¿ Necesitas un abogado para presentar un recurso de nacionalidad Española por haber transcurrido más de un año desde que presentaste la solicitud?

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Si te encuentras en ese supuesto, en el que presentaste la solicitud de concesión de la nacionalidad hace más de un año, pero aún no te han respondido, puedes interponer un recurso contencioso por silencio desestimatorio.

Para poder interponer el recurso se necesita de Abogado y Procurador y se interpondría el Recurso ante la Audiencia Nacional. Nuestro despacho se encuentra en la localidad de Melilla, pero podemos dirigir procedimientos de cualquier lugar del territorio español , pues el Recurso se puede interponer por medios telemáticos y en pocas ocasiones habría que desplazarse hasta la sede de la Sala.

Es importante que conozcas que el hecho de que no hayan respondido en un año ¡ NO QUIERE DECIR QUE TE HAYAN DENEGADO LA CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD! , sino que se trata de una ficción jurídica

Para cualquier cuestión, puedes consultarnos y estaremos encantado de atenderle.

 

Es válida la dimisión comunicada por un trabajador en el grupo de Whatsapp de compañeros, aunque después borre el mensaje y cause baja por IT al día siguiente, si con la conducta posterior no se desvirtúa la intención de dimitir ni comunica un arrepentimiento o la intención de continuar en su puesto hasta después de que la empresa formalice la baja.

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             ¿ Cuál es el supuesto de hecho del caso?

La trabajadora prestaba servicios como jefa de cocina en una empresa desde junio de 2023, con un contrato indefinido.

El 5 de diciembre de 2023, tras un desacuerdo con su jefa sobre un tema laboral, envió un mensaje por WhatsApp a sus compañeros diciendo que dejaría el trabajo después de 15 días de preaviso, aunque luego eliminó ese mensaje.

Esa misma noche, Susana entregó las llaves de la empresa, se fue y pidió a un compañero que recogiera sus cosas personales.

Poco después, la empresa tramitó su baja en la Seguridad Social con efecto desde el 5 de diciembre.

Al día siguiente, Susana solicitó una baja médica por enfermedad común. Sin embargo, el 11 de diciembre, la empresa le envió un correo titulando “Finiquito”, junto con una supuesta carta de renuncia y su liquidación.

Ella respondió negando que hubiera renunciado y aclarando que estaba de baja médica.

La situación acabó en los tribunales, donde la trabajadora  reclamó que no había dimitido de forma válida y quería que se reconociera la relación laboral.

Tanto el Juzgado y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia concluyeron que los actos de Susana demostraban claramente que había dimitido de forma voluntaria.

Aunque borró el mensaje de WhatsApp, el tribunal consideró que:

  • Había comunicado su intención de dejar el trabajo.
  • Entregó las llaves y abandonó el local.
  • No se puso en contacto con la empresa ni intentó rectificar lo sucedido.

Por tanto, los jueces determinaron que su comportamiento reflejaba una decisión firme y clara de poner fin a la relación laboral.

¿Qué se entiende por dimisión del trabajador?

En el ámbito laboral español, la dimisión se refiere a la decisión unilateral del trabajador de poner fin a la relación laboral con la empresa, de forma voluntaria y sin necesidad de alegar una causa específica. Es uno de los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 49.1.d), que regula las causas de extinción del contrato de trabajo.

  1. Voluntariedad:
    • La dimisión debe ser una decisión libre del trabajador, sin coacciones ni presiones externas.
  2. Comunicación previa:
    • El trabajador está obligado a preavisar a la empresa con el tiempo que establezca el convenio colectivo aplicable. Si no se especifica un plazo en el convenio, lo habitual es un preaviso de 15 días.
    • El preaviso debe realizarse de forma clara y, preferiblemente, por escrito para evitar conflictos legales.
  3. Incumplimiento del preaviso:
    • Si el trabajador no cumple con el periodo de preaviso, la empresa podría descontar del finiquito los días de preaviso no respetados, según lo estipulado en el convenio colectivo o en el contrato.
  4. Finiquito:
    • Al finalizar la relación laboral, el trabajador tiene derecho a recibir un finiquito. Este incluye los salarios pendientes, vacaciones no disfrutadas y otras cantidades adeudadas. Sin embargo, en caso de dimisión, no se tiene derecho a indemnización, salvo excepciones específicas pactadas en el contrato.
  5. Excepciones especiales:
    • Si la dimisión se debe a incumplimientos graves por parte de la empresa (como impagos de salario, acoso laboral, etc.), podría considerarse una extinción del contrato por voluntad del trabajador (art. 50 del Estatuto de los Trabajadores), lo que conllevaría el derecho a una indemnización similar a la de un despido improcedente.
  6. Acceso a prestaciones por desempleo:
    • En caso de dimisión voluntaria, el trabajador no tiene derecho a cobrar el paro, ya que esta decisión no se considera una situación legal de desempleo. Solo podría acceder a estas prestaciones si consigue otro empleo y, posteriormente, se produce un despido o una finalización de contrato involuntaria.

Si necesitas asesoramiento de un abogado laboralista no dudes en ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantado de atenderle.

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha concluido, por unanimidad, que no es posible incrementar en vía judicial la indemnización legal por despido improcedente, reconociendo una indemnización adicional en atención a las circunstancias particulares del caso.

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El Tribunal Supremo ha decidido, con el voto de todos los jueces a favor, en la resolución de la Sala Cuarta de fecha de 19 de diciembre de 2024, que la indemnización por despido improcedente, tal como está regulada en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 56), no puede ser aumentada en un juicio por motivos particulares del caso.

Según el Convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), solo se exige que la indemnización sea «adecuada», y el Supremo considera que esto no significa que deba ser más alta que lo que marca la ley.

Este caso surgió cuando una empresa despidió a un trabajador alegando razones económicas, ya que necesitaban eliminar puestos de trabajo por la crisis causada por el coronavirus.

En primera instancia, el juez declaró que el despido era válido, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña cambió esa decisión y consideró que el despido era improcedente. Como resultado, obligó a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador o pagarle una indemnización de 4.435,08 euros, de los cuales ya se habían abonado 941,78 euros como parte de la indemnización legal.

El TSJ de Cataluña explicó que, en casos donde la indemnización legal sea muy baja y no sirva para disuadir a las empresas o compensar adecuadamente al trabajador, se puede añadir una cantidad extra. Sin embargo, la empresa recurrió esta decisión, y el Tribunal Supremo le dio la razón.

El Supremo redujo la indemnización al importe legal de 941,78 euros, manteniendo que el despido seguía siendo improcedente, pero sin aceptar ninguna indemnización adicional.

El Supremo basó su decisión en varios puntos clave:

  1. No aplica la Carta Social Europea de 1996: Por la fecha en que ocurrió el despido, este tratado no tiene relevancia en el caso.
  2. Lo que dice el Convenio de la OIT: Este convenio usa términos generales como «indemnización adecuada» o «reparación apropiada», pero no detalla cómo calcularlas. Por eso, cada país puede establecer sus propias reglas, y en España, el Estatuto de los Trabajadores ya define una indemnización que el Tribunal Constitucional considera adecuada.
  3. Cálculo claro y objetivo: La indemnización que marca el Estatuto de los Trabajadores se basa en dos cosas: los años trabajados y el salario del empleado. Estos criterios son coherentes con lo que recomienda el Convenio de la OIT.
  4. No se puede aplicar por analogía: No es válido usar indemnizaciones adicionales previstas en otros casos, como las de readmisión irregular, porque estas solo se aplican cuando ya hay una sentencia que obliga a la empresa a reincorporar al trabajador.
  5. Sistema distinto al civil: A diferencia de las reclamaciones civiles, en las laborales no hace falta demostrar los daños sufridos por el despido. La ley presume que los hay y establece una cuantía estándar, lo que garantiza igualdad y claridad para todos los trabajadores en situaciones similares.
  6. No afecta a otras mejoras: Esta decisión no cuestiona indemnizaciones adicionales que puedan estar previstas en convenios colectivos, acuerdos individuales o en otros tipos de despido.

¿ Cuanto es la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores?

La indemnización por despido improcedente en España está regulada por el Estatuto de los Trabajadores y se calcula en función del tiempo trabajado en la empresa. Aquí tienes los detalles:

  1. Antigüedad antes del 12 de febrero de 2012 (reforma laboral):
    – 45 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de 42 mensualidades.
    2. Antigüedad a partir del 12 de febrero de 2012:
    – 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
    3. En caso de contratos que abarcan ambos periodos (pre y post reforma):
    – Se hace un cálculo mixto:
    – Por el tiempo trabajado hasta el 11 de febrero de 2012: 45 días por año trabajado.
    – Por el tiempo trabajado a partir del 12 de febrero de 2012: 33 días por año trabajado.
    – Límite total: No puede superar las 42 mensualidades.
Fórmula para el Cálculo
  1. Determina los años y fracciones trabajados en cada periodo
  2.  Calcula el salario diario:
    Salario diario = Salario bruto anual / 365
    3. Aplica el coeficiente correspondiente:
    – 45 días/año para el periodo previo a 2012.
    – 33 días/año para el periodo posterior.

Ejemplo Práctico

– Antigüedad: Del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2023 (14 años).
– Salario bruto anual: 30.000 €.
– Cálculo:
1. Periodo hasta el 11 de febrero de 2012: 2 años trabajados.
– 2 años × 45 días × salario diario = Indemnización 1.
2. Periodo desde el 12 de febrero de 2012: 12 años trabajados.
– 12 años × 33 días × salario diario = Indemnización 2.
3. Total: Suma de ambos periodos, respetando el límite máximo.

Si tienes cualquier duda con respecto a un despido y necesitas un abogado experto en despido,  puede ponerse en contacto con nosotros

¿ Cuál es la diferencia entre contrato de arrendamiento y de habitación ?

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1. ¿Qué es un contrato de arrendamiento de vivienda?

Es un contrato regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en España. Este tipo de contrato tiene como objetivo satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. La vivienda puede incluir elementos accesorios como trasteros o plazas de garaje, siempre que formen parte del mismo acuerdo contractual.

2. ¿Cuáles son los requisitos para que un contrato sea considerado de arrendamiento de vivienda?

  • Debe recaer sobre una edificación habitable, es decir, una estructura arquitectónica unida al suelo.
  • Su destino principal debe ser la satisfacción de la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

Además, la vivienda puede ser utilizada por el cónyuge no separado o los hijos dependientes del arrendatario, incluso si este no reside en la finca de forma habitual.

Cabe destacar que no se trata de una cuestión pacífica en la doctrina, ya que existen interpretaciones diferentes según las circunstancias del contrato y el uso real del inmueble. Esto se agrava en situaciones donde los límites entre los contratos de vivienda y habitación son difusos.

3. ¿Y qué es un contrato de habitación?

Es un acuerdo entre el propietario y un arrendatario para el uso exclusivo de una habitación dentro de una vivienda compartida. Este contrato no está regulado por la LAU, sino por el Código Civil, y concede al arrendatario derechos limitados respecto al uso del inmueble.

4. ¿Cuál es la principal diferencia en la regulación entre estos contratos?

El contrato de arrendamiento de vivienda está regulado por la LAU, que establece derechos y obligaciones específicos, como la duración mínima y la protección frente a desahucios. El contrato de habitación, en cambio, se rige por el Código Civil, ofreciendo mayor libertad contractual, pero también menos protección para el arrendatario.

En la práctica, este tema también genera controversia entre juristas, ya que algunos consideran que ciertos contratos de habitación pueden adquirir características propias de los de vivienda dependiendo de las condiciones pactadas y el uso efectivo.

5. ¿Cuál es la duración mínima de cada tipo de contrato?

  • Arrendamiento de vivienda:
    • 5 años si el arrendador es persona física.
    • 7 años si es persona jurídica.
  • Contrato de habitación:
    • No existe una duración mínima establecida por la ley. La duración se acuerda entre las partes.

6. ¿Qué derechos tiene el arrendatario en cada caso?

  • Arrendamiento de vivienda:
    • Derecho a la prórroga automática del contrato durante el plazo mínimo legal.
    • Derecho a la habitabilidad adecuada del inmueble.
    • Límites en el incremento de la renta.
  • Contrato de habitación:
    • Derechos limitados, sin prórroga legal ni garantías de estabilidad.
    • Las condiciones de uso y habitabilidad dependen de lo pactado en el contrato.

7. ¿Es posible subarrendar en ambos casos?

  • Arrendamiento de vivienda:
    • El subarriendo está permitido con el consentimiento expreso del arrendador.
  • Contrato de habitación:
    • El subarriendo suele ser más flexible, pero depende de lo acordado en el contrato.

8. ¿Existen diferencias fiscales entre ambos contratos?

  • Arrendamiento de vivienda:
    • El arrendador debe declarar los ingresos derivados del alquiler.
    • El arrendatario puede aplicar deducciones en el IRPF bajo ciertas condiciones.
  • Contrato de habitación:
    • Las implicaciones fiscales son menos claras y, en ocasiones, estos acuerdos se gestionan de manera informal.

9. ¿Qué ocurre si no se especifica la causa del uso en el contrato?

En caso de duda, y si el contrato no define claramente el uso temporal o específico del inmueble, se tiende a considerar que el contrato es de arrendamiento de vivienda para proteger al arrendatario.

Esta interpretación, sin embargo, no está exenta de debate, ya que los tribunales han emitido fallos contradictorios dependiendo de las circunstancias específicas del caso.

10. ¿Cuál es la implicación práctica de estas diferencias?

El arrendamiento de vivienda ofrece más estabilidad y protección legal al arrendatario, mientras que el contrato de habitación es más flexible pero con menores garantías. Es fundamental que las partes conozcan sus derechos y obligaciones y formalicen el contrato por escrito para evitar conflictos futuro

Si necesitas asesoramiento con respecto a cualquier cuestión derivada de contrato de arrendamiento no dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

Cuestiones sobre el Ingreso Mínimo Vital

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¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital (IMV)?

El IMV es una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Tiene como objetivo fomentar la inclusión social y económica.

¿Quiénes pueden beneficiarse del IMV?

– Personas individuales mayores de 23 años, o menores en casos excepcionales (víctimas de violencia de género o situaciones similares).
– Unidades de convivencia formadas por familiares hasta el segundo grado.
– Mujeres víctimas de violencia de género, trata de seres humanos o explotación sexual, sin importar su edad.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el IMV?

  1. Residir legalmente en España durante al menos el año anterior a la solicitud.
    2. Demostrar una situación de vulnerabilidad económica.
    3. No superar ciertos límites de ingresos, patrimonio, o recursos.
    4. Participar en actividades de inclusión social y laboral.

¿ Donde se solicita el ingreso Mínimo Vital?

. Solicitud Online (Recomendada)

Puedes tramitar la solicitud de manera telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Para ello, necesitarás:

  • Un certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña del sistema Cl@ve.
  • Si no dispones de estos medios, puedes presentar la solicitud mediante un formulario habilitado para ciudadanos sin certificado.

Enlace directo: Sede Electrónica de la Seguridad Social – Ingreso Mínimo Vital.

. Presencialmente en Oficinas de la Seguridad Social

  • Debes pedir cita previa en las oficinas de la Seguridad Social más cercanas.
  • Puedes encontrar el listado de oficinas y agendar la cita en la página web de la Seguridad Social o llamando al 901 106 570 o al 915 412 530.

. Por Correo Postal

Puedes enviar tu solicitud cumplimentada y la documentación requerida a las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Asegúrate de enviar copias compulsadas de los documentos.

¿ Qué documentos son necesarios?

Documentación Necesaria

Para realizar la solicitud, generalmente se requiere:

  1. Identificación personal: DNI, NIE o pasaporte.
  2. Certificado de empadronamiento colectivo.
  3. Libro de familia o certificado del Registro Civil para acreditar relaciones familiares.
  4. Justificación de ingresos y patrimonio: Declaración de la Renta, certificados bancarios, etc.
  5. Cualquier otra documentación solicitada específica para tu caso.

¿Qué prestaciones incluye el IMV?

– Una renta garantizada que varía según la composición de la unidad de convivencia.
– Complementos adicionales por discapacidad, monoparentalidad o hijos menores a cargo.
– Incrementos extraordinarios en situaciones de emergencia.

¿Cómo se calcula el IMV?

La cuantía se determina como la diferencia entre la renta garantizada para el beneficiario y los ingresos totales de la unidad de convivencia. Las ayudas extraordinarias o exentas no computan como ingresos.

¿Qué hacer si el IMV es denegado?

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un derecho destinado a garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

Sin embargo, en caso de denegación de la solicitud, existen varias opciones legales y administrativas que el solicitante puede tomar para defender su derecho.

1. Verificar los motivos de la denegación

Antes de tomar cualquier acción, es fundamental identificar las razones exactas por las cuales se ha rechazado la solicitud. Esto suele incluir:

  • Falta de documentación.
  • Superación del límite de ingresos o patrimonio establecido.
  • Errores administrativos en la tramitación.
  • Falta de cumplimiento de requisitos específicos (por ejemplo, no estar empadronado).

2. Subsanación de errores o reclamación administrativa previa

Si el rechazo se debe a un error en la documentación presentada o a información incompleta, puedes subsanar el problema dentro del plazo que establece la resolución. Además, es posible presentar una reclamación administrativa previa para que la administración revise su decisión.

Pasos para realizar la reclamación administrativa previa:

  1. Presentar la reclamación ante la Seguridad Social mediante la Sede Electrónica o de forma presencial en sus oficinas.
  2. Adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se cuestionan.
  3. El plazo para resolver la reclamación es de 45 días. Si no hay respuesta, se considera desestimada por silencio administrativo.

3.- Acudir a la vía judicial

¿Cómo podemos ayudar? Si has enfrentado la denegación del Ingreso Mínimo Vital, no enfrentes el proceso solo.

En nuestro despacho contamos con un equipo de abogados expertos en seguridad social que te guiarán paso a paso, desde la reclamación administrativa hasta un posible recurso judicial. Si necesitas un abogado especialista en prestaciones de seguridad social  puede ponerse en contacto con nosotros.

Nos encargamos de proteger tus derechos y maximizar las posibilidades de obtener el apoyo que necesitas.

Nuestro equipo revisa detalladamente la resolución y detecta posibles errores o vías de subsanación para maximizar las posibilidades de éxito.

Preguntas básicas sobre la Liquidación de la sociedad de gananciales

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Aquí respondemos a las preguntas más comunes con el objetivo de aclarar dudas y ofrecer información detallada sobre este proceso.

¿Qué pasos se siguen para liquidar un régimen económico matrimonial?

El proceso de liquidación sigue una estructura ordenada y transparente para garantizar el reparto equitativo de los bienes y deudas:

  1. Inventario inicial de bienes y deudas: Se elabora un listado detallado que incluye todos los activos y pasivos acumulados durante el matrimonio. Esto puede abarcar bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, vehículos, entre otros.
  2. Valoración de activos y pasivos: Cada bien debe ser evaluado según su valor de mercado actual. En el caso de deudas, se consideran los montos pendientes y las responsabilidades compartidas.
  3. Acuerdos o resolución judicial: Si las partes logran un consenso, se formaliza un acuerdo. De no ser posible, se recurre a un procedimiento judicial donde un juez decidirá la distribución.
  4. Adjudicación de bienes: Los bienes se reparten de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo o la sentencia judicial.
  5. Resolución de conflictos: Si surgen disputas sobre ciertos bienes o deudas, estas se resuelven mediante procedimientos judiciales o mediación.

¿Qué ocurre si no se llega a un acuerdo sobre la liquidación?

En ausencia de un acuerdo entre las partes, el proceso se traslada al ámbito judicial. En este caso, un juez toma las decisiones necesarias para garantizar una distribución justa. Las etapas judiciales incluyen:

  • Formación de inventarios: Cada parte presenta pruebas sobre los bienes y deudas que deben incluirse.
  • Juicio verbal: Se debate sobre los puntos controvertidos, como la titularidad de bienes o su valoración.
  • Resolución final: El juez dicta sentencia, estableciendo cómo deben repartirse los bienes y deudas.

Aunque el proceso judicial puede ser más largo y costoso, asegura que las partes obtengan una resolución vinculante.

¿Es necesario incluir todos los bienes en el inventario inicial?

Sí, es fundamental incluir todos los bienes y deudas en el inventario inicial. La omisión de bienes puede tener consecuencias graves, como:

  • Impugnaciones posteriores: Cualquier parte puede objetar la liquidación si detecta que faltan bienes o deudas.
  • Diligencias preliminares: Estas pueden solicitarse para identificar bienes ocultos.
  • Sanciones legales: La ocultación intencionada de bienes puede ser sancionada por el juez.

El inventario debe ser completo y honesto para evitar conflictos futuros y garantizar la validez del proceso.

¿Qué pasa si uno de los cónyuges oculta bienes durante la liquidación?

Si se descubre que un cónyuge ha ocultado bienes, el otro puede tomar las siguientes acciones:

  1. Solicitar diligencias preliminares: Estas permiten investigar y localizar los bienes ocultos mediante procedimientos legales.
  2. Impugnar acuerdos previos: Si ya se firmó un acuerdo, se puede invalidar por vicios de consentimiento o fraude.
  3. Iniciar acciones judiciales: El juez puede ordenar la incorporación de los bienes ocultos al inventario y sancionar al responsable.

La transparencia es clave para evitar consecuencias legales y proteger los derechos de ambas partes.

¿Se puede liquidar el régimen económico sin un procedimiento judicial?

Sí, es posible realizar la liquidación mediante escritura pública ante notario cuando ambas partes están de acuerdo. Este método tiene varias ventajas:

  • Rapidez: Evita los tiempos prolongados de los procesos judiciales.
  • Menor costo: Los gastos notariales suelen ser inferiores a los judiciales.
  • Flexibilidad: Las partes pueden acordar términos específicos adaptados a sus necesidades.

En casos de mutuo acuerdo, esta es una opción eficiente y recomendada.

¿Cómo afecta la liquidación a las deudas comunes?

Las deudas contraídas durante el matrimonio en beneficio de la familia se incluyen en la liquidación. Estas son algunas consideraciones:

  • Distribución proporcional: Las deudas se reparten según lo establecido en el acuerdo o sentencia judicial.
  • Responsabilidad solidaria: En ciertos casos, ambas partes son responsables solidariamente ante terceros.
  • Exclusión de deudas privativas: Las deudas adquiridas antes del matrimonio o para fines personales no se incluyen.

Es importante analizar cada deuda para determinar su naturaleza y el modo de liquidarla.

¿Qué ocurre si aparecen nuevos bienes tras la liquidación?

Si se descubren bienes adicionales después de la liquidación, se puede solicitar un procedimiento de adición o complemento. Este proceso incluye:

  1. Identificación de los nuevos bienes: Se presentan pruebas de su existencia y titularidad.
  2. Actualización del inventario: Se incorporan los bienes al reparto original.
  3. Resolución judicial o notarial: Dependiendo del acuerdo inicial, se formaliza el reparto de los bienes.

Este procedimiento asegura que todos los bienes sean considerados, incluso si no se detectaron inicialmente.

¿Es posible impugnar una liquidación ya realizada?

Sí, existen motivos legales para impugnar una liquidación:

  • Lesión patrimonial: Si una de las partes demuestra que recibió menos de lo que le correspondía.
  • Omisión de bienes: Bienes no declarados que afecten el reparto.
  • Vicios de consentimiento: Situaciones de fraude, coacción o error en el acuerdo.

La impugnación debe presentarse dentro de los plazos establecidos por la ley y requiere pruebas contundentes.

Si necesitas asesoría personalizada o representación legal para un caso de liquidación de régimen económico matrimonial, no dudes en comunicarte con nosotros.

Estamos está aquí para ofrecerte orientación y apoyo en cada paso del proceso, garantizando que tus derechos e intereses estén protegidos. ¡Estamos listos para ayudarte a resolver tus inquietudes legales con eficacia y compromiso!

Reciente Resolución de fecha de 14 de Octubre 1312/2024 de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la casa nido en el Recurso 3176/2023

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Divorcio. Custodia compartida. Improcedencia del sistema «casa nido» en la atribución de la vivienda familiar en caso de no mediar un acuerdo entre los dos cónyuges.

Si quieres leer la resolución al completo, puede seguir leyendo….

LEER MÁS «Reciente Resolución de fecha de 14 de Octubre 1312/2024 de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la casa nido en el Recurso 3176/2023» →

¿ es posible la suspensión de la entrada en prisión?

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Aquí tienes un ejemplo de cómo estructurar el artículo sobre Suspensión de la Pena en formato de preguntas y respuestas:

Suspensión de la Pena de prisión : Preguntas y Respuestas

1. ¿Qué es la suspensión de la pena?

La suspensión de la pena es un mecanismo legal que permite al condenado evitar el ingreso en prisión, siempre que cumpla ciertos requisitos establecidos en el Código Penal. Este beneficio no extingue la responsabilidad penal, pero suspende temporalmente la ejecución de la condena.

2. ¿Cuáles son los objetivos de la suspensión de la pena?

  • Evitar los efectos estigmatizantes y desocializadores de la prisión, especialmente en condenados primarios.
  • Reducir la sobrepoblación carcelaria y el coste económico del sistema penitenciario.
  • Fomentar la reintegración social del condenado.

3. ¿Qué tipos de suspensión de la pena existen?

Según el Código Penal, las suspensiones se clasifican en:

  • Suspensión ordinaria: Aplicable a penas privativas de libertad de hasta dos años, con requisitos específicos.
  • Suspensión extraordinaria: En casos especiales como:
    • Reos no habituales (art. 80.3 CP).
    • Enfermedades graves e incurables (art. 80.4 CP).
    • Adicciones que motivaron la comisión del delito (art. 80.5 CP).

4. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la suspensión ordinaria de la pena?

  • Duración de la pena: Máximo de dos años.
  • Delincuente primario: El condenado no debe tener antecedentes relevantes para valorar su peligrosidad.
  • Compromiso de reparación: Pago o compromiso de satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito.
  • Conducta posterior: El juez valorará la actitud del condenado tras cometer el delito.

5. ¿Qué ocurre si el condenado incumple las condiciones de la suspensión?

El juez puede revocar la suspensión y ordenar el cumplimiento íntegro de la pena si el condenado:

  • Comete un nuevo delito durante el periodo de suspensión.
  • No cumple con las condiciones impuestas, como realizar trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) o abonar la responsabilidad civil.

6. ¿Qué ventajas tiene la suspensión extraordinaria por adicciones?

Este beneficio es aplicable a condenados que:

  • Cometieron el delito bajo el efecto de sustancias adictivas.
  • Se encuentran en tratamiento de deshabituación.
  • La duración de la pena puede llegar hasta cinco años en estos casos.

7. ¿Qué factores se tienen en cuenta para conceder la suspensión?

El juez evalúa:

  • Las circunstancias del delito y la gravedad de los hechos.
  • Los antecedentes y la peligrosidad del condenado.
  • Los esfuerzos realizados por el condenado para reparar el daño causado.

8 ¿Qué papel juega la responsabilidad civil en la suspensión de la pena?

El condenado debe:

  • Haber satisfecho la responsabilidad civil o comprometerse a hacerlo.
  • En casos de insolvencia, demostrar un esfuerzo por reparar el daño, como realizar TBC.

9. ¿Qué diferencia existe entre la suspensión de la pena y la libertad condicional?

La suspensión se aplica antes de que el condenado entre en prisión, mientras que la libertad condicional se concede una vez cumplida parte de la pena dentro de un centro penitenciario.

10. ¿Cuánto dura el periodo de suspensión de la pena?

El plazo varía según el tipo de delito:

  • Para delitos leves: Entre tres meses y un año.
  • Para otros delitos: Entre dos y cinco años, según lo determine el juez.

¿Qué ofrecemos?

  1. Evaluación del caso: Analizamos en detalle las circunstancias de tu condena para determinar la viabilidad de solicitar la suspensión de la pena, considerando los requisitos establecidos en el Código Penal.
  2. Gestión de la solicitud: Preparamos y presentamos la documentación necesaria ante el tribunal competente, incluyendo argumentos sólidos que respalden la solicitud.
  3. Defensa personalizada: Representamos tus intereses en todas las etapas del proceso, incluyendo audiencias judiciales y procedimientos de apelación, si fuera necesario.
  4. Condiciones alternativas: Asesoramos sobre posibles medidas adicionales como trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) o planes de pago para la responsabilidad civil, asegurando el cumplimiento de las condiciones impuestas por la ley.

Si necesitas un abogado penalista puede contactar con nosotros a través de cualquiera de los medios indicados.

¿ Tengo derecho a reclamar el salario y demás derechos laborales aunque no tenga autorización de residencia? ¿ qué ocurre en caso de accidente de trabajo?

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En este artículo abordaremos algunas de las preguntas más comunes relacionadas con las condiciones laborales de trabajadores que no cuentan con permiso de residencia en el país.

Es importante aclarar que, aunque trabajar sin la documentación requerida puede tener consecuencias legales, los derechos laborales de los trabajadores están protegidos por la ley.

¿Puedo trabajar si no tengo permiso de residencia?

Técnicamente, no está permitido trabajar sin un permiso de residencia y trabajo vigente. La legislación laboral en muchos países establece que es obligatorio contar con esta documentación para poder acceder a un empleo formal. Sin embargo, esto no significa que pierdas tus derechos laborales si trabajas en esta situación.

¿Cuáles son mis derechos laborales si no tengo permiso de residencia?

Aunque no tengas permiso de residencia, sigues teniendo derechos laborales como cualquier otro trabajador. Esto incluye:

  • Derecho a recibir el salario pactado, siempre y cuando no sea inferior al salario mínimo establecido.
  • Derecho a condiciones de trabajo dignas y seguras.
  • Derecho a vacaciones, indemnizaciones y prestaciones por despido.
  • Derecho a reclamar judicialmente si tu empleador incumple con sus obligaciones.

¿Es un delito trabajar sin permiso de residencia?

Trabajar sin permiso de residencia puede ser considerado una infracción administrativa en algunos casos, pero no suele ser considerado un delito penal para el trabajador. Sin embargo, para el empleador, contratar a una persona sin la documentación adecuada sí puede tener consecuencias legales graves.

¿Qué sanciones puede recibir el empresario por contratarme sin permiso de residencia?

El empresario puede enfrentarse a las siguientes sanciones:

  1. Multas administrativas: Dependiendo del país, las multas pueden oscilar entre cientos y miles de euros por cada trabajador contratado de manera irregular.
  2. Responsabilidades penales: Si se demuestra explotación laboral, condiciones abusivas o trata de personas, el empleador podría enfrentar cargos penales.
  3. Inhabilitación: En algunos casos, el empresario podría ser inhabilitado para recibir subvenciones o participar en contratos públicos.

¿Qué consecuencias puedo enfrentar como trabajador sin permiso de residencia?

Aunque las leyes suelen ser más estrictas con los empleadores que con los trabajadores, podrías enfrentar:

  1. Multas administrativas: En algunos casos, podrías recibir una multa por trabajar sin documentación.
  2. Proceso de expulsión: Existe el riesgo de ser identificado por las autoridades y sometido a un proceso de expulsión del país.

¿Puedo reclamar mi salario si el empleador no me paga?

Sí. Aunque no tengas permiso de residencia, puedes presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo o incluso demandar judicialmente al empleador. Los tribunales laborales suelen garantizar el pago de salarios y otros derechos adquiridos.

¿ Necesitas un abogado laboralista?

Si eres un trabajador sin permiso de residencia o un empresario que busca resolver problemas laborales de manera legal, contar con la asesoría de un abogado laboralista es clave para garantizar tus derechos y evitar sanciones.

¿Qué ocurre en caso de accidente de un trabajador sin permiso de residencia?

Un accidente laboral es una situación grave y delicada, especialmente si el trabajador no tiene autorización de residencia. A pesar de esto, es importante saber que el trabajador sigue teniendo derechos protegidos por la legislación laboral. Estos son algunos aspectos clave:

  1. Cobertura de la Seguridad Social: Aunque el trabajador no tenga permiso de residencia, si su empleador no lo ha dado de alta en la Seguridad Social, este será responsable de asumir todos los costos derivados del accidente, incluyendo la atención médica y posibles indemnizaciones.
  2. Atención sanitaria: En la mayoría de los países, los servicios de emergencia están obligados a atender al trabajador sin importar su situación migratoria.
  3. Derecho a indemnización: El trabajador puede reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios derivados del accidente laboral, independientemente de su estatus migratorio.
  4. Denuncia a la Inspección de Trabajo: Si el empleador incumplió con las normas de seguridad laboral o no aseguró al trabajador, este puede ser sancionado tras una investigación por parte de la Inspección de Trabajo.
  5. Regularización por arraigo laboral: En algunos países, sufrir un accidente laboral podría facilitar la regularización de la situación migratoria del trabajador, demostrando una relación laboral con la empresa.

¿Por qué contactar a un abogado laboralista?

Para Trabajadores:

  1. Reclamar tus derechos laborales: Un abogado laboralista puede ayudarte a recuperar salarios no pagados, indemnizaciones o prestaciones por despido, incluso si no tienes documentación.
  2. Protegerte ante sanciones: En caso de enfrentar multas administrativas o procesos de expulsión, el abogado puede ofrecerte soluciones legales adaptadas.
  3. Resolver conflictos laborales: Si has sido despedido injustamente o sufres abusos laborales, un abogado puede representarte ante la Inspección de Trabajo o los tribunales.
  4. Guiarte en la regularización: Algunos abogados también te ayudarán con el proceso de regularización migratoria.

Para Empresas:

  1. Cumplir con la legislación laboral: Un abogado te ayudará a garantizar que todos tus contratos y prácticas cumplan con la normativa vigente.
  2. Evitar sanciones: Contratar a trabajadores sin permiso de residencia puede resultar en multas severas. Un abogado laboralista puede asesorarte para minimizar riesgos legales.
  3. Gestionar conflictos laborales: Representación en casos de despidos, reclamaciones o inspecciones laborales.
  4. Asesoramiento preventivo: Implementación de buenas prácticas laborales para proteger tu empresa de posibles problemas legales.

¿Qué buscar en un abogado laboralista?

  • Experiencia: Profesionales especializados en derecho laboral, con conocimiento de situaciones de trabajadores extranjeros y legislación aplicable a las empresas.
  • Empatía y profesionalismo: Un abogado debe entender tus necesidades y proponerte soluciones prácticas.
  • Disponibilidad: La rapidez es esencial tanto para trabajadores como para empresarios en situaciones críticas.

Servicios para trabajadores y empresas

En nuestra plataforma, conectamos tanto a trabajadores como a empresas con abogados laboralistas altamente capacitados. Ofrecemos:

  • Consultas iniciales gratuitas: Resuelve tus dudas sin compromiso.
  • Acceso a expertos: Todos los abogados en nuestra red están calificados en derecho laboral y extranjería.
  • Soluciones personalizadas: Tanto si eres trabajador como empresario, encontrarás un plan adaptado a tus necesidades.

 

Casos recientes relacionados

Para conocer más sobre cómo se está abordando esta situación, puedes leer esta noticia reciente que detalla un caso en el que un empresario fue detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

 

¿ Puedo reclamar por una caída en la vía pública ?

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Sí, ¡ puedes reclamar!

Si has sufrido una caída en la vía pública debido al mal estado de las infraestructuras, como baldosas rotas, baches, falta de señalización o cualquier otra negligencia en el mantenimiento, tienes derecho a presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la administración pública responsable.

Este procedimiento busca que recibas una indemnización por los daños físicos, materiales o morales que hayas sufrido, siempre y cuando se demuestre que el accidente fue consecuencia directa del funcionamiento inadecuado del servicio público. A continuación, te explicamos los pasos, requisitos y consejos para garantizar el éxito de tu reclamación.

1. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial por caída en vía pública?
Es el derecho de una persona a reclamar una indemnización cuando sufre daños o lesiones debido al mal estado de las infraestructuras públicas, como aceras, pavimentos o mobiliario urbano, cuya conservación es responsabilidad de una administración pública.

2. ¿Cuándo se puede reclamar por una caída en la vía pública?
Puedes reclamar cuando:

  • Sufres daños físicos, materiales o morales.
  • La caída ocurre debido al mal estado de la vía pública (baldosas rotas, baches, falta de señalización, etc.).
  • Existe una relación directa entre el desperfecto y el accidente.

3. ¿Cuáles son las causas más comunes de estos accidentes?
Algunas causas frecuentes incluyen:

  • Baldosas rotas o sueltas.
  • Baches o socavones en el pavimento.
  • Escaleras sin barandillas.
  • Falta de señalización de obras o zonas peligrosas.
  • Acumulación de hielo, agua o residuos en la vía pública.

4. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que la administración sea responsable?
Para que prospere una reclamación, debes demostrar:

  • Un daño real: Como lesiones físicas, gastos médicos o daños materiales.
  • Relación de causalidad: Que el mal estado de la vía pública causó directamente tu accidente.
  • Funcionamiento anormal del servicio público: Que la administración no cumplió con su deber de mantener las infraestructuras en buen estado.

5. ¿Qué pasos debo seguir para presentar una reclamación?
Los pasos son los siguientes:

  1. Recopilar pruebas: Fotografía el lugar del accidente, el desperfecto, y cualquier señal relevante. Obtén testimonios de testigos y guarda los informes médicos.
  2. Presentar la reclamación administrativa: Dirígete a la administración responsable (ayuntamiento, comunidad autónoma, etc.) y presenta una solicitud detallada.
  3. Esperar la resolución: La administración tiene un plazo (normalmente 6 meses) para responder.

6. ¿Qué documentación necesito para la reclamación?

  • Datos personales del reclamante.
  • Descripción detallada del accidente.
  • Fotografías del lugar y del desperfecto.
  • Informes médicos que acrediten las lesiones.
  • Facturas o comprobantes de los gastos derivados del accidente.
  • Testimonios de testigos, si es posible.

7. ¿Cuál es el plazo para reclamar?
El plazo suele ser de un año desde que ocurrieron los hechos o desde que se manifiestan los daños, aunque puede variar según la legislación local.

8. ¿Qué puedo hacer si la administración no responde o rechaza mi reclamación?
Si no obtienes respuesta en el plazo establecido (silencio administrativo) o si la reclamación es rechazada, puedes interponer un recurso contencioso-administrativo ante un juez especializado.

9. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso?
El procedimiento administrativo puede tardar hasta 6 meses. Si necesitas recurrir a los tribunales, el proceso puede prolongarse varios meses más, dependiendo de la complejidad del caso.

10. ¿Qué indemnización puedo reclamar?
El importe de la indemnización dependerá de los daños sufridos, como:

  • Lesiones físicas: Gastos médicos, secuelas, pérdida de ingresos.
  • Daños morales: Estrés, ansiedad o impacto emocional.
  • Daños materiales: Reparación o reemplazo de bienes dañados durante el accidente.

11. ¿Qué pasa si el accidente fue causado en parte por mi imprudencia?
Si se demuestra que actuaste con negligencia (por ejemplo, caminando distraído con el móvil), la indemnización puede reducirse proporcionalmente o incluso denegarse.

12. ¿Es obligatorio contratar un abogado para este tipo de reclamaciones?
Aunque no es obligatorio, es muy recomendable contar con un abogado especializado en responsabilidad patrimonial para garantizar que la reclamación sea completa, cumpla con los requisitos legales y tenga más probabilidades de éxito.

Contar con un abogado especializado en responsabilidad patrimonial puede marcar la diferencia en el éxito de tu reclamación.

Este profesional te ayudará a recopilar las pruebas necesarias, calcular la indemnización que te corresponde y presentar la reclamación de manera adecuada ante la administración o los tribunales. Además, te guiará durante todo el proceso, asegurando que se respeten tus derechos y maximizando tus posibilidades de obtener una compensación justa por los daños sufridos. Si has tenido un accidente en la vía pública, no lo dejes al azar, consúltanos de manera gratuita 

¿ Qué es el delito de impago de pensiones? ¿ cuantas mensualidades hay que dejar de pagar para que se considere delito?

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1. ¿Qué es el delito de impago de pensiones?
Es un delito que se comete cuando una persona incumple su obligación legal o judicial de pagar una pensión alimenticia destinada al sustento de sus hijos, expareja u otros beneficiarios, sin una causa justificada.

2. ¿Cuándo se considera delito el impago de pensiones?
Se considera delito cuando el responsable deja de pagar durante el tiempo establecido en la legislación. Por ejemplo:

  • En España: si no se paga durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos.
  • En otros países: el periodo puede variar según la ley aplicable.

3. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que se configure este delito?
Para que exista el delito, deben cumplirse las siguientes condiciones:

  • La obligación de pagar la pensión debe estar establecida mediante una resolución judicial firme o un acuerdo aprobado por un juez.
  • El incumplimiento debe ser intencionado y sin justificación.
  • El impago debe perjudicar al beneficiario, afectando su acceso a necesidades básicas.

4. ¿Qué perjuicios conlleva a una persona no recibir el pago de pensiones?
Cuando una persona no recibe el pago de la pensión alimenticia, los perjuicios pueden ser graves, especialmente para los hijos beneficiarios. Entre los principales efectos negativos se encuentran:

  • Carencias económicas: Dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, ropa y otros gastos esenciales.
  • Problemas en la educación: Falta de recursos para pagar matrículas, útiles escolares, uniformes, actividades extracurriculares, entre otros.
  • Impacto en la salud: Dificultad para acceder a atención médica, medicamentos o tratamientos necesarios.
  • Inestabilidad emocional: El estrés y la inseguridad financiera pueden generar angustia tanto en los beneficiarios como en la persona encargada del cuidado principal.
  • Desigualdad de oportunidades: La falta de recursos limita el acceso a actividades recreativas, deportivas y culturales, afectando el desarrollo integral de los beneficiarios.

El impago de pensiones no solo tiene consecuencias legales, sino también un impacto directo en la calidad de vida y el bienestar de las personas más vulnerables.

5. ¿Qué sanciones existen por el delito de impago de pensiones?
Dependiendo del país y la legislación aplicable, las sanciones pueden incluir:

  • Prisión: Por ejemplo, en España, de 3 meses a 1 año.
  • Multas económicas: De 6 a 24 meses, según el caso.
  • Embargo de bienes o salario: Para garantizar el pago de la pensión adeudada.
  • Otras consecuencias: Pérdida de derechos como la patria potestad o restricciones en el régimen de visitas.

6. ¿Qué puedo hacer si no puedo pagar la pensión por dificultades económicas?
Si no puedes pagar la pensión por razones ajenas a tu voluntad, como desempleo, enfermedad o falta de ingresos, es fundamental:

  • Solicitar al juez una modificación de la pensión para ajustarla a tu nueva situación económica. Para modificar la resolución judicial, debes presentar una demanda de modificación de medidas ante el juzgado que dictó la resolución original. Es necesario acreditar un cambio sustancial en tus circunstancias económicas, como pérdida de empleo, reducción significativa de ingresos o aumento de necesidades económicas justificadas. El juez evaluará las pruebas presentadas y decidirá si procede ajustar la pensión alimenticia.
  • Presentar pruebas que acrediten tu incapacidad económica para evitar sanciones penales.

7. ¿Cómo puedo denunciar el impago de pensiones?
Si eres beneficiario de la pensión y no se está cumpliendo, puedes:

  • Acudir al juzgado que dictó la resolución para iniciar un procedimiento de ejecución forzosa.
  • Denunciar el incumplimiento como delito penal ante las autoridades competentes.
  • Solicitar medidas como el embargo de bienes o salario del responsable.

8. ¿Qué pruebas se necesitan para acreditar el delito de impago de pensiones?
Las principales pruebas incluyen:

  • La resolución judicial o el acuerdo que establece la pensión.
  • Registros bancarios o documentos que evidencien los pagos no realizados.
  • Información que demuestre el perjuicio causado al beneficiario por el impago.

9. ¿Qué ocurre si el responsable demuestra que no puede pagar?
Si el responsable prueba que no puede cumplir con el pago por razones justificadas, como desempleo involuntario o incapacidad física, podría evitar la responsabilidad penal, aunque seguirá siendo necesario ajustar la pensión mediante una resolución judicial.

10. ¿Puede afectar el impago de pensiones a los derechos parentales?
Sí, en algunos casos, el incumplimiento puede derivar en la suspensión o pérdida de la patria potestad, así como restricciones en el régimen de visitas.

11. ¿Por qué es importante pagar la pensión alimenticia?
Porque garantiza los derechos de los beneficiarios, generalmente niños o personas vulnerables, a cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, vivienda y salud.

 

Si necesitas un abogado experto en derecho penal o en cuestiones relacionadas con impago de pensiones, no dude en ponerse en contacto a través de cualquier medio.