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Indemnización por las graves secuelas incapacitantes padecidas tras el parto, a pesar de no haber infracción de la lex artis

El Juzgado reconoce que, si bien no resulta posible admitir la completa reclamación de responsabilidad, al no haberse verificado la infracción de la lex artis en la realización del parto, la entidad de las secuelas padecidas tras el mismo, conducen a una situación de incapacidad permanente en grado de absoluta, que obliga al Juzgado a reconocer parcialmente la pretensión indemnizatoria.

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 Cuenca, Sentencia 291/2019, 17 Jul. Recurso 464/2018 (LA LEY 131472/2019)

A pesar de no haberse probado la infracción de la lex artis en el parto del que se dice derivan las graves secuelas que presenta la reclamante, es precisamente por la entidad de esas secuelas padecidas, así como por las numerosas asistencias médicas realizadas desde el parto, por lo que se le reconoce una indemnización a cargo del Sescam y de las aseguradoras, de 50.000 euros.

Ninguno de los informes periciales, emitidos por especialistas en la materia, llega a concluir la existencia de infracción de la lex artis en el parto. En ellos sólo se habla de la posibilidad de que en el curso de un parto normal se pueda producir una lesión parcial de nervios periféricos, pero insistiendo en la no acreditación fehaciente de ninguna infracción, como tal, de la lex artis.

Las conclusiones de los informes periciales emitidos son divergentes, pero todos ellos coinciden en la realidad de las secuelas, o de una parte importante de las mismas, a partir del parto, secuelas que se revelan como totalmente desproporcionadas de lo que se espera de la realización de un parte normal.

Es el hecho de aparecer las secuelas a partir del parto lo que conduce al Juzgado a estimar que de alguna manera deben ser compensadas, porque se trata de daños totalmente desproporcionados. Así, además de un trastorno depresivo, se constatan secuelas de incontinencia rectal, incontinencia urinaria de refuerzo, lesión vaginal que imposibilita el coito, y perjuicio estético medio, entre otras. Y se matiza que todos los tratamientos que puedan realizarse tendrán un fin paliativo, si bien las secuelas son irrecuperables.

El Juzgado descarta la prescripción de la acción, porque mientras se estabiliza el proceso asistencial siempre hay una esperanza de que los tratamientos puedan determinar una mejoría, por lo que la reclamante se ve inmersa en una vorágine médica, con visitas a distintos centros médicos. En este sentido, es lógico y razonable entender que espere el resultado de dichas actuaciones asistenciales para entablar la reclamación de responsabilidad patrimonial, una vez que su situación quede perfectamente determinada, lo que no sucede hasta la emisión de un informe por el Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, que es claro y determinante en cuanto al agotamiento de las posibilidades terapéuticas de carácter curativo.

Así, tras constatar la entidad de las secuelas, a la reclamante se le ha reconocido en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta, recordando que ha precisado y precisa de tratamiento psiquiátrico y apoyo psicológico, que necesita de la ayuda de otra persona para desplazarse, y que todos los síntomas aparecen justo tras el parto. Por ello, el Juzgado estima en parte su reclamación de responsabilidad sanitaria y le reconoce una indemnización de 50.000 euros.

Se estima el derecho de los recurrentes a que sea reestructurado su crédito hipotecario, al cumplirse todos los requisitos exigidos por el Código de Buenas Prácticas

La adhesión voluntaria de la entidad de crédito al Código de Buenas Prácticas conlleva su sujeción a este sistema. Con ello surge el derecho para los prestatarios que cumplan los requisitos exigidos por la Ley, a instar de la entidad de crédito la reestructuración previa a la ejecución hipotecaria y, en su caso, las complementarias (quita) o sustitutivas a la ejecución (dación en pago).
El TS declara que el banco incumplió el deber legal de atender esta solicitud, considerando injustificados los dos motivos en que fundó el rechazo.
1. Que con carácter previo deben pagarse todas las cuotas vencidas y pendientes de pago. Dice el TS que, si bien la mera reestructuración no conlleva la condonación de las cuotas vencidas y pendientes de pago hasta ese momento, su previo pago no constituye en la Ley un presupuesto para la concesión de la reestructuración cuyo incumplimiento justifique el rechazo de la solicitud. La forma en que deben pagarse esas cuotas vencidas e impagadas forma parte del plan que el banco debe ofrecer.
2. Que deben alzarse los embargos que se trabaron con posterioridad a la constitución de la hipoteca. La rechaza el TS porque el plan de reestructuración no altera el rango registral de la hipoteca, por lo que para preservar su garantía la entidad de crédito no tiene por qué exigir el levantamiento de los embargos.
Añade el TS que la adhesión de las entidades de crédito al Código comporta además que si el banco desatiende una solicitud de reestructuración de deuda por causas ajenas a las que legalmente podrían justificarlo, puede ser demandado judicialmente por el prestatario para que sea condenado a conceder esta reestructuración.
Ejercitada la acción judicial a tiempo, la posterior ejecución hipotecaria  no impide que el procedimiento judicial continúe adelante, sin perjuicio de que, en caso de estimación de la demanda, ante la imposibilidad de dar cumplimiento in natura a la condena de hacer (otorgar la reestructuración de la deuda reclamada), haya que optar por el cumplimiento por equivalencia (la indemnización de los daños y perjuicios sufridos).

Ya no es necesario que la reducción de jornada se circunscriba al horario diario realizado por el trabajador

Juzgado de lo Social nº 26 Madrid, Sentencia 10 Mayo 2019

Si el legislador de urgencia, por Real Decreto-Ley 6/2019, ha incorporado como derecho subjetivo del trabajador la adaptación de la jornada, en razón de los cuidados de hijos menores de 12 años, sin necesidad incluso de reducción horaria, resultaría absurda la interpretación de que dicho derecho no se extienda a aquellos casos de reducción de jornada, en que el trabajador hace un sacrificio al perder parte de su salario.

 

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Validez de la cláusula de exoneración de responsabilidad del arrendador por daños en la oficina arrendada Audiencia Provincial Zaragoza, Sentencia 11 Septiembre 2018

En las relaciones de arrendamiento de inmuebles para destino distinto a viviendas prima la autonomía de la voluntad. La cláusula no contradice ninguna norma de orden público.

Audiencia Provincial Zaragoza, Sentencia 631/2018, 11 Sep. Recurso 783/2018 

La aseguradora de la arrendataria de una oficina reclama a la aseguradora de la parte arrendadora, propietaria del edificio, el abono de una indemnización por los daños sufridos en el inmueble arrendado a consecuencia de unas filtraciones procedentes del piso superior.

La demanda fue estimada en primera instancia. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a la compañía demandada del pago reclamado tras declarar válida la cláusula de exoneración de responsabilidad del arrendador contenida en el contrato de arrendamiento.

En las relaciones de arrendamiento de inmuebles para destino distinto a viviendas prima la autonomía de la voluntad. Por este motivo las partes contratantes pueden pactar que, respecto de los daños que procedan del edificio y que, en principio, serían responsabilidad de su propietaria, esta quede excluida de responsabilidad frente a la arrendataria.

Tal y como señala la sentencia, esta cláusula de exoneración de responsabilidad no contradice ninguna norma de orden público.

Y aplicando la Sala las reglas interpretativas de la voluntad contractual, considera que la contenida en dicha cláusula es la exoneración absoluta del arrendador.

Así, recoge en primer lugar una exoneración expresa de cualquier tipo de responsabilidad al arrendador, incluyendo la obligación de la arrendataria de contratar una póliza multirriesgo de daños, para concretar a continuación una exención específica de responsabilidad por daños en la oficina alquilada causados por negligencia del resto de los ocupantes del inmueble.

En este último caso, se añade, el siniestro deberá ser comunicado por la arrendataria a su aseguradora. Esta obligación expresa de comunicación es para que la inquilina conozca que no podrá repetir contra el arrendador.

Destaca finalmente la sentencia que no existe impedimento dogmático para que la aseguradora del arrendatario renuncie expresa o tácitamente al derecho de subrogación que recoge el art. 43 Ley 50/1980, de contrato de seguro , pues tal derecho no puede considerarse como indisponible, en el contexto del art. 2 LCS. Más aún cuando esa repetición por parte de la aseguradora pudiera poner al asegurado en la tesitura de tener que responder personalmente al arrendador por mor de la cláusula del pacto locativo. Situación que entraría en conflicto con el contenido del párrafo segundo del art. 43 LCS (“El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurador los derechos en que se haya subrogado”).

Accidente de circulación provocado por la presencia en la calzada de un árbol que interceptó la marcha del vehículo

Audiencia Provincial Álava, Sentencia 144/2019, 15 Feb. Recurso 1544/2018 

El demandante ejercita acción resarcitoria de daños y perjuicios sufridos a consecuencia de un accidente de circulación debido a la presencia de un árbol en la calzada que interceptó la marcha de su vehículo.

La Audiencia Provincial de Álava confirma la sentencia dictada en primera instancia que declaró la responsabilidad objetiva que deriva del art. 1908.3º CC del propietario de la finca donde se ubicaba el árbol causante de los daños reclamados.

La Sala desestima la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado por ser él el titular dominical de la finca. Esta titularidad conforma el título de la responsabilidad declarada, no siendo oponible la existencia de un contrato de compraventa a terceros del derecho de la explotación forestal, el cual solo surte efectos entre las partes contratantes.

En todo caso, la responsabilidad de los titulares del aprovechamiento forestal lo será por daños causados como consecuencia de actos relacionados con tal aprovechamiento (art. 1902 CC pero dicha responsabilidad no limita ni es incompatible con la que se imputa al propietario de la finca respecto de los árboles que permanecen en la misma.

En conclusión, es la situación objetiva derivada de la ubicación del árbol, cuya caída causó los daños, la que legitima al dueño de la finca donde se ubica como responsable objetivo frente al perjudicado.

Por otro lado, no aparece debidamente acreditada la existencia de un supuesto de fuerza mayor. No consta que en el momento de la caída del árbol las rachas máximas de viento de 107 Km/h se produjeran en el lugar de autos, y en cualquier caso, la previsión meteorológica, acreditada con la documental, excluye que pueda apreciarse un supuesto de fuerza mayor al faltar los requisitos de imprevisibilidad e inevitabilidad a los que se refiere el art. 1105 CC. 

La realización de obras en elementos comunes que no implique la modificación del título constitutivo o los estatutos no requiere unanimidad

Validez del acuerdo que autorizó la instalación de claraboyas en el patio interior del inmueble, que es cubierta de los locales de la planta baja, adoptado por la doble mayoría de tres quintos.

 

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e anula una multa de 1000 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir, por realizar el análisis de saliva en un laboratorio privado

La externalización en un laboratorio privado del análisis de saliva impide comprobar la existencia del debido respeto a la cadena de custodia, lo que, unido a la falta de otras garantías procesales, conduce al JCA a anular las sanciones impuestas por conducción con presencia de drogas en el organismo.

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El gasto en prestaciones de paternidad se dispara un 28,3% hasta marzo tras la ampliación del permiso

  • La Seguridad Social destinó casi 489 millones de euros en el primer trimestre al pago de prestaciones económicas por maternidad (357,7 millones de euros) y paternidad (130,7 millones), según datos difundidos este lunes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

 

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El Tribunal Supremo califica como agresión sexual y no abuso el delito de un hombre que forzó a una mujer en el baño de un bar

El Tribunal Supremo (STS Sala Segunda, de lo Penal, de 24 Abril 2019, Rec. 972/2018

ha considerado culpable de un delito de agresión sexual con penetración (violación) a un hombre que forzó a una mujer en el aseo de un bar de Alsasua (Navarra) en febrero de 2016, al considerar que concurrieron todos los elementos de la violencia e intimidación que requiere dicho tipo penal. La Sala de lo Penal estima el recurso de la acusación particular en nombre de la víctima contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que calificó los hechos como delito de abuso sexual. En primera instancia, la Audiencia Provincial de Navarra sí consideró que fue un delito de agresión sexual, y no un abuso, estableciendo una condena de 6 años de cárcel, pena que ahora repone el Supremo.

Los hechos probados de la sentencia explican que sobre las siete horas del día 6 de febrero, el acusado estaba en un bar en la Plaza de los Fueros de Alsasua, en cuyo interior se encontraban en esa hora numerosas personas dado que a lo largo del día anterior y de esa misma noche se celebraba la fiesta de los quintos de la localidad, habiendo participado él en esa celebración desde el mediodía del día anterior al de los hechos, consumiendo con ocasión de esa celebración numerosas bebidas alcohólicas.

En dicho bar, y en aquel momento, se encontraba, también N., de 27 años de edad, la cual había estado celebrando, igualmente, la citada fiesta, habiendo consumido numerosas bebidas alcohólicas desde el mediodía del día anterior al de los hechos y hasta ese momento, encontrándose, debido a ese consumo, en estado de embriaguez.

Sigue el relato fáctico de la resolución: “En un momento determinado, se dirigió N. a los servicios del citado bar, accediendo al de caballeros, dado que estaba ocupado el de señoras. Al mismo tiempo, se dirigió a los citados servicios el procesado accediendo al de caballeros tras hacerlo N., en cuya compañía no había estado anteriormente; cerrando la puerta, accionando el pestillo y quedando así ambos en el interior del baño, de muy reducidas dimensiones”.

“N. -prosiguen los hechos- le preguntó qué estaba haciendo, diciéndole el acusado “qué buena estás”, al tiempo que le tocaba un pecho, la cintura y las nalgas por encima de la ropa, a pesar de que aquélla le decía que no lo hiciera. El procesado, desoyendo las negativas de N., se juntó a ella, la desplazó y apoyó contra la pared, y, estando ambos de pie, pegados uno a otro, le subió la falda, le bajó las medias y el tanga y la penetró vaginalmente”.

“Seguidamente, Jonathan, asiéndola del brazo izquierdo, le dio la vuelta para invertir su posición, en una maniobra que, por efecto del impulso, de las reducidas dimensiones del recinto y del estado de embriaguez de N., le hizo perder el equilibrio, golpeándose la frente contra la pared. Situada ésta en la posición deseada, Jonathan la atrajo hacia él, prendida de la cintura, y tras sentarse en el inodoro y colocarla sobre él, la penetró de nuevo vaginalmente, pidiéndole, por último, que le hiciera una felación, a lo que N. se negó; momento en el que, aprovechando que él se encontraba sentado, aquélla se colocó la ropa, abrió el pestillo y abandonó el baño”, añaden los hechos.

Todos los elementos de la violencia e intimidación

Para el alto tribunal, “concurren todos los elementos de la violencia e intimidación que requiere el delito de agresión sexual y que se fundamentan en el reducido espacio en el que se producen los hechos, el cierre con pestillo de tal habitáculo, el acometimiento sexual con tocamientos ante la negativa de la mujer, la utilización de la fuerza agarrándola (asiéndola) por los brazos, el empleo de la vía de hecho para quitarle sus prendas íntimas, el volteo de la víctima por la fuerza, la causación de lesiones al utilizar “sujeción, presión o contusión”, siendo condenado por ello, y la tracción “asiéndola del brazo izquierdo”, “le dio la vuelta para invertir su posición”, hasta situarla “en la posición deseada”, penetrándola de nuevo vaginalmente. La descripción de fuerza en su actuar, está fuera de toda duda”, concluye.

Según el Supremo, no puede mantenerse, como hace la sentencia del TSJ navarro, que no exista fuerza e intimidación en este episodio. “Tampoco puede sostenerse que simplemente no existió consentimiento o que éste se encontraba viciado, sino todo lo contrario: la víctima se ha visto forzada y atacada sexualmente, frente a su clara e inequívoca negativa”.

En suma, indica el alto tribunal, el acusado “se abalanza contra la víctima en el servicio y en contra de su voluntad la somete a esos tocamientos y penetraciones mediante la sujeción de la misma en sus brazos y cintura y le produce lesiones”. Así, se confirma para el acusado también la pena de multa por un delito de lesiones, así como la condena a indemnizar a la víctima en 25.000 euros por el perjuicio causado.

El Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, recuerda que el delito de agresión sexual requiere violencia o intimidación, pero en modo alguno que se ocasionen lesiones, pero en este caso además se han causado y se han sancionado penalmente como delito. Asimismo, subraya que la víctima sufre un tratamiento psicológico con sintomatología de ansiedad y estrés postraumático, que es, como dice el factum, “consecuencia” de los hechos.

La sentencia refleja que “con tal cúmulo de factores fácticos acreditativos de fuerza e intimidación, el hecho ha de ser calificado como de violación e intimidación, y penado conforme a los parámetros legales del artículo 179 del Código Penal”.

El Supremo recuerda en la sentencia que “en el delito de abuso sexual el consentimiento se obtiene de forma viciada o se aprovecha el estado de incapacidad para obtenerlo, (mientras que) en la agresión sexual la voluntad del autor se impone por la fuerza, bien ésta sea violenta bien lo sea de carácter intimidatorio”.

Por otro lado, la sentencia rechaza el recurso del acusado, al entender que la prueba contra él “se encuentra perfectamente razonada (…) La prueba de cargo sustancialmente tomada en consideración es la valoración de la declaración inculpatoria de la víctima, cuyo testimonio cumple los requisitos jurisprudenciales de credibilidad, verosimilitud y persistencia incriminatoria, viniendo además sustentada por corroboraciones objetivas derivadas del informe de sanidad y otras testificales”.

La comunidad no responde de la muerte de un vecino en estado de embriaguez que se cayó por la escalera y atravesó un cristal de la fachada del edificio

Culpa exclusiva de la víctima. Si bien cierre de vidrio por donde se precipitó la víctima no era de seguridad, ni se ajustaba a la normativa en vigor, ésta no tiene carácter retroactivo.

Audiencia Provincial Vizcaya, Sentencia 22/2019, 24 Ene. Recurso 252/2018 

La Audiencia Provincial de Vizcaya desestima la acción de responsabilidad civil por culpa extracontractual ejercitada frente a la comunidad de propietarios en cuyo edificio falleció un vecino al caer al vacío tras atravesar un cristal de la fachada que él mismo rompió. Entiende el Tribunal que el suceso se debió única y exclusivamente a la actuación de la víctima.

El fallecido se dirigía a su domicilio subiendo por escaleras del edificio cuando cayó por las mismas y se precipitó al vacío desde el descansillo, tras romper el cristal del mismo.

Es cierto que se ignoran las circunstancias en que se produjo la caída, pero ha quedado acreditado que el difunto se encontraba en ese momento en estado de embriaguez.

Además, aunque el cierre de vidrio existente en el descansillo por donde se precipitó no era vidrio de seguridad y no se ajustaba a la normativa vigente, esta no era aplicable en la época en que se construyó el edificio y no tiene efecto retroactivo.

A la vista de todo ello la sentencia concluye que no es posible atribuir a la comunidad responsabilidad alguna por este luctuoso suceso, por cuanto el único responsable de la caída, resbalón o tropezón por las escaleras y posterior choque y rotura del cristal fue el propio fallecido, el cual, al tener más que probablemente afectadas sus facultades cognitivas por el alcohol ingerido con anterioridad, no controló suficientemente sus movimientos. Fue su conducta la causa directa de la caída pues de no haberse golpeado contra el cristal del descansillo no se hubiera producido el desgraciado accidente.

A mayor abundamiento, era perfecto conocedor del lugar en que sucedieron los hechos por vivir en el edificio desde hacía muchos años, no habiéndose producido nunca un incidente similar.