El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo contra la resolución que resolvía una discrepancia entre progenitores a la hora de escolarizar la hija menor. Entiende el tribunal que el colegio público aconfesional ofrece un entorno neutral que facilita que el menor pueda formar sus propias convicciones de manera libre y objetiva

El procedimiento se inicia en un Expediente de jurisdicción voluntaria al existir una discrepancia entre ambos progenitores que se encuentran divorciados, acerca de la toma de la decisión de donde escolarizar a la menor de edad que cuenta con cuatro años de edad.

Se presenta Expediente de Jurisdicción voluntaria en aras del artículo 156 del Código Civil, para que se resuelva la cuestión acerca de la escolarización de la menor en un colegio concertado y religioso como defiende el padre o uno público y laico como defiende la madre.

 

El juzgado en el Auto resuelve atribuyendo  la facultad de decidir al padre.

En dicha resolución se ha ponderado las ventajas educativas  que ofrece el centro religioso concertado frente al colegio público aconfesional (cubre todos los ciclos formativos, segundo idioma extranjero, bilingüismo parcial, natación, instalaciones deportivas, extraescolares, moderado coste, etc.) y las ventajas de tipo familiar  (cercanía del domicilio paterno y apoyo de familia extensa), con la posibilidad que, por otro lado, ofrece el centro, permitiendo inscribir a los alumnos en una asignatura alternativa a la religión católica, atribuyendo a la madre la facultad de decidir inscribir a la hija en la misma.

La madre recurre en amparo  al Tribunal Constitucional.

Considera que se trata de un colegio profundamente confesional que impregna todo su devenir (proyecto educativo, pedagogía, metodología, etc.), más allá de la asignatura de religión que imparte y que se le ha permitido eximir; vulnerado el interés superior del menor en relación a su derecho constitucional de libertad religiosa.

El Tribunal Constitucional  aprecia la pugna entre  los dos derechos, el de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos y el de la menor a la libertad ideológica y religiosa.

Cuando los padres  tienen creencias diferentes  que enfrentan opciones educativas incompatibles, se debe proteger el derecho de la menor a autodeterminarse en materia de creencias religiosas. 

Lo más adecuado para el interés superior de la menor es que la educación se imparta en el entorno neutral.

En el presente caso, el Tribunal Constitucional entiende que la propuesta de la madre de enviar a la hija a un colegio  no confesional parece más acorde con el interés superior de la menor, pues siempre queda a salvo, fuera del entorno escolar, la potestad de cada progenitor de compartir convicciones morales y religiosas con su descendiente.

Considera que la jurisdicción voluntaria ha resuelto el conflicto sustituyendo la ponderación  entre los derechos fundamentales  por una comparación entre las prestaciones ofrecidas por cada centro educativo. Por razón de la corta edad de la menor no puede ser inquirida sobre sus creencias, debiendo procurar que se formen o adquieran sin predeterminaciones escolares.

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