Categoría: ADMINISTRATIVO

Las cámaras de seguridad pueden utilizarse en procedimientos disciplinarios aunque no se haya informado específicamente a los funcionarios de esta posibilidad

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SENTENCIA 26 ABRIL 2021

Resulta suficiente con que conozcan que existen cámaras instaladas con carácter general en el edificio para realizar labores de seguridad y vigilancia, incluyendo también el cumplimiento de las condiciones de trabajo.

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 557/2021, 26 Abr. Rec. 4645/2019

La Administración no procedió a instalar nuevas y específicas cámaras de videovigilancia para realizar grabaciones concretas de la funcionaria incumplidora, sino que se sirvió de las cámaras que ya tenía instaladas para realizar esas tareas de seguridad y de vigilancia en el control general del cumplimiento de las condiciones de trabajo, y detectó conductas tendentes a eludir los controles sobre el cumplimiento horario de los funcionarios, intentando sortear dicho control en lo relativo al fichaje a la entrada o salida, y también sustituyendo en esa función a otro funcionario.

No se vulnera el derecho de información de un funcionario cuando éste ya conocía la instalación de cámaras de videovigilancia, y aunque no haya sido advertido de que las imágenes se podían utilizar en un procedimiento disciplinario.

La captación de imágenes no se realizó mediante la instalación de cámaras nuevas específicamente instaladas para la funcionaria sancionada, sino que la comisión de la infracción se acredita, entre otros medios, con las cámaras existentes, cuya presencia ya era conocida como revela la realización de maniobras que pretenden esquivar el control de las condiciones de trabajo como el horario de cumplimiento diario.

El Supremo determina el alcance del deber de la instalación de cámaras y señala que no alcanza a exigir una concreta y específica previsión sobre el posterior uso a los funcionarios públicos afectado, es decir, sobre la finalidad específica de su utilización, en el caso de eventuales procedimientos disciplinarios.

El derecho de información no alcanza a especificar la finalidad que se persigue con la captación de imagen que realizan las cámaras de videovigilancia instaladas.

Y en cuanto al consentimiento, el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, porque el consentimiento se entiende implícito con la aceptación del contrato de trabajo, que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario.

Además, subraya la sentencia que el especial ámbito de trabajo que desarrollan las Administraciones Públicas, unido interés general en evitar conductas como la sancionada, hace que la instalación quede aun más justificada en aras a no mancillar la imagen de la Administración como organización servicial de la comunidad.

No cabe la autorización de entrada en domicilio con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos. Su motivación no puede basarse en datos o informaciones generales procedentes de estadísticas, cálculos, medidas de sectores de actividad, sin especificación o segmentación detallada que avale la certeza de tales fuentes y en la comparación de la supuesta situación del contribuyente con otros indeterminados o con grupos de ellos.

 TS 1-10- 20, 
El Tribunal Supremo ha concretado la doctrina en la materia, en los siguientes términos:
a)  La autorización de entrada debe estar vinculada con un procedimiento inspector abierto y cuyo inicio haya sido notificado (LGT art.113 y 142). La inexistencia de un acto administrativo previo impide al juez adoptar ninguna medida por falta de competencia (LJCA art.8.6LOPJ art.91.2).
b)  Tanto la solicitud de la Administración como el auto judicial han de recoger motivación suficiente que acredite la aplicación excepcional de la medida, sin que quepa presumir en la mera comprobación administrativa un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio.
c)  No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, esto es, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener.
d)  Los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes, no sirven, con carácter general, de base para autorizar la entrada en el domicilio.
Cuando este análisis se utilice, excepcionalmente, como base para fundamentar el registro, debe atender a todas las circunstancias concurrentes  y, en particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos se derive la necesaria entrada, lo que exige valorar la existencia de otros factores circunstanciales, como la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración.

Un juez anula las medidas de la Comunidad de Madrid contra el tabaco y regula el horario de los bares

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Madrid ha anulado la orden del Gobierno regional por la que se prohibía fumar en espacios públicos sin la distancia de seguridad, el comer en los transportes públicos o el regular el horario de los bares, entre otras muchas medidas contra el coronavirus. El juez entiende que ante la falta de una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Comunidad de Madrid no tiene “plena facultad” para tomar estas iniciativas que deberían ser refrendadas por un estado de alarma puesto que “limitan los derechos fundamentales”.

Poco han durado las nuevas medidas tomadas por el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso contra el coronavirus y los nuevos rebrotes surgidos en la Comunidad de Madrid. Tras seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, como el resto de autonomías, las instituciones tomaron la decisión de prohibir fumar en espacios al aire libre, siempre que no se cumpliera con las debidas distancias de seguridad, así como cerrar el ocio nocturno y regular el horario de los bares hasta máximo la 1:00 de la mañana.

Madrid también prohíbe las mascarillas FFP2 y FFP3 con válvula

Pues bien, tras reclamar Madrid instrumentos jurídicos para la puesta en marcha de estas medidas el juez ha estimado que “estos ya existen y solo hay que ponerlos en marcha”. Se refiere el magistrado al estado de alarma, que vendría a dar total capacidad a las autonomías para la toma de estas decisiones como ya hiciese en marzo tras la declaración de la pandemia.

“Los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello”

“Los derechos fundamentales no son ilimitados, pueden modularse cumpliendo los requisitos legales para ello y, aunque puedan justificarse determinadas decisiones desde el prisma de criterios no jurídicos, supuestos como el que se somete a nuestra consideración en el análisis de la orden, no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales, y, en el caso hipotético de que lo fueran, no podrían ser limitados por medio de una disposición administrativa como es la de la Consejería de Sanidad”, apunta la resolución.

Además, ha detallado que la instrucción del Ministerio de Sanidad que recoge ese marco común para que las comunidades limiten aspectos como el consumo de tabaco o la actividad de ocio nocturno, y a la que se refiere la orden regional, no aparece como referencia en el BOE.

Sí se podrían tomar otras medidas como la limitación a la circulación en el territorio

De esta manera, el juez entiende que se podría limitar en el territorio “la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”. Así mismo, el Gobierno puede delegar en la autoridad de la presidenta de la Comunidad de Madrid la ejecución de las medidas restrictivas de derechos o esta solicitar el Ejecutivo la declaración del estado de alarma.

Así pues, esta orden dictada por el magistrado, podría sentar precedente en el resto del país y revoca todas las medidas que se habían tomado en los últimos días en la capital contra el avance de la covid-19.

El consejero de Sanidad reprocha “incongruencia”

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado posteriormente que ve “cierta incongruencia” en la no ratificación por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid de las nuevas medidas de prevención contra el covid-19, y ha anunciado que ha pedido una “aclaración” sobre el alcance de la decisión.

Tal y como ha indicado en una entrevista en Telemadrid,  la Comunidad de Madrid ha pedido una aclaración sobre si quedan sin efecto todas las medidas que estaban en la nueva orden, como la prohibición de fumar en las terrazas si no se puede mantener la distancia de seguridad y el cierre del ocio nocturno.

El juez desestima aclaraciones

El magistrado Alfonso Villagómez Cebrián ha declinado ahondar más en los efectos de la anulación de dicha orden al especificar que no le corresponde “cogobernar” el Consejo de Gobierno y que es la administración regional la que debe adoptar las decisiones pertinentes respecto a la falta de ratificación de sus nuevas instrucciones para la nueva normalidad.

En una resolución fechada este mismo viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha reiterado que la respuesta judicial ha sido rechazar la ratificación de dicha disposición sobre medidas adicionales ante el coronavirus “mediante una valoración jurídica del marco legal de la protección de la salud publica y el interés individual” –que colectiviza la Orden– conectado “con la privación o limitación de libertades y derechos”.

También ha agregado que tampoco le concierne, “desde este exclusivo papel jurisdiccional, determinar las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de la falta de ratificación de la Orden 1008/2020 por medio de una resolución de una claridad expositiva y resolutoria fuera de toda duda”.

Ante esta contestación, la Comunidad de Madrid trabaja para interponer en breve un auto de apelación a la decisión del juez, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

El Ayuntamiento de Barcelona condenado a indemnizar a una familia por los ruidos excesivos de una residencia de ancianos

TSJ CATALUÑA, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SENTENCIA 16 ENERO 2020

Aunque no mantuvo una conducta pasiva ante la denuncia inicial, las medidas correctoras adoptadas fueron claramente insuficientes, lo que abocó a los vecinos a soportar por un largo periodo de tiempo un exceso de ruido derivado de la actividad desarrollada en la residencia.

 

LEER MÁS “El Ayuntamiento de Barcelona condenado a indemnizar a una familia por los ruidos excesivos de una residencia de ancianos”

Intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones de obra: incorrecto ejercicio por la Administración del derecho de retención

AUDIENCIA NACIONAL, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SENTENCIA 2 ENERO 2020

 

No puede escudarse la Administración en un pretendido derecho de retención y compensación automática por deudas generadas en otro contrato para excluir el devengo de intereses por pago tardío de certificaciones de obra. La compensación no puede efectuarse de forma general y en todo caso, al margen de cauces procedimentales respetuosos con los derechos de los contratantes.

 

LEER MÁS “Intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones de obra: incorrecto ejercicio por la Administración del derecho de retención”

El otorgamiento del trámite de alegaciones debe operar como un derecho en beneficio del contribuyente

Destierra el Supremo la idea de que la Administración tributaria pueda otorgar sin justificación, un plazo mayor o menor, atendiendo, por ejemplo, al estado de tramitación del procedimiento, según las necesidades para culminarlo en plazo.

 

LEER MÁS “El otorgamiento del trámite de alegaciones debe operar como un derecho en beneficio del contribuyente”

Derecho a obtener las autorizaciones para VTC solicitadas por no existir regulación en cuanto a su limitación

A la fecha de la solicitud no había entrado en vigor el RD 1057/2015, y no resultaba de aplicación el anterior, que contemplaba una limitación cuantitativa, por haber sido derogado por la Ley 25/2009.

TSJ Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 21/2019, 11 Feb. Rec. 161/2017

La Sala concede 10 licencias de VTC porque al tiempo de la solicitud aun no existía el desarrollo reglamentario que en la actualidad impone limitaciones cuantitativas al otorgamiento de nuevas autorizaciones para el ejercicio de esta actividad de transporte.

Sigue la sentencia la doctrina del Supremo que en su sentencia de 25 de enero de 2016 dispuso que las normas reglamentarias invocadas por la Administración están derogadas hasta que vuelvan a aprobarse y publicarse nuevas.

Tal y como defiende la entidad solicitante en el caso resulta indebida la aplicación de la limitación del artículo 14.1 de la Orden FOM 36/2008 y el régimen posterior a la Ley 9/2013 que posibilita las restricciones en el otorgamiento de autorizaciones solicitadas con posterioridad a su entrada en vigor, ya que no cabe aplicar una norma no existente a fecha de la solicitud de las autorizaciones de transporte.

La denegación de las autorizaciones se fundamentó en la aplicación entre otros, del artículo 181 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre; del artículo 11 de la Orden del Ministerio de Fomento FOM/36/2008 que lo desarrolla, preceptos que están derogados al tiempo de la solicitud de las autorizaciones de transporte.

Concluye el TSJ que siendo la fecha de solicitud de 17 de noviembre de 2015, y no existiendo para entonces desarrollo reglamentario, porque el RD1057/2015, publicado en el BOE de 20 de noviembre de 2015, entró en vigor al día siguiente de su publicación, la norma no resulta de aplicación y deben concederse las autorizaciones de transporte para vehículos de arrendamiento con conductor (VTC-N).

Un Ayuntamiento indemniza a un ciudadano con más de 74.000 euros por una cogida en un encierro tradicional

A pesar de que los usuarios no impidieron el acceso a las viviendas, se encontraban ausentes en las fechas fijadas para las visitas y tampoco contactaron con la entidad tras los requerimientos, por lo que su renuencia dilatada en el tiempo implica una peligrosidad objetiva y se equipara a una deficiente conservación de las instalaciones.

LEER MÁS “Un Ayuntamiento indemniza a un ciudadano con más de 74.000 euros por una cogida en un encierro tradicional”

e anula una multa de 1000 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir, por realizar el análisis de saliva en un laboratorio privado

La externalización en un laboratorio privado del análisis de saliva impide comprobar la existencia del debido respeto a la cadena de custodia, lo que, unido a la falta de otras garantías procesales, conduce al JCA a anular las sanciones impuestas por conducción con presencia de drogas en el organismo.

LEER MÁS “e anula una multa de 1000 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir, por realizar el análisis de saliva en un laboratorio privado”