¿ Necesitas un abogado para presentar un recurso de nacionalidad Española por haber transcurrido más de un año desde que presentaste la solicitud?

Si te encuentras en ese supuesto, en el que presentaste la solicitud de concesión de la nacionalidad hace más de un año, pero aún no te han respondido, puedes interponer un recurso contencioso por silencio desestimatorio.

Para poder interponer el recurso se necesita de Abogado y Procurador y se interpondría el Recurso ante la Audiencia Nacional. Nuestro despacho se encuentra en la localidad de Melilla, pero podemos dirigir procedimientos de cualquier lugar del territorio español , pues el Recurso se puede interponer por medios telemáticos y en pocas ocasiones habría que desplazarse hasta la sede de la Sala.

Es importante que conozcas que el hecho de que no hayan respondido en un año ¡ NO QUIERE DECIR QUE TE HAYAN DENEGADO LA CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD! , sino que se trata de una ficción jurídica

Para cualquier cuestión, puedes consultarnos y estaremos encantado de atenderle.

PROTOCOLO SOBRE DENUNCIAS DE MALOS TRATOS Y PARTES DE LESIONES A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Se vienen apreciando discrepancias y disfunciones en la forma de proceder de algunos centros cuando se tiene conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delito, específicamente, ante la emisión de partes de asistencia por lesiones por parte del personal sanitario y ante la recepción de quejas o denuncias específicas en materia de malos tratos infligidos a las personas privadas de libertad.

Por ello, en el marco de las previsiones legales y de las órdenes e indicaciones dadas anteriormente desde estos Servicios Centrales, se estima de interés establecer unas pautas generales de actuación que clarifiquen la gestión y unifiquen la forma de proceder en estos supuestos.

Tres serían las cuestiones a tratar:

Primero.– Comunicación al Juzgado de Guardia de cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito, conforme a lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Segundo.- Remisión de todos los partes médicos de asistencia por lesiones emitidos (Art.355 de la LECrim).

Tercero.- Protocolo de actuación ante denuncias por malos tratos.

Primero.- Participación al Juzgado de Guardia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito.

Los hechos que conozca el Director de un centro penitenciario que pudieran ser constitutivos de delito deberán ser puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial (artículo 262 de la LECrim).

Esta comunicación, que deberá realizarse a la mayor brevedad y, en todo caso, cuando se participen los hechos a la Inspección Penitenciaria y Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, no obsta para que inmediatamente se realicen las diligencias de prevención que se consideren necesarias (art. 284 LECrim)

Segundo.- Remisión de los partes médicos de asistencia por lesiones emitidos por el personal sanitario del centro.

El parte de lesiones es un documento médico legal mediante el cual el personal facultativo pone en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de unas lesiones de las que tiene conocimiento por haber atendido a la persona.

Como se indica en la Instrucción 14/1999, el destinatario principal e inexcusable es el Juzgado de Guardia y por ello, a través de Orden de Servicios de 1 de julio de 2019 se realizó un recordatorio de tal deber legal, instando a la Dirección de los centros a garantizar tal remisión y supervisar fueran debidamente cumplimentados, de acuerdo a las indicaciones sanitarias y protocolo existente al respecto.

En este sentido, se reitera la necesidad de que en ellos se describa de forma adecuada el tipo de lesión sufrida, su forma, sus dimensiones, su localización exacta y demás características.

Es necesario que se cumplimente el preceptivo parte de lesiones en todos los casos atendidos por el personal sanitario, incluso en la ausencia de lesiones objetivables especialmente cuando el interno asegure haber sido objeto de maltrato. En este caso, deberá constar en el parte lo que el lesionado refiere y el resultado negativo de la exploración.

En cualquier caso, siempre que el personal sanitario emita un parte de asistencia por lesiones, inexcusablemente la Dirección del centro debe, de manera inmediata y en todo caso dentro de las 48 siguientes a su recepción, remitirlo al Juzgado de Guardia, acompañado de un informe adicional en el que se reflejen los datos de los que se tenga constancia en ese momento y de la documentación de que se disponga; y todo ello sin perjuicio de que posteriormente puedan remitirse los informes complementarios y documentos que se estimen pertinentes.

Tercero.- Protocolo de actuación en materia de malos tratos.

En materia de malos tratos la Administración Penitenciaria es especialmente escrupulosa al objeto de su erradicación de nuestros centros, resultando indispensable a este fin una absoluta transparencia sobre la gestión de las denuncias por malos tratos y una adecuada investigación de las mismas.

Con tal finalidad se estima necesario concretar los criterios que deben regir la actuación en esa materia, estableciendo un protocolo que regule la forma de proceder para el adecuado registro y seguimiento de las denuncias y quejas por malos tratos en todos los centros penitenciarios.

A.- Concepto

En primer lugar y para acotar el concepto de malos tratos, advertir que no solo se circunscribe a la violencia física, sino que, en línea a la definición ofrecida por los organismos internacionales de promoción de los Derechos Humanos, debe entenderse en una acepción extensiva.

Así la Asamblea de las Naciones Unidad en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) en su artículo 1 establece que :“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

La Constitución Española (1978) en su artículo 15 establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.

En línea a la definición anterior, nuestro Código Penal (1995) en su artículo 174 y ss. refiere que “Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral” y el artículo 175 señala que “La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado […]”. Y dentro del capítulo De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales el artículo 533 señala que “El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado […]”.

Por su parte, la Ley Orgánica General Penitenciaria (1979), en su artículo 6 establece: “Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra” y el Reglamento Penitenciario (1996) en su artículo 4.2, en relación a los derechos de los internos, señala que: “a) Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas”.

B.- Protocolo de gestión

Las quejas o denuncias por malos tratos infligidos a las personas privadas de libertad pueden ser conocidas por la Dirección del centro penitenciario a través de diferentes vías: por la exposición oral o escrita que realice la persona afectada, por el personal penitenciario o terceros, o a través de las solicitudes de información que les remitan autoridades e instituciones sobre las denuncias que reciban.

1. Denuncias verbales o escritas formuladas por las personas privadas de libertad ante la Dirección o personal del centro penitenciario.

Una vez la Dirección del centro tenga conocimiento de la misma, deberá proceder de la siguiente forma:

  • a. Recabará la documentación obrante relacionada con los hechos denunciados (partes de hechos o informes de funcionarios, jefe de servicios, etc.), a fin de adoptar las medidas de prevención necesarias para garantizar la conservación de las pruebas que pudieran existir sobre los hechos denunciados.En concreto, deberá procederse de manera inmediata a verificar la existencia de imágenes grabadas asociadas a los hechos denunciados y, en el supuesto de que así fuera, se llevará a cabo su extracción para garantizar su conservación.
  • b. Acordará se reciba declaración escrita y firmada de la persona privada de libertad que haya denunciado.
  • c. De estimarse pertinente y no constar, requerirá reconocimiento médico del denunciante y emisión de parte de asistencia por lesiones. A estos efectos, se estimará siempre procedente cuando los hechos denunciados constituyan violencia física, debiendo cumplimentarse tal documento se aprecien o no lesiones.
  • d. Remitirá la denuncia, inmediatamente y en todo caso en plazo no superior a 48 horas desde su recepción, al Juzgado de Guardia y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, acompañada de un informe inicial y la documentación obrante.En los casos en los que, en cumplimiento de la Orden de Servicio de 1 de julio de 2019, ya se hubiera remitido al Juzgado de Guardia y Juzgado de Vigilancia un parte de lesiones sobre los hechos denunciados, se hará saber tal circunstancia a dichas autoridades remitiendo la denuncia y la nueva documentación con que se cuente.
  • e. Se anotará la denuncia en el libro registro previsto al efecto en las Órdenes de Servicios 6/2016 y 8/2018, remitiendo copia completa de todo lo actuado a la Subdirección General de Análisis e Inspección.

Especial mención merecen los supuestos en que la Dirección del centro tiene conocimiento de la denuncia de malos tratos a través del parte de lesiones emitido por el servicio médico. En estos casos deberá prestarse especial atención al contenido literal de lo referido por el paciente en el momento de la atención: apartado “Exposición de los hechos que motiva la asistencia (según el paciente)”.

2.- Hechos que pudieran ser constitutivos de malos tratos que sean conocidos por la Dirección a través de la denuncia formulada por terceros: profesionales, colaboradores u otras personas privadas de libertad no objeto de los mismos.

Se trata de supuestos en los que no existe denuncia o queja por parte de la persona privada de libertad objeto de maltrato, sino que algún profesional penitenciario, colaborador o tercero pone en conocimiento de la Dirección hechos susceptibles de ser considerados malos tratos a una persona privada de libertad.

En estos casos la Dirección deberá:

  • a. Recabar informe detallado del profesional penitenciario, colaborador o tercero que formule la denuncia.
  • b. Recabar la documentación relacionada con los hechos, si la hubiere (partes de hechos o informes de funcionarios, Jefe de Servicios, etc.), y al igual que en el supuesto anterior, adoptar si procede las medidas de prevención oportunas que garanticen la conservación de las pruebas que pudieran existir sobre los hechos denunciados, fundamentalmente verificando y extrayendo, si existiesen, las imágenes del sistema de videograbación.
  • c. Requerirá declaración escrita y firmada de la persona privada de libertad afectada.
  • d. De estimarse pertinente y no constar, se requerirá reconocimiento médico y emisión de parte de lesiones de la persona objeto de mal trato. A estos efectos, siempre se estimará procedente cuando los hechos denunciados constituyan violencia física, debiendo cumplimentarse tal documento se aprecien o no lesiones.
  • e. Se dará conocimiento al Juzgado de Guardia y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de los hechos, inmediatamente o en todo caso en plazo no superior a 48 horas a haberlos conocido, remitiendo oficio informado relativo a la información y documentación recabada hasta el momento, que deberá adjuntarse.
  • f. Esta denuncia deberá anotarse en el libro de registro de malos tratos, conforme establece la Orden de Servicio 8/2016 y 1/2018, remitiéndose copia completa de todo lo actuado a la Subdirección General de Análisis e Inspección.

3.- Denuncias formuladas por las personas privadas de libertad o terceros (familiares, amigos, representante legal u otros) ante las Autoridades Judiciales.

  • a. Serán remitidas a la mayor brevedad posible a la Autoridad Judicial a la que van dirigidas. Si la Dirección tuviera conocimiento de los hechos denunciados por cualquiera de las vías señaladas en los puntos anteriores se procederá como se indica en ellos.
  • b. Conforme a la Orden de Servicio de la Dirección General de Ejecución Penal 1/2018, si la denuncia se cursara en sobre cerrado o se formula por terceros, sin que la Dirección tuviera conocimiento de la misma por otras vías, cuando se requiera información por la Autoridad Judicial, la Dirección deberá:
    • • Cumplimentar la información solicitada y remitir cuantos documentos, informes y resultados de indagatorias le sean requeridas para el esclarecimiento de los hechos.
    • • Ordenar su anotación en el libro de registro de denuncias de malos tratos, conforme a lo indicado en la Orden de Servicio 1/2018
    • • Informar a la Subdirección General de Análisis e Inspección Penitenciaria, remitiendo copia de los documentos que obren al respecto

4.- Denuncias conocidas por la Dirección del centro a través de la Subdirección General de Análisis e Inspección.

Es frecuente la recepción de denuncias por malos tratos en los servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, bien porque sean remitidas por la propia persona afectada o sus familiares, allegados, u otras, bien porque se reciban a través de instituciones o entidades (Defensor del Pueblo, Congreso, Casa Real, etc.), que las remitan para su investigación e informe.

En estos casos, una vez se requiera informe al centro por parte de la Subdirección General de Análisis e Inspección, la Dirección deberá:

  • a. Ordenar su anotación en el libro de registro de denuncias por malos tratos, conforme a la Orden de Servicios 1/2018.
  • b. Llevar a cabo las actuaciones que se requieran y remitir, una vez finalizadas, informe sobre las mismas junto con la documentación y pruebas que procedan.

C.- Registro de denuncias

Conforme se establece en las citadas Órdenes de Servicio 6/2016 y 1/2018, se reitera que:

Todas las denuncias o quejas por malos tratos deberán constar debidamente reflejadas en el libro de registro del centro previsto para tal finalidad, de acuerdo con los criterios expuestos en los apartados anteriores.

  • a. De todas estos registros se hará seguimiento –aunque el interno haya sido trasladado- por parte de la Dirección del Centro hasta la conclusión del/los procedimiento/os que sobre los hechos se hayan abierto.
  • b. Los cinco primeros días de cada mes se remitirá al Inspector Adjunto de la zona copia del libro registro de denuncias por malos tratos con las novedades que se hayan producido

ALEGACIONES IPEC MILITAR

Si te han realizado un IPEC y no estás de acuerdo con la valoración que se recoge en el mismo, debes de presentar alegaciones al mismo.

Lo primero que debes de preguntarte es si el IPEC es procedente con respecto al artículo 6 de la norma OM 55/2010 ya que en dicho artículo se establece la periodicidad de los mismos, que se establecen en dos años para las escalas de tropa y marinería y en un año para el resto.

Ahora bien, caben una serie de circunstancias que pueden dar motivos a la elaboración de un IPEC de carácter extraordinario, para ello hay que tener en cuenta los supuestos que se establecen en el artículo 6.

Una vez que hemos determinado la procedencia del informe, debemos de saber que en el artículo 8 se contempla la posibilidad de formular alegaciones al informe, asimismo se concede un plazo no superior a diez días hábiles para presentar las alegaciones.

En la práctica no se permite que se fotocopie el informe, por lo que el interesado deberá de copiar a mano todos los recuadros y las valoraciones para poder estudiarlo por parte del profesional.

Por ello, si te encuentras en un momento en el que te acaban de notificar un IPEC el cual no consideras justo o adecuado a la realidad, ponte en contacto con nosotros y nos pondremos a elaborar las alegaciones.

Se aprueba la eutanasia en España

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, pretende hacer compatibles el derecho a la vida y a la integridad física y moral con otros bienes constitucionalmente protegidos, como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Podrán solicitar la prestación de ayuda para morir, que se incluirá en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, quienes se hallen en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el 25 de marzo la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

El objeto de la norma es, conforme indica su texto, regular el derecho de toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, así como el procedimiento y las garantías que han de observarse y los deberes del personal sanitario y de las administraciones e instituciones concernidas.

El derecho a la vida y el «contexto eutanásico.

El texto pretende dar respuesta a lo que considera una demanda sostenida de la sociedad actual y justifica la legalización y regulación de la eutanasia, de un lado, sobre los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, sobre bienes constitucionalmente protegidos, como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Se busca, dice la norma, legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denomina contexto eutanásico. Con ese fin, la ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos.

Nuevo derecho individual: la eutanasia

El texto introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, la eutanasia, es decir, la muerte de una persona de forma directa e intencionada, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.

El texto pretende conectar la eutanasia con el derecho a la vida, que entiende debe cohonestarse con otros derechos y bienes, como la integridad física y moral, la dignidad humana, la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad, y afirma que cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad de su titular.

Padecimiento grave, crónico e imposibilitante y enfermedad grave e incurable

El capítulo I de la norma delimita su objeto y ámbito de aplicación y establece algunas definiciones.

Así, define el padecimiento grave, crónico e imposibilitante como la situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.

Y la enfermedad grave e incurable como aquélla que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

Requisitos para el ejercicio del derecho

El capítulo II establece los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación de ayuda para morir y las condiciones para su ejercicio. Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada, y que se encuentre en los supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Se articula también la posibilidad de solicitar esta ayuda mediante el documento de instrucciones previas o equivalente, legalmente reconocido.

El texto exige haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.

Cuando el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándola del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia. En este último caso el médico que trata al paciente estará legitimado para solicitar y obtener el acceso al documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas.

La denegación de la prestación de ayuda para morir deberá realizarse por escrito y de manera motivada por el médico responsable. Contra esta denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo de diez días naturales desde la primera solicitud, la persona que hubiera presentado la misma podrá presentar en el plazo máximo de quince días naturales una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación.

Procedimiento

El capítulo III regula el procedimiento que se debe seguir para la realización de la prestación de ayuda para morir y las garantías que han de observarse en la aplicación de dicha prestación. Las comisiones de Garantía y Evaluación deberán verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que se establecen.

La prestación de ayuda para morir, incluida en el Sistema Nacional de Salud

La ley prevé que la prestación de ayuda para morir se pueda producir de dos modos: bien mediante la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional sanitario, o bien mediante la prescripción o suministro de una sustancia, de manera que el paciente se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte.

El capítulo IV establece los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir, incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando su financiación pública y su prestación también en centros privados o en el domicilio.

Objeción de conciencia del personal sanitario

La ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, que deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. Prevé además que las administraciones sanitarias creen un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, sometido a estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos.

Comisiones de Garantía y Evaluación

Finalmente el capítulo V regula las Comisiones de Garantía y Evaluación que deberán crearse en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Entre sus funciones, el texto señala la de resolver en el plazo máximo de veinte días las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir y verificar en el plazo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley.

Consideración como muerte natural

La disposición adicional primera establece por su parte que quienes solicitan ayuda para morir al amparo de la ley se considerará que fallecen por muerte natural. El resto de disposiciones se refieren al sometimiento de las infracciones de lo dispuesto por la ley al régimen sancionador previsto en la Ley 14/1986, General de Sanidad, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civil, penal, profesional o estatutaria; al informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la ley que las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad; al aseguramiento de recursos y medios de apoyo a las personas con discapacidad; a la tramitación de recursos por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona en la Ley 29/1998, de 13 de julio; a la elaboración de un manual de buenas prácticas para orientar la correcta puesta en práctica de la ley, y al establecimiento de mecanismos para dar la máxima difusión a la norma entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía y una oferta de formación continua específica sobre la ayuda para morir.

Modificación del Código Penal

Se modifica asimismo el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objeto de despenalizar las conductas eutanásicas en los supuestos y condiciones establecidos por la nueva ley. Así:

«4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.»

Entrada en vigor

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, entrará en vigor el 25 de junio de 2021, a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo el artículo 17, relativo a la creación y composición de las Comisiones de Garantía y Evaluación, que entrará en vigor al día siguiente de aquella publicación y que a su vez prevé que estas Comisiones se creen y constituyan en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de dicho artículo.

En tanto no dispongan de su propio reglamento de orden interno, el funcionamiento de las Comisiones de Garantía y Evaluación se ajustará a las reglas establecidas en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.SUBIR

REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA COMUNITARIA

¿ Cuáles son los requisitos?

CIUDADANOS A LOS QUE LES ES DE APLICACIÓN

Los familiares de ciudadano español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando se reúnan con él o le acompañen, y vayan a residir en España por un período superior a tres meses, deberán solicitar y obtener una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.

  • ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESTADOS PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
    • Alemania
    • Austria
    • Bélgica
    • Bulgaria
    • Chipre
    • Croacia
    • Dinamarca
    • Eslovaquia
    • Eslovenia
    • España
    • Estonia
    * Estados parte en el Acuerdo Sobre el Espacio Económico Europeo.** Acuerdo de 21 de junio de 1999, entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, sobre libre circulación de personal.

NORMATIVA BÁSICA

  • Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
  • Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
  • Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2004, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

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REQUISITOS

  • Acompañar o reunirse con un ciudadano de la Unión u otro Estado parte del Espacio Económico Europeo, con derecho a residencia por un período superior a tres meses, por ser trabajador por cuenta ajena o propia, tener seguro de enfermedad y medios económicos suficientes para la unidad familiar, o ser estudiante con seguro de enfermedad y recursos suficientes para la unidad familiar.
  • El ciudadano de la Unión u otro Estado parte del Espacio Económico Europeo, debe cumplir una de las siguientes condiciones:
    • Ser trabajador por cuenta ajena en España, o
    • Ser trabajador por cuenta propia en España, o
    • Disponer para sí y los miembros de su familia, de recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia. También deberá aportar un seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, que proporcione cobertura en España durante su período de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. La valoración de la suficiencia de medios económicos se efectuará de manera individualizada y, en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante. Se considerará acreditación suficiente para el cumplimiento de este requisito la tenencia de recursos que sean superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a recibir una prestación no contributiva, o
    • Ser estudiante y estar matriculado en un centro público o privado reconocido o financiado por la administración educativa para cursar estudios o formación profesional, así como contar con un seguro de enfermedad público o privado contratado en España u otro país que proporcione cobertura completa en España, y declaración responsable de que posee recursos económicos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social de España durante su periodo de residencia.

Tener el siguiente parentesco con el ciudadano de la Unión:

  • Si es familiar de estudiante podrá ser:
    • Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.
    • Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.
    • Hijo del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja registada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de la pareja, menor de veintiún años o mayor de dicha edad que viva a su cargo, o sea incapaz.
    • Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia estén a cargo o vivan con el ciudadano de la Unión. Se entenderá acreditada la convivencia si se demuestra fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia
    • Cualquier miembro de la familia, que por motivos graves de salud o discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo de su cuidado personal
    • Pareja de hecho no inscrita con la que mantenga una relación estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de ese vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada. Las situaciones de matrimonio y pareja se considerarán, en todo caso, incompatibles entre si.
  • En los demás supuestos podrá ser:
    • Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.
    • Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.
    • Hijo directo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo o de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral como pareja, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que viva a su cargo, o incapaz.
    • Ascendiente directo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo o de su cónyuge o pareja registrada que viva a su cargo, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de la pareja.
    • Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia estén a cargo del ciudadano de la Unión.
    • Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia conviva con el ciudadano de la Unión. Se entenderá acreditada la convivencia si se demuestra fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia
    • Cualquier miembro de la familia, que por motivos graves de salud o de discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal
    • Pareja de hecho no inscrita con la que mantenga una relación estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo duradero. En todo caso se entenderá la existencia de ese vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada. Las situaciones de matrimonio y pareja se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.

Se entenderá que están a cargo aquellos familiares cuyo sostén económico lo proporciona el ciudadano de la UE y necesitan ayuda material para cubrir sus necesidades básicas. Esta dependencia debe darse en el país de origen

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DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE

Nota: con carácter general se deberán aportar copias de los documentos y exhibir los originales en el momento de presentar la solicitud.

  • Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–19) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el familiar del ciudadano de la Unión. Dicho impreso puede obtenerse en http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ModelosSolicitudes/index.html.
  • Pasaporte completo válido y en vigor del familiar. En el supuesto de que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.
  • Documentación acreditativa de la existencia de vínculo familiar con el ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo
  • En caso de pareja no registrada, documentación acreditativa de que constituyen una pareja estable que atestigua la existencia de un vínculo duradero, así como justificación del tiempo de convivencia marital o, en su caso, certificado de nacimiento de la descendencia en común.
  • Si es hijo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo o de su cónyuge o pareja de hecho registrada mayor de 21 años, documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo o dependiente
  • Si es hijo menor de edad y no reside en España con los dos progenitores, documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo o dependiente del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja registrada
  • Si es ascendiente del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja registrada, documentación acreditativa de su condición de familiar a cargo
  • D.N.I. del ciudadano español o certificado de registro del ciudadano de la Unión al que acompañan o con el que van a reunirse
  • Si se trata de otro miembro de la familia, documentación acreditativa del parentesco y de la dependencia, o de que en el país de procedencia convivían con el ciudadano de la Unión, o de los motivos graves de salud o discapacidad.
  • Dependiendo de la condición que cumpla el ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo:
    • Si es trabajador por cuenta ajena: podrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:
      • Declaración de contratación del empleador o certificado de empleo, incluyendo, al menos, los datos del nombre y dirección de la empresa, identificación fiscal y código cuenta de cotización.
      • Contrato de trabajo registrado en el Servicio Público de Empleo, o la comunicación de la contratación y sus condiciones a través de la plataforma CONTRAT@.
      • Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social.
    • Trabajador por cuenta propia podrá aportar cualquiera de los siguientes documentos:
      • Inscripción en el Censo de Actividades económicas.
      • Justificación de su establecimiento mediante Inscripción en el Registro Mercantil.
      • Documento de alta o situación asimilada al alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social, o consentimiento de la comprobación de los datos en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria.
    • Si no se ejerce actividad laboral en España se deberá aportar:
      • Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público o privado, contratado en España o en otro país, siempre que proporcione una cobertura en España durante su periodo de residencia equivalente a la proporcionada por el Sistema Nacional de Salud. Los pensionistas cumplen con esta condición aportando certificación de disponer asistencia sanitaria con cargo al Estado por el que perciben pensión.
      • Documentación que acredite disponer de recursos suficientes para el ciudadano de la Unión y sus familiares para el periodo de residencia en España. Se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, tales como títulos de propiedad, cheques certificados, documentación justificativa de obtención de rentas de capital o tarjetas de crédito con certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.
    • Si es estudiante deberá presentar la siguiente documentación:
      • Matrícula del centro de enseñanza, público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente.
      • Documentación que acredite disponer de seguro de enfermedad público o privado. Podrá aportar tarjeta sanitaria europea con una validez que cubra el periodo de residencia y le habilite a recibir las prestaciones sanitarias necesarias desde el punto de vista médico, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista.
      • Declaración responsable de que posee recursos suficientes para sí y para los miembros de su familia, para su periodo de residencia en España.
      Se considerará suficiente para el cumplimiento de los requisitos la presentación de documentación acreditativa de participar en un programa de la Unión Europea que favorezca el intercambio educativo para estudiantes y profesores.
    • Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.

Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud.

Cuando se trate de formularios estándares de la Unión Europea no será necesaria ni su traducción, ni su legalización de conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria que los ampara. Por ejemplo: modelos de asistencia sanitaria S1, E109, E121…

Por otro lado, todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular de España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento o, en su caso, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 y salvo que dicho documento esté exento de legalización en virtud de Convenio Internacional. Para obtener más información sobre la traducción y legalización de los documentos se podrá consultar la hoja informativa correspondiente

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PROCEDIMIENTO

  • Sujeto legitimado para presentar la solicitud: el familiar del ciudadano de la Unión o de otro Estado parte, personalmente.
  • Lugar de presentación: Oficina de Extranjería de la provincia donde pretendan residir o en la Comisaría de Policía correspondiente. Para obtener información de la dirección, teléfonos y horarios de atención al público de la Oficina de Extranjería se podrá consultar la página: https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/extranjeria/extranjeria_ddgg.htm.
  • Plazo de presentación: tres meses contados desde la fecha de entrada en España. Se entregará un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud que es suficiente para acreditar la situación de estancia legal hasta la entrega de la tarjeta.
  • Tasas: deberá se abonada con anterioridad a la expedición de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.
  • La expedición de la tarjeta de residencia deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud. La resolución favorable tiene efectos desde la fecha acreditada de entrada en España siendo familiar de ciudadano de la Unión.
  • Validez de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión: la tarjeta tendrá una validez de cinco años a partir de la fecha de expedición, o del periodo previsto de residencia del ciudadano de la Unión, si dicho periodo fuera inferior a cinco años.

FUENTE: https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomunitarios/hoja103/index.html

Locales de Negocio y pandemia

Si tienes un contrato de arrendamiento distinto al de vivienda y te encuentras en la localidad de Melilla, independientemente de que seas arrendador o arrendatario es necesario que te informes acerca de las posibilidades existentes a la regularización de la situación del contrato de arrendamiento mientras dura la declaración del estado de alarma.

Para ello puedes contactar con nosotros y estaremos encantados de atenderte.

Para poder asesorarte de la forma más completa, necesitaremos el contrato de arrendamiento, así como conocer si existe un acuerdo previo entre las partes y si se han acogido al Real Decreto 35/2020, que establece una serie de medidas en beneficio del arrendatario.

Nos deben de explicar cuál es su situación y cuales son las medidas que le interesaría conseguir en su caso.

Estamos especializados en defender los intereses de ambas partes dependiendo de la posición jurídica de nuestro cliente.

El Tribunal Supremo impone las costas a un banco que se allanó a una demanda judicial por ‘cláusula suelo’ tras rechazar una reclamación extrajudicial del consumidor

Sentencia 36/2021, de 27 de enero. Recurso (CAS) 1358/2018
Reclamación extrajudicial sobre cláusula suelo anterior al RDL 1/2017. Imposición de las costas procesales a la entidad financiera que, tras haber rechazado la reclamación extrajudicial del consumidor, se allanó luego a la demanda.
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido.
Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial resolvieron que cada parte debía cargar con sus propias costas porque la demanda se había presentado cuando ya estaba en vigor el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y el demandante no había acudido al procedimiento extrajudicial previsto en dicha norma.
La Sala Primera, en cambio, tiene en cuenta que, aunque la reclamación extrajudicial del consumidor tuvo lugar antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, esa actuación fue justamente la prevista en esta norma: efectuar una reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo indebidamente cobrado por su aplicación. La entidad financiera rechazó la solicitud alegando que su actuación había sido correcta y que la cláusula suelo no era abusiva. Sin embargo, interpuesta la demanda, se allanó a la misma.
Por ello, el Tribunal Supremo concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial infringe el RDL 1/2017 si se interpreta a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La entidad Bancaria deberá abonar los gastos de gestoría y tasación, cuando la escritura sea anterior a la Ley 5/2019.

Nulidad de la cláusula que imponía al prestatario el pago de los gastos hipotecarios. Efectos. Obligación de restitución inherente a dicha declaración de nulidad. En lo que respecta al impuesto de actos jurídicos documentados, la nulidad de la clásusula no podía conllevar la atribución de todos los gastos derivados del impuesto al banco prestamista pues el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. En cuanto a los gastos notariales y del Registro de la Propieda, debe reintegrarse al prestatario la mitad de los mismos. Y respecto a los gastos de gestoría y tasación, con anterioridad a la Ley 5/2019, de Contratos de Crédito Inmobiliario, no existía ninguna previsión normativa sobre cómo debían abonarse esos gastos. En esa situación, ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabe negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula declarado abusiva.

¿ Se establece alguna compensación para los arrendadores en caso de suspensión de los desahucios tras la promulgación del RD 37/2020 de 22 de diciembre?

Sí, en la norma se recoge el derecho a una compensación para los arrendadores.

Hay que tener en cuenta lo que establece la norma, porque no se va a generar el derecho a la compensación desde la suspensión del desahucio, sino desde el momento en que pasen tres meses desde la emisión del informe por los servicios sociales, y siempre y cuando en esos tres meses no se haya adoptado las medidas por parte de la administración competente.

Ahora bien, del tenor literal de la norma, se desprende que en principio el derecho comenzará a devengarse una vez transcurrido tres meses desde que se emita el informe correspondiente por parte de los servicios sociales en el que se debe de señalar las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, y no se hubiera adoptado tales medidas.

¿ Qué cantidad podrá percibir el arrendador?

Por otro lado las cantidades a las que se tiene derecho consistiría en el valor medio que correspondiera a un alquiler de vivienda en el entorno en el que se encuentre el inmueble, determinado a través de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado, más los gastos corrientes de la vivienda que se acredite haber asumido el arrendador desde la suspensión hasta que se levante por el tribunal.

Si el valor fuera superior que la renta pactada, se estará a la renta dejada de percibir por el arrendador, más los gastos corrientes.

¿ Hasta cuando puede presentar el arrendador la solicitud de compensación?

En el Real Decreto se establece que hasta pasado un mes después de la vigencia del estado de alarma

¿ Es obligatorio vacunarse?

¡

La campaña de vacunación de la covid-19 ha planteado el interrogante sobre su posible obligatoriedad, ya sea con carácter general, ya sea en ámbitos más concretos, como el laboral.

Con carácter general, la regla es en nuestro Derecho la no obligatoriedad de la vacunación. No cabe ninguna duda de que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden impulsar acciones de prevención primaria, como la vacunación, conforme a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, pero la participación de los ciudadanos en tales actuaciones es voluntaria, sin perjuicio de su deber de colaboración.

Sin embargo, no cabe desconocer tampoco que las autoridades sanitarias competentes pueden adoptar medidas especiales en materia de salud pública, conforme a la Ley orgánica, 3/1986, de 14 de abril, e, incluso, cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley, los facultativos, al amparo de lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, pueden llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento.

Ello no obstante, habría que analizar si en el caso de la vacuna de la covid concurren los criterios necesarios para poder adoptar una medida como la vacunación obligatoria, dado que, en principio, la tasa de letalidad es baja, el riesgo de mortalidad es muy distinto en función de la edad y tampoco existen certezas hoy por hoy sobre la inmunidad que pueda llegar a alcanzarse con la vacunación, circunstancias que, entre otras, podrían dificultar poder llegar a imponer con carácter obligatorio la vacuna a toda la población.

Cuestión distinta sería la autorización judicial de la vacunación forzosa en determinados casos, atendidas las circunstancias concretas de la situación, una vez ponderados los derechos fundamentales de quienes se negasen a vacunarse con el riesgo para la salud colectiva y la proporcionalidad de la medida.