La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha advertido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que la reciente aprobación de la subida de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales perjudica el «acceso» a la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos con rentas más bajas.
Según explica la asociación en una carta que ha enviado a la titular de Justicia, la subida del salario mínimo supone un incremento del 22 por ciento respecto al anterior, que era de 735,9 euros al mes. El incremento es aplaudido, ya que supone «la mayor subida en 41 años, colocando a España en la senda de la equiparación salarial con otras países de la Unión Europea».
No obstante, la misiva muestra su «preocupación» al constatar que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, tan solo se contempla el aumento de un dos por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice utilizado para determinar quién tiene derecho a acceder al turno de oficio.
Si estos presupuestos son aprobados, el IPREM quedaría fijado en 548,60 euros mensuales y en 7.680,35 euros anuales (en 14 pagas), según indica la asociación.
«Así las cosas, resulta la desproporcionada situación de que los peticionarios que reciben el SMI y a título individual solicitan el beneficio de asistencia jurídica gratuita pueden acceder al derecho, toda vez que no superan los límites máximos para su concesión, mientras que las familias en las que ambos progenitores cobran el SMI no pueden ahora tener acceso a la asistencia jurídica gratuita, aun a pesar de cobrar el mismo salario y tener más cargas», subraya la carta.
En este sentido, Altodo recuerda que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece que para acceder a ella no se puede superar dos, dos y medio o tres veces el IPREM.
También que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 47 fija que se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes; al igual que el artículo 119 de la Constitución española garantiza el acceso a la Justicia a quienes acrediten «insuficiencia de recursos para litigar».
Por todo ello, la asociación ruega a la ministra que «adopte urgentemente las medidas necesarias para evitar la causación de esta indefensión a los ciudadanos de rentas más bajas», al tiempo que solicitan una reunión para explicarle sus propuestas y necesidades.