (…)”, el informe concluye que “Si existiese dicha norma, un tratamiento basado en la misma sería “lícito”, por disposición del propio RGPD aun cuando su finalidad fuese incompatible con la finalidad para la que se recogieron los datos inicialmente”.Por ello, sería lícito, desde el punto de vista de la normativa de protección de datos personales, una cesión de datos personales efectuada por una Administración a otra, aun cuando dichos datos hubiesen sido recogidos para una finalidad diferente a la finalidad para la que se van a utilizar los datos por la Administración cesionaria, si las finalidades para las que se van a utilizar están contenidas en una norma del Derecho de la Unión o del Estado miembro que constituya que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el Gabinete Jurídico 22 artículo 23, apartado 1 (art. 6.4 RGPD). Y
  • 10. Incluso en aquellos casos en que la finalidad del tratamiento para el que se solicita la cesión de los datos por una Administración a otra es distinta de la finalidad inicial para la que se recabaron dichos datos, podría tener lugar dicha cesión, siempre que el responsable (la Administración cedente), tras realizar un análisis de las circunstancias conforme a los criterios previstos en el art. 6.4 RGPD (u otros razonables, ya que no tienen carácter exhaustivo) considere que dicha finalidad diferente para las que se solicitan es compatible con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales.

En definitiva, se trata, como señala el informe, de intentar evitar que existan lo que ha dado en denominarse “ciudadanos de cristal”, de modo que cualquier Administración no ha de tener un conocimiento expandido de todos los aspectos posibles de la personalidad de los ciudadanos, incluso de aquellos aspectos que sean innecesarios o superfluos para el ejercicio de sus potestades, conferidas por el ordenamiento para el interés público.

Fuente: www.diariolaley.es

Preguntas frecuentes acerca del examen de nacionalidad española

¿Qué documentación debo llevar el día de la prueba?

En el caso de solicitantes de la nacionalidad española por residencia, los candidatos deberán presentar al personal de dicho centro de examen:

  • Resguardo de inscripción que el candidato ha recibido por correo electrónico.
  • Pasaporte original en vigor.

En el caso de solicitantes de estados miembros de la Unión Europea:

  • Resguardo de inscripción que el candidato ha recibido por correo electrónico.
  • Original en vigor del pasaporte o del documento de identidad oficial del país de origen.

En el caso de solicitantes de la nacionalidad española por origen sefardí:

  • Resguardo de inscripción que el candidato ha recibido por correo electrónico.
  • Pasaporte original en vigor.
  • Original en vigor del documento oficial de identidad del país de residencia, si éste fuera de la Unión Europea.

En el caso de los ciudadanos apátridas:

  • Resguardo de inscripción que el candidato ha recibido por correo electrónico.
  • Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o permiso de residencia donde figura (el número NIE) que es el documento de identidad oficial original en vigor con foto que justifica que el candidato reside en España de forma legal. Si estuviera caducada, se puede acceder a la sala siempre y cuando el candidato aporte certificado original  de renovación y cuya fecha sea inferior a 90 días desde la fecha finalización de la vigencia de la TIE.
  • Documento que acredite tal condición.

Y por último, en el caso de los ciudadanos refugiados:

  • Resguardo de inscripción que el candidato ha recibido por correo electrónico.
  • A dichos candidatos se les retira el pasaporte y se les dota de una Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o permiso de residencia donde figura (el número NIE) que es el documento de identidad oficial original en vigor con foto que justifica que el candidato reside en España de forma legal. En reverso de la misma se indica su condición de refugiado y, si necesitan salir de España, se les expide un documento de viaje (similar al pasaporte). Si estuviera caducada, se puede acceder a la sala siempre y cuando el candidato aporte certificado original  de renovación y cuya fecha sea inferior a 90 días desde la fecha finalización de la vigencia de la TIE.

¿Dónde se puede encontrar información sobre los requisitos para el proceso de adquisición de nacionalidad, sobre las pruebas de examen DELE o sobre la prueba CCSE?

¿Para qué sirve la prueba CCSE?

La superación de la prueba acredita el conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas, lo que es un requisito indispensable para la concesión de la nacionalidad española exigido en la ley.

¿Se puede estar exento de realizar la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales CCSE para los procedimientos de obtención de la nacionalidad?

Están exentos de realizar la prueba CCSE:

  • los menores de edad; y
  • las personas con la capacidad modificada judicialmente.

Podrán estar dispensados de realizar la prueba CCSE, siempre que lo acrediten y así lo apruebe el Ministerio de Justicia:

  • las personas iletradas;
  • las personas que presenten dificultades de aprendizaje; y
  • hayan estado escolarizados en España y hayan superado la educación secundaria obligatoria.

Según la Resolución del Director General de los Registros y del Notariado, con fecha de 22 de mayo de 2017 los solicitantes a la nacionalidad española de origen sefardí de más de 70 años de edad están dispensados de hacer las pruebas para la obtención del diploma de español DELE y de la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), dadas las dificultades de aprendizaje inherentes a la edad. Esta resolución es única y exclusivamente aplicable a candidatos de origen sefardí.

¿Qué validez y vigencia tienen los certificados de haber superado la prueba CCSE?

  • La prueba CCSE es válida para expedientes de adquisición de la nacionalidad española para sefardíes y para residentes en España.
  • La vigencia del certificado de es de 4 años desde la fecha del mismo.

¿Qué requisitos administrativos son necesarios para hacer la prueba CCSE?

Pueden realizar la prueba CCSE los candidatos de cualquier nacionalidad con capacidad legal para obrar y mayores de 18 años. Acceda a más información sobre la prueba en este mismo sitio.

¿Dónde se puede realizar la prueba CCSE?

Se puede realizar la prueba CCSE en los centros de examen reconocidos por el Instituto Cervantes. Por favor, revise en la sección «Dónde» de este mismo sitio la lista de centros reconocidos para realizar la prueba CCSE.

¿Cuándo se podrá hacer la prueba CCSE?

Está previsto que la prueba CCSE se realice el último jueves de cada mes (excepto agosto y diciembre en que no habrá convocatoria), en el horario que establezca el Instituto Cervantes.

Las fechas de convocatorias y plazos de inscripción para el año 2018 y 2019 se ofrecen en este mismo portal: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/cuando

¿Dónde y cómo se realiza la inscripción en la prueba CCSE?

La inscripción y el correspondiente pago de la prueba CCSE, se deben realizar en línea, tras haberse registrado, dentro del espacio privado del usuario de este mismo sitio web.

¿Cuánto cuesta la inscripción en la prueba CCSE?

El precio de la inscripción para la prueba CCSE en 2018 y en 2019 es de 85 € (ochenta y cinco euros). Es un precio uniforme en todo el mundo que será revisado anualmente.

¿Cómo se puede pagar la prueba CCSE?

  • La inscripción a la prueba CCSE solo se puede pagar de forma electrónica a través del espacio privado del usuario, ya registrado, de este mismo sitio web.
  • Puede abonar su inscripción en la prueba CCSE con cualquiera de los sistemas de pago habituales: tanto con tarjetas de crédito y débito, a través del sistema TPV Virtual de Santander Elavon Merchant Services, como mediante Paypal, que también le permitirá hacer efectivo el precio con todo tipo de tarjetas de crédito sin necesidad de registrarse. El Instituto Cervantes no pide, ni almacena información sobre su tarjeta, sino que delega esta acción a las pasarelas de pago TPV Virtual de Santander Elavon Merchant Services o PayPal.

¿Qué documento de identidad debo poner en la inscripción?

Aunque le recomendamos que se inscriba con el mismo documento que haya presentado ante el Ministerio de Justicia a la hora de tramitar su expediente de nacionalidad, puede usted registrase para realizar las pruebas CCSE con el documento en vigor que desee (NIE o pasaporte) siempre y cuando tenga fotografía.

Si detecto un error en los datos personales de mi inscripción (nombre, apellidos, u otro dato personal), ¿cómo puedo modificarlo?

Debe dirigir su petición al centro de atención a usuarios (http://cau.cervantes.es/) y completar el formulario, indicando claramente los datos que precisa modificar, seleccionando en el apartado “Tema” la opción de Petición de cambio de datos personales. Es importante marcar la casilla que permita al Instituto Cervantes recabar en su nombre sus datos, con objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos del presente procedimiento de cambio de datos personales.

Si no se supera la prueba CCSE en el primer intento, ¿se debe pagar de nuevo para realizar la prueba una segunda vez?

La inscripción en la prueba CCSE da derecho a presentarse hasta un máximo de dos ocasiones, siempre que el candidato no supere la prueba en el primer intento o no se haya presentado en la primera convocatoria. En este caso, el candidato debe presentarse a la segunda convocatoria en el mismo centro de examen que haya realizado la primera y en un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de examen.

¿Se puede realizar más de una inscripción a la prueba CCSE? ¿Puedo inscribirme cuantas veces quiera para hacer la prueba CCSE?

  • No hay ningún límite en cuanto al número de veces en que puede inscribirse un candidato ni hay plazo establecido entre inscripciones, de modo que sí: puede inscribirse en la prueba cuantas veces quiera, siempre que abone cada vez los correspondientes derechos de inscripción.
  • Recuerde que por cada inscripción se le ofrecen dos oportunidades de superar la prueba.

¿Cuánto tiempo tengo de plazo para presentarme a la segunda oportunidad si he sido calificado como no apto o no he acudido a la primera cita?

  • Para presentarse a la segunda oportunidad dispondrá de un plazo de 18 meses desde la fecha de inscripción.
  • Debe presentarse a la segunda convocatoria en el mismo centro de examen en el que haya realizado la primera y en un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de realización del examen.
  • Recuerde que la segunda oportunidad para presentarse a la prueba CCSE solo está disponible para aquellos candidatos que o bien no se hayan presentado a la prueba en la primera cita fijada o bien hayan sido calificados como no aptos tras haber realizado el examen correspondiente.
  • Tenga en cuenta también que el sistema no le permitirá solicitar la segunda fecha de examen hasta que no se hayan publicado las actas de la convocatoria en la que usted se inscribió en primera instancia.

Si me inscribiera en una fecha y luego decidiera no presentarme y solicitar la segunda oportunidad para realizar la prueba, ¿puedo hacerlo de forma inmediata?

  • El sistema no le permitirá solicitar la segunda fecha de examen hasta que no se hayan publicado las actas de la convocatoria en la que usted se inscribió en primera instancia.
  • Recuerde que la segunda oportunidad para presentarse a la prueba CCSE solo está disponible para aquellos candidatos que o bien no se hayan presentado a la prueba en la primera cita fijada o bien hayan sido calificados como no aptos tras haber realizado el examen correspondiente. Debe presentarse a la segunda convocatoria en el mismo centro de examen en el que haya realizado la primera y en un plazo máximo de 18 meses desde la fecha de realización del examen.

¿Puedo volver a presentarme usando la segunda oportunidad de la prueba si he sido apto cuando realicé el examen en la primera oportunidad?

No, la segunda oportunidad para pasar la prueba solo está disponible para los candidatos que no se hayan presentado en la primera cita fijada o hayan sido calificados en la primera oportunidad como no aptos.

Me he inscrito a la prueba CCSE, y solo he recibido un correo con la hoja de confirmación de pago, ¿debo recibir algo más?

  • Sí, para que su inscripción esté correcta, una vez que realiza el pago en línea en nuestra página web debe recibir dos correos electrónicos: un primer correo con la hoja de confirmación de pago y un segundo correo con la hoja de inscripción donde se incluye su código.
  • Si no recibe estos dos correos puede haberse producido un error durante el proceso de compra, por lo que le rogamos que contacte con nosotros y nos indique el código de inscripción para solucionar la posible incidencia en el más breve plazo posible. Si cree que no ha recibido el correo electrónico con sus claves de acceso, le aconsejamos que revise las carpetas de correo no deseado (spam) y de eliminados de su bandeja de correo electrónico por si el mensaje de regeneración de claves se hubiese quedado en ella.

¿Se puede cambiar de centro de examen o de fecha de convocatoria en la prueba CCSE?

  • Sí, el candidato podrá solicitar cambios de fecha de convocatoria y/o de centro de examen, siempre que el plazo de inscripción siga abierto para la convocatoria en la que se inscribió y que la convocatoria en que desee inscribirse tenga abierto su propio plazo de inscripción en el momento de solicitar dicha modificación y disponga de plazas libres.
  • La solicitud de cambio está disponible para las pruebas CCSE y DELE a través del apartado INSCRIPCIONES del menú de usuario.

¿Dónde se puede encontrar un modelo de la prueba CCSE?

El Instituto Cervantes pone a su disposición de los interesados en este mismo portal un ejemplo tipo de la prueba y la guía de la prueba CCSE.

¿Qué manual he de usar para prepararme?

El Instituto Cervantes pone a disposición de los candidatos de la prueba CCSE un manual para su preparación. Este Manual contiene las 300 preguntas de las que se extraen las preguntas de las convocatorias. El Manual 2018 estará vigente hasta la próxima convocatoria del 29 de noviembre de 2018.

El manual para preparar las pruebas del año 2019, a partir de la convocatoria de enero, también está disponible en esta página y tiene un 25% de preguntas nuevas respecto al de 2018.

¿Cómo puedo descargarme el manual para preparar la prueba?

El manual oficial del Instituto Cervantes para preparar la prueba CCSE se puede descargar gratuitamente desde la página dedicada a los materiales CCSE.

¿Cómo se califica la prueba CCSE?

  • La prueba CCSE contiene 25 preguntas de una sola respuesta correcta, por lo que se califica de forma automática.
  • Las respuestas correctas reciben 1 punto; las incorrectas reciben 0 puntos y no se penalizan ni las respuestas incorrectas, ni las respuestas en blanco.
  • Para superar la prueba (y obtener la calificación de apto) es necesario responder correctamente a 15 de las 25 preguntas, lo que significa el 60% de las mismas, el mismo criterio que presenta el sistema de evaluación y certificación de los diplomas de español DELE.

Cómo y cuándo estarán disponibles los resultados de una convocatoria CCSE?

  • El Instituto Cervantes comunicará los resultados aproximadamente 20 días después de la realización de la prueba.
  • El Instituto Cervantes enviará un correo electrónico a todos los candidatos (a la dirección de correo electrónico aportada en el momento de la inscripción) informando de la publicación de calificaciones.
  • Los candidatos podrán descargar la certificación electrónica de calificaciones en su espacio privado de este mismo sitio web, mediante sus datos de acceso personales (usuario y contraseña) facilitados en el momento de la inscripción.
  • En la certificación el Instituto Cervantes informará al candidato sobre la calificación global obtenida en la prueba APTO / NO APTO / NO Presentado (no informa sobre la puntuación obtenida en la prueba).

¿Cómo se sabrá cuándo están disponibles las calificaciones?

Los candidatos de las pruebas CCSE recibirán un correo electrónico del Instituto Cervantes en el momento en que sus calificaciones estén publicadas y podrán consultar las mismas en cualquier momento en su espacio privado, al que se podrán acceder con sus datos de acceso personales (usuario y contraseña).

¿Cuándo y dónde debo presentarme?

  • Es imprescindible cumplir todas y cada una de las siguientes indicaciones para acceder a la sala de examen y realizar la prueba CCSE para la que se hayan inscrito los candidatos.
  • Lugar: Los candidatos inscritos en la prueba CCSE deben presentarse en el centro de examen CCSE en el que se hayan inscrito y que figura en el resguardo de inscripción.
  • Día y hora: Los candidatos inscritos en la prueba CCSE deben presentarse en el centro de examen el día en el que se hayan inscrito y a la hora a la que les haya convocado el centro de examen (mínimo a las 17:30 horas o a las 19:30, dependiendo de la inscripción), de acuerdo con el huso horario local del centro examinador.
  • Antes del inicio de la prueba (18:00 horas o 20:00 horas), los candidatos deben ser identificados y recibir instrucciones sobre la forma de administración de la prueba por parte del personal administrador.

¿En qué consiste la prueba CCSE?

  • La prueba CCSE consta de 25 preguntas sobre dos tipos de contenidos, para acreditar el conocimiento de la Constitución española y la realidad social y cultural de España:
    • Gobierno, legislación y participación ciudadana en España (15 preguntas) y
    • Cultura, historia y sociedad españolas (10 preguntas).
  • Está compuesta por cinco tareas que contienen un total de 25 preguntas de respuesta cerrada: hay preguntas con tres opciones de respuesta de las cuales solo una es verdadera, y otras con una sola opción de respuesta de verdadero o falso).
  • La prueba tiene una duración máxima de 45 minutos y está escrita en la variedad del español peninsular contemporáneo.

¿Cómo se puede preparar la prueba CCSE? ¿Es necesario hacer algún curso?

No, no es necesario realizar ningún curso específico ni utilizar un material didáctico concreto para presentarse a la prueba CCSE.

No obstante, el Instituto Cervantes ofrece de forma gratuita material de apoyo a todos los usuarios https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preparar-prueba:

  • Especificaciones de la prueba.
  • Inventario general de contenidos.
  • Guía de la prueba CCSE.
  • Ejemplo tipo de la prueba CCSE.
  • Manual para la preparación de la prueba CCSE.
  • Glosario plurilingüe con las equivalencias léxicas de los términos utilizados en el manual y las pruebas en árabe, francés, hebreo, inglés, portugués y turco.

Me he inscrito a la prueba CCSE y quiero anular la inscripción, ¿puedo conseguir que me devuelvan el dinero?

Sí, dispone de un plazo de 14 días desde la fecha de inscripción para solicitar el reembolso del importe abonado. Siempre que esté dentro de ese plazo, bastará con que contacte con el Instituto Cervantes a través del formulario que aparece en la sección «Contacto» y seleccione la opción “Solicitar devolución de pago”.

¿Qué tipo de certificado se obtiene?

  • Los candidatos obtienen una certificación electrónica de calificaciones, firmada por el Instituto Cervantes electrónicamente, que pueden descargar desde su espacio privado en cualquier momento.
  • La certificación cuenta con un Código Seguro de Verificación que permitirá contrastar la autenticidad de la copia en papel.

¿Se puede presentar esta certificación electrónica para un expediente de nacionalidad?

Sí. La certificación electrónica tiene validez legal conforme a la ley española.

¿Se puede presentar una copia en papel de esta certificación para un expediente de nacionalidad?

Sí. La certificación cuenta con un Código Seguro de Verificación que permitirá contrastar la autenticidad de su copia en papel.

¿Puede el Ministerio de Justicia u otra institución consultar directamente el resultado de mis pruebas?

Sí, es posible, pero solo en el caso en que usted haya dado su permiso explícito para ello.

¿Qué procedimiento y plazo hay para solicitar revisión de calificaciones?

Todos los candidatos tendrán derecho a realizar cuantas reclamaciones consideren ante el Instituto Cervantes a través de la Sede electrónica del Instituto Cervantes, en http://sede.cervantes.gob.es/. El plazo de revisión de calificaciones es de 1 mes natural desde la publicación de las calificaciones.

¿Puedo acceder a la sala de examen con prendas que cubran la cabeza?

El acceso a la sala de examen se producirá tras la identificación fehaciente de los candidatos. No se permitirá el acceso a la sala de examen si el candidato lleva la cabeza cubierta con sombrero, gorra, velo o burka. Se permitirá el acceso con pañuelo, solo en el caso en los que se mantenga descubierto el óvalo facial y se muestren las orejas para comprobar que no lleva ningún dispositivo no permitido.

Fuente: https://examenes.cervantes.es/es/ccse/preguntas-frecuentes

La evaluación se realizó sin consentimiento ni conocimiento de la madre, y para ser aportada por el padre a un procedimiento judicial.

TSJ Andalucía, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 955/2018, 18 May. Rec. 174/2018

Confirmada la sanción de 8 meses de inhabilitación impuesta por el Colegio Profesional de Psicólogos de Andalucía a uno de sus colegiados por la intervención profesional con dos menores, de 7 y 4 años, sin el consentimiento ni conocimiento de su madre, para ser la evaluación realizada aportada por el padre a un procedimiento judicial.

La falta está tipificada expresamente en el Código Deontológico cuando éste proscribe el hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, sin haber ofrecido el psicólogo la información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado; exigiendo a mayores el Código que cuando de menores de edad se trate, se debe informar a sus padres o tutores.

Postula el psicólogo sancionado que “intervención” y “evaluación” son conceptos distintos y que su actuación no debió ser sancionada, pero olvida que puede haber diversas interpretaciones de una misma norma sancionadora sin que se vulnere el derecho a la legalidad sancionadora.

Viene admitiendo el Tribunal Constitucional que en las relaciones de sujeción especial se empleen los denominados estándares deontológicos de conducta a la hora de tipificar las infracciones administrativas, y la Constitución solo prohíbe las interpretaciones que incurran en arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error patente, siendo que en el caso, no se aprecia ninguna de estas irregularidades en la sanción.

No puede pretender el sancionado restar valor a las normas de deontología profesional porque no constituyen simples tratados de deberes morales sin consecuencias en el orden disciplinario, al contrario, el incumplimiento de las Normas Deontológicas debe y puede entenderse, con certeza más que suficiente, como una conducta sancionable cuando el incumplimiento supone apartarse de los deberes profesionales o legales relacionados con la profesión.

 Fuente: www.diariolaley.es

El Supremo avala la colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados, ejercen profesiones colegiadas

l Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana se opuso al recurso interpuesto por el Abogado de la Generalidad Valenciana alegando que si bien la incorporación al Colegio Profesional es obligatoria, y no es necesaria la voluntad del interesado para su colegiación, la facultad de no asociarse, que conlleva el derecho de asociación, no existe en la incorporación a los colegios profesionales.

Aun siendo cierto que queda dentro del ámbito de la voluntad del interesado la decisión sobre el ejercicio de una profesión de colegiación obligatoria e incluso la decisión de continuar en el ejercicio de la misma, queda fuera de su facultad de decisión el ejercicio de la profesión sin la correspondiente colegiación, pues esta es una obligación impuesta legalmente cuyo cumplimiento queda bajo la tutela del correspondiente colegio profesional, que puede y debe exigir su cumplimiento en virtud de las funciones que al efecto le atribuye el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, en la medida en que en el caso, el Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana prevé la apertura de un expediente instando de oficio la colegiación, no para entrar a desempeñar la profesión, que solo puede decidir el interesado, sino para exigir el cumplimiento de la obligación de colegiación a quien ya ha decidido y está en el ejercicio de la profesión, este expediente de colegiación de oficio no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada, sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida.

Lo anterior lleva al Supremo a afirmar que las entidades que dispongan en su Reglamento de Régimen Interior de un expediente de colegiación de oficio, pueden aplicarlo a quienes, sin estar colegiados, pese a ello ejercen la profesión, pero siempre y cuando se garantice en su tramitación el derecho del interesado a decidir sobre la continuación o cese en el ejercicio de la profesión en las condiciones que se le exigen.

l Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana se opuso al recurso interpuesto por el Abogado de la Generalidad Valenciana alegando que si bien la incorporación al Colegio Profesional es obligatoria, y no es necesaria la voluntad del interesado para su colegiación, la facultad de no asociarse, que conlleva el derecho de asociación, no existe en la incorporación a los colegios profesionales.

Aun siendo cierto que queda dentro del ámbito de la voluntad del interesado la decisión sobre el ejercicio de una profesión de colegiación obligatoria e incluso la decisión de continuar en el ejercicio de la misma, queda fuera de su facultad de decisión el ejercicio de la profesión sin la correspondiente colegiación, pues esta es una obligación impuesta legalmente cuyo cumplimiento queda bajo la tutela del correspondiente colegio profesional, que puede y debe exigir su cumplimiento en virtud de las funciones que al efecto le atribuye el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, en la medida en que en el caso, el Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana prevé la apertura de un expediente instando de oficio la colegiación, no para entrar a desempeñar la profesión, que solo puede decidir el interesado, sino para exigir el cumplimiento de la obligación de colegiación a quien ya ha decidido y está en el ejercicio de la profesión, este expediente de colegiación de oficio no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada, sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida.

Lo anterior lleva al Supremo a afirmar que las entidades que dispongan en su Reglamento de Régimen Interior de un expediente de colegiación de oficio, pueden aplicarlo a quienes, sin estar colegiados, pese a ello ejercen la profesión, pero siempre y cuando se garantice en su tramitación el derecho del interesado a decidir sobre la continuación o cese en el ejercicio de la profesión en las condiciones que se le exigen.

l Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana se opuso al recurso interpuesto por el Abogado de la Generalidad Valenciana alegando que si bien la incorporación al Colegio Profesional es obligatoria, y no es necesaria la voluntad del interesado para su colegiación, la facultad de no asociarse, que conlleva el derecho de asociación, no existe en la incorporación a los colegios profesionales.

Aun siendo cierto que queda dentro del ámbito de la voluntad del interesado la decisión sobre el ejercicio de una profesión de colegiación obligatoria e incluso la decisión de continuar en el ejercicio de la misma, queda fuera de su facultad de decisión el ejercicio de la profesión sin la correspondiente colegiación, pues esta es una obligación impuesta legalmente cuyo cumplimiento queda bajo la tutela del correspondiente colegio profesional, que puede y debe exigir su cumplimiento en virtud de las funciones que al efecto le atribuye el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, en la medida en que en el caso, el Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana prevé la apertura de un expediente instando de oficio la colegiación, no para entrar a desempeñar la profesión, que solo puede decidir el interesado, sino para exigir el cumplimiento de la obligación de colegiación a quien ya ha decidido y está en el ejercicio de la profesión, este expediente de colegiación de oficio no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada, sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida.

Lo anterior lleva al Supremo a afirmar que las entidades que dispongan en su Reglamento de Régimen Interior de un expediente de colegiación de oficio, pueden aplicarlo a quienes, sin estar colegiados, pese a ello ejercen la profesión, pero siempre y cuando se garantice en su tramitación el derecho del interesado a decidir sobre la continuación o cese en el ejercicio de la profesión en las condiciones que se le exigen.

Fuente: WWW.diariolaley.laley.es

La Audiencia Nacional anula una multa de 25 millones de euros a Telefónica Móviles por las obligaciones de permanente en sus contratos para pymes

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la multa de 25,78 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a Telefónica Móviles España en octubre de 2014 por determinados compromisos de permanencia incluidos en sus contratos para pequeñas y medianas empresas.
En una sentencia, los magistrados de la Sección Sexta estiman el recurso presentado por la operadora por falta de tipicidad, así como porque las conductas analizadas no han afectado a la libre competencia y, por tanto, no han incurrido en infracciones de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) ni del 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFSU, por los que había sido sancionada.

La CNMC, recuerda la sentencia, consideró que Telefónica Móviles España (TME) “habría establecido determinadas cláusulas en los contratos de prestación de servicios minoristas de comunicaciones móviles a clientes empresariales con efectos restrictivos a la competencia, puesto que por un lado estaría limitando desproporcionadamente la capacidad de una parte sustancial de los clientes empresariales de TME para cambiar de proveedor de servicios minoristas de comunicaciones móviles, por un periodo de tiempo que se prolonga por encima del año”. Y, por otro, estarían incrementando sustancialmente los costes en los que tienen que incurrir los competidores para ganar clientes a costa de TME, otorgando a esta un periodo de reacción muy amplio (de al menos un mes) para intentar retener a los clientes que expresan su voluntad de terminar su relación contractual.

Además, siempre según la resolución impugnada, los competidores de TME dejan de estar en igualdad de condiciones para competir por estos clientes, lo que unido a que algunos operadores desarrollan políticas comerciales similares a las de TME, en conjunto se estaría excluyendo a otros operadores como los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) del segmento empresarial en el mercado minorista de servicios móviles, cuando son precisamente estos operadores alternativos los que más competencia han introducido en el segmento residencial en los últimos años.

Esta red de acuerdos paralelos “Contratos Premium especial PYME” de TME con sus clientes empresariales constituirían una infracción única y continuada del artículo 1 de la LDC y 101 del TFUE, concluía la CNMC.
Consideraba también este organismo que la obligación de permanencia no sólo limita la capacidad de los clientes para cambiar de proveedor de servicios móviles, sino que estaría limitando la eficacia y el efecto “protocompetitivo” de la obligación regulatoria que permite a los clientes de servicios minoristas de comunicaciones móviles darse de baja y cambiar de proveedor en cualquier momento (portabilidad).

En sus alegaciones, la operadora explica el funcionamiento de esos contratos Premium, que permitían a los clientes disfrutar de descuentos sobre los precios generales de la compañía y como contrapartida se establecían compromisos de permanencia con una duración que oscilaba entre 12, 18 y 24 meses. Además, aportó dos informes periciales en los que se afirma que los descuentos a cambio de permanencia no constituían un acuerdo vertical, que no tenían por objeto distorsionar la competencia sino que se trata de una práctica comercial lícita y que no han tenido efectos anticompetitivos.

La Sala, tras examinar la prueba pericial aportada, da la razón a la operadora, al considerar acreditado que los contratos Premium Pyme no constituyen una restricción vertical en un sentido económico, ya que las empresas que firman ese contratos no están situadas en ningún punto del proceso de producción o de distribución, sino que son consumidores del servicio. “Los usuarios empresariales contratan los servicios de comunicaciones móviles para su consumo final y no para revenderlos o transformarlos en otro producto”, puntualiza.

Además, y en cuanto a la cuestión de si esos contratos tienen o no un diseño anticompetitivo, señalan los jueces que, a la vista del informe pericial aportado, los descuentos a cambio de permanencia obedecen a razones económicas competitivas. Entre ellas, señala que la lógica económica de los descuentos reside en rentabilizar de la forma más eficiente su red de clientes existente en el mercado. También entienden que existan cláusulas de penalización en esos contratos, pues de lo contrario todos los clientes contratarían el compromiso de permanencia para beneficiarse del descuento a sabiendas de que su incumplimiento no tendría consecuencias, a la vez que el sistema de penalización, dicen, “se revela como el más proporcional”.

“Los contratos premium de TME con las PYMES y autónomos no distorsionan la competencia y benefician al consumidor al ofrecer precios más bajos, afectar a una parte reducida del mercado y no impiden el cambio de los clientes entre operadores (…) ni crean barreras de entrada para los operadores móviles virtuales (OMVs).”, establece la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

 

fuente: www.derechonews.com