¿ Necesitas un abogado para presentar un recurso de nacionalidad Española por haber transcurrido más de un año desde que presentaste la solicitud?

Si te encuentras en ese supuesto, en el que presentaste la solicitud de concesión de la nacionalidad hace más de un año, pero aún no te han respondido, puedes interponer un recurso contencioso por silencio desestimatorio.

Para poder interponer el recurso se necesita de Abogado y Procurador y se interpondría el Recurso ante la Audiencia Nacional. Nuestro despacho se encuentra en la localidad de Melilla, pero podemos dirigir procedimientos de cualquier lugar del territorio español , pues el Recurso se puede interponer por medios telemáticos y en pocas ocasiones habría que desplazarse hasta la sede de la Sala.

Es importante que conozcas que el hecho de que no hayan respondido en un año ¡ NO QUIERE DECIR QUE TE HAYAN DENEGADO LA CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD! , sino que se trata de una ficción jurídica

Para cualquier cuestión, puedes consultarnos y estaremos encantado de atenderle.

 

La Sala 4º del Tribunal Supremo modifica el criterio y declara incompatible la prestación por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez y actividades laborales que generen renta.

El supuesto de hecho es el siguiente:
Un trabajador, que tiene reconocida una IP total para su profesión habitual, comienza a prestar servicios para la ONCE como vendedor de cupones .
Posteriormente, se le declara en situación de gran invalidez y el INSS le notifica la suspensión en el abono de la pensión hasta que deje de prestar servicios para la ONCE.
La cuestión planteada consiste en determinar si el reconocimiento de una gran invalidez a un trabajador de la ONCE es compatible con la venta de cupones de esta organización.
El Tribunal Supremo  indica que las pensiones de IPA o GI no impiden el ejercicio de actividades,  sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión (LGSS art.198.2).
En su última doctrina, sin diferenciar entre IPA y GI, había declarado la compatibilidad de estas prestaciones con el trabajo por cuenta ajena.
Sin embargo  ahora, la Sala entiende que debe abandonarse el anterior criterio interpretativo  y volver a declarar la incompatibilidad entre IP y el trabajo por cuenta propia o ajena, apoyándose en las siguientes razones:
1. Interpretación literalLa propia norma, al hablar de «actividades compatibles» y no «trabajos», parece estar refiriéndose a labores o tareas marginales y limitadas y no a ocupaciones permanentes o cotidianas que por su extensión o intensidad den lugar a su inclusión en el sistema de Seguridad Social.
2. Interpretación sistemática. Si lo que define a la IPA y la GI es que inhabilitan por completo al trabajador para toda profesión u oficio, no es lógico permitir la compatibilidad con actividades que según su definición no podría realizar. Asimismo, cuando se refiere a las IPT la compatibilidad viene referida al salario, y al referirse a la IPA a actividades lucrativas.
3. La finalidd de las prestaciones es subvenir las situaciones de necesidad y, específicamente, las prestaciones de IP tratan de sustituir la carencia de rentas consecuencia de la imposibilidad de trabajar por una situación incapacitante sufrida por el trabajador. Por ello, la prestación no nace cuando no existe esa pérdida de rentas.
4. Es contrario a la lógica y a la sostenibilidad del sistema de prestaciones públicas de protección social y al principio de solidaridad que una misma persona -imposibilitada normativamente para el ejercicio de toda profesión u oficio- compatibilice una pensión pública con rentas derivadas del trabajo que desarrolla.
5. Las nuevas tecnologías informáticas y el uso de la denominada inteligencia artificial pueden permitir a personas con discapacidad la realización de trabajos. Por ello, la solución al problema no debe ser la compatibilidad de las rentas del trabajo con la prestación pública; sino la revisión del sistema de incapacidades en general.
6. El sistema de protección social y las políticas de asistencia social deben arbitrar nuevos mecanismos tendentes a la reinserción socio laboral de las personas con discapacidad para el trabajo, incrementando sus capacidades laborales para que no sea necesario sustituirlas con prestaciones incompatibles con los trabajos.
Por todo ello, se declara la incompatibilidad de la pensión de gran Invalidez con el trabajo a tiempo completo en la ONCE.
Si necesitas un abogado en supuestos de incapacidad permanente, póngase en contacto con nosotros.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo contra la resolución que resolvía una discrepancia entre progenitores a la hora de escolarizar la hija menor. Entiende el tribunal que el colegio público aconfesional ofrece un entorno neutral que facilita que el menor pueda formar sus propias convicciones de manera libre y objetiva

El procedimiento se inicia en un Expediente de jurisdicción voluntaria al existir una discrepancia entre ambos progenitores que se encuentran divorciados, acerca de la toma de la decisión de donde escolarizar a la menor de edad que cuenta con cuatro años de edad.

Se presenta Expediente de Jurisdicción voluntaria en aras del artículo 156 del Código Civil, para que se resuelva la cuestión acerca de la escolarización de la menor en un colegio concertado y religioso como defiende el padre o uno público y laico como defiende la madre.

 

El juzgado en el Auto resuelve atribuyendo  la facultad de decidir al padre.

En dicha resolución se ha ponderado las ventajas educativas  que ofrece el centro religioso concertado frente al colegio público aconfesional (cubre todos los ciclos formativos, segundo idioma extranjero, bilingüismo parcial, natación, instalaciones deportivas, extraescolares, moderado coste, etc.) y las ventajas de tipo familiar  (cercanía del domicilio paterno y apoyo de familia extensa), con la posibilidad que, por otro lado, ofrece el centro, permitiendo inscribir a los alumnos en una asignatura alternativa a la religión católica, atribuyendo a la madre la facultad de decidir inscribir a la hija en la misma.

La madre recurre en amparo  al Tribunal Constitucional.

Considera que se trata de un colegio profundamente confesional que impregna todo su devenir (proyecto educativo, pedagogía, metodología, etc.), más allá de la asignatura de religión que imparte y que se le ha permitido eximir; vulnerado el interés superior del menor en relación a su derecho constitucional de libertad religiosa.

El Tribunal Constitucional  aprecia la pugna entre  los dos derechos, el de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos y el de la menor a la libertad ideológica y religiosa.

Cuando los padres  tienen creencias diferentes  que enfrentan opciones educativas incompatibles, se debe proteger el derecho de la menor a autodeterminarse en materia de creencias religiosas. 

Lo más adecuado para el interés superior de la menor es que la educación se imparta en el entorno neutral.

En el presente caso, el Tribunal Constitucional entiende que la propuesta de la madre de enviar a la hija a un colegio  no confesional parece más acorde con el interés superior de la menor, pues siempre queda a salvo, fuera del entorno escolar, la potestad de cada progenitor de compartir convicciones morales y religiosas con su descendiente.

Considera que la jurisdicción voluntaria ha resuelto el conflicto sustituyendo la ponderación  entre los derechos fundamentales  por una comparación entre las prestaciones ofrecidas por cada centro educativo. Por razón de la corta edad de la menor no puede ser inquirida sobre sus creencias, debiendo procurar que se formen o adquieran sin predeterminaciones escolares.

Si necesitas un abogado para un expediente de jurisdicción voluntaria puede contactar con nosotros y estaremos encantado de atenderle.

¿ Se pueden registrar las cajas de seguridad en entidades bancarias? ¿ es necesario autorización judicial para el registro?

No, ya que existen dos sentencias recientes de fecha de 21 de marzo y 4 de marzo de 2024 de la Sala 3º del Tribunal Supremo  en donde se desestiman los recursos interpuestos.

La sala entiende que no resulta necesario obtener autorización judicial o consentimiento del titular de la persona jurídica para proceder al precinto de una caja de seguridad ubicada en una entidad bancaria y alquilada por aquel.

Tampoco en el caso de que se trate de una persona física, pues en ambos casos la caja no tiene consideración de domicilio, aunque en el caso de personas físicas, puede afectar el precinto a su ámbito de intimidad personal y familiar por lo que debe de justificarse su proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida.

La caja de seguridad alquilada por el inspeccionado en una entidad bancaria no tiene la consideración de domicilio constitucionalmente protegido, pues un recipiente -una caja de seguridad- no es un espacio o lugar apto ni por naturaleza, ni por destino, para desarrollar la vida privada, no es lugar y no está necesitado del máximo nivel de protección constitucional.

No obstante, como puede afectar a la intimidad personal y familiar del inspeccionado, se exige la concurrencia de dos requisitos:

– que haya habilitación legal (que se debe entender contenida en LGT art.146.1);

– que el acto de precinto sea una medida proporcional, idónea y necesaria para impedirque desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición (LGT art.146.2).

En el caso de que el titular sea una persona jurídica, debe tenerse en cuenta que estas no son directamente titulares del derecho a la intimidad y, por tanto, por mucho que la información con trascendencia tributaria pueda incidir en la intimidad de los ciudadanos, la medida cautelar nunca puede afectar a ese derecho fundamental en referencia a una persona jurídica, debiendo medirse su adecuación a Derecho conforme a parámetros de legalidad ordinaria.

Por último, el TS distingue este caso de otros que sí suponen una mayor afectación a la intimidad, como la apertura de la caja de seguridad, que se equipara con la entrada en domicilio; así como el precinto de las cajas de seguridad que están situadas en el domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado.

 

El gobierno aprueba un Real Decreto por el que se suspende los lanzamientos de ejecución hipotecaria hasta el 15 de Mayo de 2028

La suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos vulnerables, introducida mediante Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, en respuesta a los efectos derivados de la crisis económica y financiera de 2008, ha ido extendiéndose mediante sucesivas normativas debido a las subsiguientes crisis, tal y como se enuncia en los preámbulos de las distintas normativas, con base a la  pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, se modifica el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, extendiendo la suspensión de lanzamientos de deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad de sus viviendas habituales hasta el 15 de mayo de 2028. Esta prórroga se fundamenta en la persistente necesidad de proteger a las familias vulnerables ante la incertidumbre económica y el aumento de la carga financiera por préstamos hipotecarios.

La entrada en vigor de la nueva prórroga se produce el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 15 de mayo de 2024, asegurando la continuidad de la medida de protección sin interrupciones. La nueva redacción del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, dispone:

«1.?Hasta transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo».

RECLAMACIÓN DEL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD POR EL PADRE EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

¿Tiene el hombre derecho al complemento de maternidad en la pensión de jubilación?

Si, y así se pronunció el TJUE en la sentencia de fecha de 12 de diciembre de 2019, al establecer que el complemento de maternidad en las pensiones contributivas del sistema, era contrario al derecho de la Unión Europea.

Se argumentaba que resultaba discriminatorio que se reconociera un derecho a un complemento de pensión por aportación demográfica solo para las mujeres, mientras que los hombres que se encuentran en una situación idéntica no tienen derecho al complemento.

El Tribunal Supremo en la sentencia de 17-2-22, estima que los hombres que reúnan las exigencias establecidas y estén en la misma situación que las mujeres, tienen derecho a que el complemento de pensión por aportación demográfica se les reconozca con efectos retroactivos desde el nacimiento de la norma que lo establece, dado que el TJUE no dispuso ninguna limitación temporal en su pronunciamiento.

¿Tiene derecho a una indemnización de daños y perjuicios si se ha solicitado a la administración con posterioridad a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no se ha accedido a ello?

Sí, ya que una resolución por la que se deniega a los hombres la concesión del complemento de maternidad, adaptada de conformidad con semejante práctica administrativa la cual, además, se formalizó mediante una norma administrativa publicada, genera para los afiliados de sexo masculino dos tipos de discriminación.

Por un lado la discriminación directa por razón de sexo, que se deriva de los requisitos materiales previstos en la norma controvertida en el litigio principal.

Por otro lado la discriminación relativa a los requisitos procedimentales, que regulan la concesión del complemento de la pensión.

Y ello porque dicha práctica implica para los hombres, la necesidad de hacer valer por vía judicial su derecho al complemento, lo que, en particular, los expone a un plazo más largo para la obtención del complemento y en su caso a gastos adicionales.

Por ello el Tribunal Supremo ha establecido en la SSTS 15-11-2023 el reconocimiento de la cantidad de 1800 euros por los perjuicios ocasionados.

Si necesitas un abogado para reclamar el complemento de maternidad no dude en ponerse en contacto a través de cualquiera de los medios.

¿ Es posible que el beneficiario deje sin efecto la pensión de jubilación tras serle notificado la resolución de que se le concede y esperar a otro momento más favorable?

 

Según la resolución de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo se entiende que sí, y esta decisión no supone una renuncia abdicativa de derechos, ya que el beneficiario puede solicitar la pensión de jubilación la cual es imprescriptible y de acceso voluntario. 

La cuestión resuelta siguió el siguiente camino procesal:

Un trabajador solicita pensión de jubilación  contributiva que le fue reconocida (base reguladora de 764,48 euros porcentaje del 85,49% y efectos de 24-1-2018). El trabajador presentó una reclamación previa renunciando a la pensión e interesando se dejase sin efecto la solicitud, lo que se le denegó.

Ya en vía judicial , en Primera instancia:

se atendió su pretensión y se dejó sin efecto la resolución del INSS que reconoció al actor la pensión de jubilación, ordenando la devolución de todo lo percibido por dicho concepto.

Sin embargo, la sentencia del Recurso de Suplicación revocó la de instancia considerando que:

  1. a) No es posible la renuncia a una pensión de jubilación una vez que ésta ha sido reconocida, ya que la única causa de extinción de la pensión de jubilación establecida en nuestro ordenamiento jurídico (además de la sanción de pérdida por causa de incompatibilidad), es, en consonancia con su carácter vitalicio, el fallecimiento del pensionista.
  2. b) Además,no  hay previsión legal o reglamentariamente que permita renunciar a la pensión de jubilación y que tal renuncia contravendría el principio de irrenunciabilidad de derechos, al establecerse que es nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere el propio sistema de Seguridad Social (LGSS art.3).

El trabajador plantea recurso de casación para unificación de doctrina ante el TS, alegando como sentencia de contraste (TSJ Sevilla 17-3-11, sobre jubilación anticipada).

El recurso fue impugnado por el INSS, informando el Ministerio Fiscal a favor de su procedencia.

Posteriormente la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia estima el recurso de casación , casa y revoca la sentencia de suplicación, declarando la firmeza de la de instancia. Considera básicamente que la actuación del trabajador no es ilegal, ni entraña una renuncia abdicativa unilateral a la pensión de jubilación pública que, por otro lado, podría no disfrutarse con el simple hecho de no solicitarse nunca. Entre los argumentos empleados destacan los siguientes:

  1. La prohibición de renuncia de derechos establecida en la LGSS trata de evitar que el beneficiario, bien sea por pacto individual o colectivo o bien mediante decisión unilateral establezca cualquier disposición que implique renuncia a los derechosque el propio sistema de Seguridad Social le confiere.
  2. En el caso concreto no se está en presencia de tal renuncia de derechos, pues no existe una declaración de voluntad en virtud de la cual el beneficiario de una prestación de jubilación presente o futura expulse de su patrimonio jurídico el derecho  a percibir la prestación de jubilación a la que pudiera tener derecho. Lo que existe es una mera decisión unilateral del trabajador por la que, vista la resolución de la entidad gestora, decide no hacer uso de la misma , en la medida en que desiste de la solicitud, pidiendo que se deje sin efecto y no disfrutar de las consecuencias de dicha decisión, para mantenerse en activo y volver a solicitar de nuevo, cuando lo estime más conveniente para sus intereses, la misma prestación de jubilación en otras circunstancias (de carencia y cotización) que puedan suponerle una prestación mayor.
  3. Es cierto que tal posibilidad no está expresamente prevista en la norma; pero tampoco está expresamente prohibida, porque la situación descrita no implica, en modo alguno, una renuncia al derecho a la prestación de jubilación, sino la manifestación de no querer disfrutarla en la cuantía reconocida para solicitarla más adelante cuando, en virtud de los acontecimientos personales posteriores, dicha cuantía pudiera ser más conveniente para sus intereses. Al respecto, hay que tener en cuenta:
  4. a) Por un lado, que la solicitud de jubilación no resulta obligatoria para quienes cumplan la edad ordinaria de jubilación.
  5. b) Y, por otro, que el propio sistema permite e, incluso, incentiva la prolongación de la vida activa y, con ello, el retraso en la solicitud de la jubilación.

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¿ Qué requisitos tienen que darse para producirse un despido por ineptitud sobrevenida del trabajador?

¿ Qué requisitos tienen que darse para producirse un despido por ineptitud sobrevenida del trabajador?

De manera general se sostiene por la mayoría de la doctrina que deben de darse los siguientes requisitos como causa de extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida.

a) Ha de ser general, es decir, no es suficiente una disminución en el rendimiento respecto de algunas de las funciones o tareas propias del puesto de trabajo o contratadas y que constituyan la labor habitual, sino que es imprescindible que la ineptitud incida sobre el conjunto de las tareas propias del puesto de trabajo o constitutivas del objeto del contrato de trabajo y no solo sobre algunas aisladamente consideradas ( así lo establece la STS de 14 de Julio de 1982).

b) Debe de afectar a las tareas propias de la prestación laboral contratada y no a la realización de trabajos distintos.

c) Debe de presentar un cierto grado, es decir, ha de determinar una aptitud inferior a la media normal de cada momento, lugar y profesión.

d) Debe de ser permanente y no meramente circunstancial

e) Sea debida a causas exógenas a la propia voluntad del trabajador.

¿ Cuáles son las causas para un despido por ineptitud sobrevenida?

Dentro de la jurisprudencia existe una casuística muy diversa, pero podemos dividirla en dos grandes causas:

a) Causas que afectan a la salud, ocasionando una enfermedad o accidente y que suponen una merma para el desarrollo normal de la relación laboral.

b) Causas motivadas por la carencia de facultades debidas a la revocación, falta de titulación o no renovación de títulos o habilitaciones profesionales.

Si necesitas un abogado para un despido puede ponerse en contacto con nosotros a través de cualquier medio.

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por el padre al que le deniegan la guardia y custodia compartida valorando la patología psiquiatra que presenta junto a las malas relaciones existentes

Se trata de un procedimiento de Adopción de Medidas Paterno Filiales,  resultando el sistema de guarda y custodia  la cuestión controvertida, toda vez que el padre interesa la modalidad compartida, que es desestimada en todas las instancias.

Para llegar a la adopción de la medida tanto el juzgado de primera Instancia como la Audiencia Provincial considera que Son relevantes las malas relaciones entre los progenitores, relacionadas con el trastorno bipolar  que padece el padre.

Se trata de un cuadro anímico grave y crónico que, en atención al interés del menor , hace que no sea prudente conceder la custodia compartida, sino un régimen de visitas estandarizado, pero a realizar siempre en presencia de un tercero del círculo familiar paterno.

El argumento principal del padre en la defensa de sus pretensiones es que la citada patología psiquiátrica está controlada y tratada, permitiéndole llevar una vida absolutamente normalizada y estable.

La Sala Primera del Tribunal Supremo en la sentencia que resuelve el recurso de casación de fecha de 29 de noviembre de 2023 considera: 

Los informes obrantes aprecian en él las adecuadas habilidades para ejercer un cuidado responsable del menor.

El TS  recuerda que la compartida no es el sistema excepcional, sino el normal, pero en ocasiones, en interés del menor, lo que procede es la custodia monoparental.

Es verdad que no toda enfermedad mental  o trastorno impide al progenitor asumir el cuidado del menor y el desarrollo de las funciones parentales. Lo decisivo es la repercusión que la enfermedad pueda tener en el menor.

Ello depende de distintos factores: la gravedad y naturaleza de la misma, la incidencia que tenga en las capacidades cognitivas, afectivas y sociales de quien la padece, su evolución y tratamiento, los efectos que haya podido producir en la persona afectada, si ha habido deterioro o se aprecia una situación de estabilidad en el tiempo, la conciencia sobre la enfermedad que se padece como garantía de continuidad en el tratamiento, el apoyo de personas cercanas que faciliten un buen diagnóstico y que intervengan en caso de detectar alguna anomalía, etc.

Pero el TS aprecia que, en este caso, constan una serie de circunstancias que se oponen a considerar que el mejor interés del menor quede garantizado mediante una custodia compartida.

El padre padece oscilaciones en el estado de ánimo y existe cierto riesgo de reversión, ha habido una mayor implicación de la madre en los cuidados del menor, hubo entre las partes ciertas discrepancias en cuestiones de patria potestad que se tuvieron que solventar en la jurisdicción voluntaria y además se aprecia deficiencia en los apoyos familiares con los que cuenta el padre y la distancia entre los domicilios.

Tener conciencia del trastorno que se padece y ser responsable con el tratamiento y medidas para evitar recaídas es solo un dato positivo que debe valorarse junto con otros datos; y ello es precisamente lo que ha permitido establecer el citado régimen de visitas.

Si necesitas un abogado para un procedimiento de guarda y custodia puede ponerse en contacto a través de cualquier medio.

¿ Qué diferencia hay entre despido objetivo y disciplinario? ¿ se debe de notificar por escrito? ¿ es necesario un preaviso?

¿ Cuál es la diferencia conceptual entre despido objetivo y despido disciplinario?

El despido por causas objetivas se diferencia del despido disciplinario, en que el despido disciplinario tiene como fundamento un incumplimiento grave y culpable por parte del trabajador y es una de las medidas a adoptar por parte del empresario derivadas del poder disciplinario.

Sin embargo el despido objetivo es un mecanismo extintivo del contrato de trabajo basado en causas objetivas ( económicas, técnicas, organizativas o de producción)  que justifican la medida y que no tienen nada que ver con los incumplimientos del trabajador.

¿ Es necesario la notificación por escrito al trabajador del despido objetivo?

Sí, ya que es necesario su notificación por escrito mediante carta de despido que debe de ser entregada al trabajador detallando en la misma los hechos que motivan de este y la fecha en que tendrá efectos

¿ Cuál es el contenido mínimo que debe de contener la carta de despido objetivo?

La comunicación debe de contener unos elementos mínimos para poder ser considerada válida y que no adolezca de un vicio formal, lo que conllevaría la declaración de improcedencia del despido por parte del órgano judicial.

La sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha de 12 de Mayo de 2015 se pronuncia con respecto al contenido mínimo de la carta de despido objetivo y señala que en la comunicación escrita de extinción del contrato de por causas objetivas es preciso que se exprese la causa , que se concrete los hechos en los que se funda la decisión extintiva.

No es necesario una pormenorización de los hechos, pero sí un relato suficientemente claro y expresivo que impida la indefensión del demandante, para que pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa y esa finalidad no se cumple cuando la comunicación solo contiene hechos genéricos e indeterminados que perturban gravemente la defensa y atentan al principio de igualdad de partes.

¿ Es obligatorio especificar el importe de la indemnización en la carta de despido objetivo? La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en su sentencia 207/ 2022 de 9 de marzo, ha establecido que no es obligatoria para la empresa indicar el importe de la indemnización en la carta de despido.

Por ello el tribunal considera, por tanto, que no cabe introducir como contenido esencial de la carta de indicación del importe indemnizatorio.

En primer lugar, porque resultaría poco coherente que el hecho de no indicarlo suponga un defecto cuando se está haciendo entrega en el mismo acto del importe.

¿ Es necesario realizar siempre el preaviso en el despido objetivo?

En el despido objetivo se requiere el preaviso de 15 días, comenzando el cómputo desde el momento de la entrega de la comunicación al trabajador hasta la fecha de extinción del contrato de trabajo.

La obligación de preavisar al trabajador de su despido por causas objetivas o su sustitución por la compensación económica correspondiente, nace y se genera del propio acto de comunicación del despido.

El incumplimiento del preaviso no afecta a la validez de la extinción del contrato, la única consecuencia que se deriva en este caso, es que la empresa debe de abonar los días correspondientes al preaviso.

¿ Cómo puede el trabajador reclamar el importe del preaviso no abonado?

Pueden darse dos opciones:

a) Si el trabajador impugna el despido podrá solicitar en el mismo procedimiento que se condene a la empresa al abono de la indemnización por falta de preaviso.

b) Si el trabajador se aquieta ante la decisión extintiva debe de acudir a un procedimiento ordinario, dentro del plazo de prescripción de un año computado desde la fecha de la notificación de la extinción tal y como se desprende de la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha de 22 de enero de 2007.

Si tiene cualquier duda o necesita un abogado para un despido no dude en ponerse en contacto

¿Existe delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento o medida de protección aun cuando la mujer consienta el contacto?

Se ha planteado en numerosos procedimientos la circunstancia de la existencia del consentimiento de la mujer a los efectos de evitar la imposición de una pena sosteniendo en algunas ocasiones que la acción no es típica al intentar acreditar la existencia de un error del tipo que excluiría la tipicidad, y en otras ocasiones al entender que la acción no sería culpable por existir un error de prohibición.

Debemos de partir de que si bien en un primer momento en la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 1156/2005 de 29 de septiembre de 2005 se rechazó la existencia de un quebrantamiento cuando se reanuda la convivencia, estando vigente la medida de alejamiento, razonando que la pena o medida de alejamiento está directamente enderezada a proteger a la víctima de la violencia que pudiera provenir de su anterior conviviente, la decisión de la mujer de recibirle y reanudar la vida con él, acredita de forma fehaciente la innecesaridad de la protección.

Sin embargo con posterioridad el Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 25 de Enero de 2008 acordó:

«el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468.2 del Código Penal”

Tesis que fue acogida con posterioridad en la Sentencia de fecha de 29 de enero de 2009 39/2009.

Por ende el consentimiento de la mujer es irrelevante y cometerá el delito aunque la víctima sea la que consienta el acercamiento y reanudación de la convivencia, ya que no está legitimada para ello, ni el juez para alzar una pena que ha sido impuesta.

Con respecto a la alegación de error de tipo invencible podemos citar la siguiente resolución:  

La Sentencia  539/2014 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha de 2 de julio de 2014  niega esa posibilidad y señala al respecto que:

“aceptar el error de tipo supondría reconocer la posibilidad de una equivocación por parte del autor acerca de la capacidad de cualquier víctima para decidir sobre la vigencia de mandatos judiciales y forma parte de la experiencia comúnmente aceptada que el otorgamiento de esas medidas cautelares, así como las decisiones ulteriores sobre su mantenimiento o derogación, solo incumben al órgano jurisdiccional que la haya dictado”

                                   Con respecto a la alegación de error de prohibición

La jurisprudencia entiende que no puede ser admitido tal error ante una prohibición tan elementalmente comprensible como lo es la de contravenir una orden expresa del juez relativa a su obligación de no aproximarse a la mujer maltratada, así se desprende de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 519/2014 de 28 de Abril.

Así en la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 172/2009 de 24 de febrero se llega a la conclusión de que no hay un error de prohibición, ya que el acusado tiene noticia de la sentencia y de su firmeza ya que le fue notificada, y llega a la conclusión de que no puede alegarse error alguno respecto del conocimiento de la obligatoriedad de cumplir lo resuelto por el juez por encima de los deseos de las partes, pues se trata de un aspecto general de conocimiento.

 

Si necesitas un abogado penalista no  dudes en ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantado de atenderle.