¿ Necesitas un abogado para presentar un recurso de nacionalidad Española por haber transcurrido más de un año desde que presentaste la solicitud?

Si te encuentras en ese supuesto, en el que presentaste la solicitud de concesión de la nacionalidad hace más de un año, pero aún no te han respondido, puedes interponer un recurso contencioso por silencio desestimatorio.

Para poder interponer el recurso se necesita de Abogado y Procurador y se interpondría el Recurso ante la Audiencia Nacional. Nuestro despacho se encuentra en la localidad de Melilla, pero podemos dirigir procedimientos de cualquier lugar del territorio español , pues el Recurso se puede interponer por medios telemáticos y en pocas ocasiones habría que desplazarse hasta la sede de la Sala.

Es importante que conozcas que el hecho de que no hayan respondido en un año ¡ NO QUIERE DECIR QUE TE HAYAN DENEGADO LA CONCESIÓN DE LA NACIONALIDAD! , sino que se trata de una ficción jurídica

Para cualquier cuestión, puedes consultarnos y estaremos encantado de atenderle.

 

¿ Cuál es el plazo mínimo de duración del arrendamiento de vivienda?

El plazo de duración de un arrendamiento de vivienda viene regulado en el artículo 9 de la Ley 29/1994  de Arrendamientos urbanos.

Dicho artículo establece lo siguiente: 

1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.

2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no se haya estipulado plazo de duración o este sea indeterminado, sin perjuicio del derecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del apartado anterior.

3. Una vez transcurrido el primer año de duración del contrato y siempre que el arrendador sea persona física, no procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se hubiese hecho constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Para ejercer esta potestad de recuperar la vivienda, el arrendador deberá comunicar al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada, especificando la causa o causas entre las previstas en el párrafo anterior, al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar esta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta cinco años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar cinco años, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor, entendiéndose por tal, el impedimento provocado por aquellos sucesos expresamente mencionados en norma de rango de Ley a los que se atribuya el carácter de fuerza mayor, u otros que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.

La primera pregunta que surge es ¿ está obligado el arrendador a respetar el plazo mínimo de cinco años? 

La respuesta es afirmativa, no cabe oposición a dicho derecho si la voluntad del arrendatario es permanecer en la vivienda hasta el cumplimiento de los cinco años.

¿ No cabe alguna excepción a la prórroga? 

Sí, viene recogida en el propio artículo y se trata del supuesto de que el arrendador necesite la vivienda.

¿ Debe de transcurrir un plazo? 

Se establece el plazo de un año de duración del contrato, por lo que se debe de interpretar que antes del año no podrá solicitar la vivienda al arrendatario

¿ La necesidad de vivienda debe de ser para el arrendador? 

Puede ser para el arrendador o para sus familiares en primer grado de consanguineidad o adopción, para su cónyuge en los supuestos de separación divorcio o nulidad, siempre en el supuesto de que haya recaído sentencia firme.

¿ Con qué antelación se le debe de comunicar al arrendatario? 

Se establece el plazo mínimo de dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar.

¿ Qué ocurre si el arrendatario no pone a disposición del arrendador la vivienda? 

Pues que se debe de acudir a un procedimiento judicial e interesar el desahucio de la vivienda por resolución contractual.

¿ qué plazo tiene el arrendador para ocupar la vivienda? 

La Ley establece el plazo de tres meses desde la extinción del contrato.

¿ Qué ocurre si en ese plazo no se llega a ocupar la vivienda? 

En ese supuesto el arrendatario entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un período de hasta cinco años, respetando las condiciones contractuales del anterior contrato, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar cinco años, salvo que no se hubiera producido la ocupación por causa de fuerza mayor.

Si tienes cualquier cuestión con respecto a los plazos de duración de un arrendamiento de vivienda, o necesitas la recuperación de la vivienda para necesidad propia, no dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de atenderle.

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Resolución alternativa de litigios para usuarios del transporte aéreo

ORDEN TMA/201/2022, DE 14 DE MARZO, POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS DE LOS USUARIOS DE TRANSPORTE AÉREO SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA EN CASO DE DENEGACIÓN DE EMBARQUE, CANCELACIÓN O GRAN RETRASO, ASÍ COMO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA (B.O.E. DE 17 DE MARZO DE 2022).

LA LEY 2361/2022

La Orden TMA/201/2022, de 14 de marzo, regula el procedimiento de resolución alternativa de litigios de los usuarios del transporte aéreo sobre los derechos reconocidos en el ámbito de la UE en materia de compensación y asistencia en caso de denegación de embarque, cancelación o gran retraso, así como en relación con los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado la Orden TMA/201/2022, de 14 de marzo, que regula el procedimiento de resolución alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo en materia de compensación y asistencia en caso de denegación de embarque, cancelación o gran retraso, así como en relación con los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Los derechos de los pasajeros en el ámbito de la Unión Europea

Los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo se regulan, en el ámbito de la Unión Europea, en el Reglamento (CE) n.o 261/2004, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y en el Reglamento (CE) n.o 1107/2006, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.

Por otro lado, la disposición adicional segunda de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, establece que será acreditada y notificada a la Comisión Europea una única entidad para la resolución alternativa de los litigios en que resulten de aplicación los Reglamentos de la Unión Europea en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo y que, mediante orden ministerial, se adoptaría el procedimiento de resolución alternativa de tales litigios.

Además, la modificación de esta disposición introducida por la disposición final sexta de la Ley 3/2020, de 18 de septiembreatribuye a la entidad de resolución alternativa de litigiosacreditada ante la Unión Europea el conocimiento de los conflictos que afecten a todos los pasajeros, aunque no tengan la condición de consumidores, y ya esté la compañía establecida en la Unión Europea o fuera de ella, y atribuye a la decisión que adopte dicha entidad la condición de título ejecutivo extrajudicial.

Procedimiento de resolución alternativa de litigios

La Orden TMA/201/2022, de 14 de marzo, tiene por objeto, pues, regular el procedimiento de resolución alternativa de los litigios que planteen los pasajeros ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre la aplicación de los reglamentos de la Unión Europea en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo, incluidos los litigios en línea previstos en el Reglamento (UE) n.o 524/2013, de 21 de mayo de 2013.

Ámbito de aplicación

La Orden es de aplicación al procedimiento que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como entidad de resolución alternativa de litigios en el sector del transporte aéreo, acreditada y notificada a la Comisión Europea, proporciona a los usuarios del transporte aéreo para resolver sus conflictos sobre la aplicación de los referidos Reglamento (CE) 261/2004 y Reglamento (CE) 1107/2006.

También es aplicable a los conflictos de todos los usuarios del transporte aéreo, aunque no tengan la condición de consumidores, con las compañías aéreas que los transporten, estén establecidas o no en la Unión Europea por aplicación del Reglamento (CE) 261/2004, cuando los pasajeros partan de un aeropuerto situado en territorio español, o cuando partan de un aeropuerto situado en un país que no sea miembro de la Unión Europea, con destino a otro situado en territorio español, a menos que disfruten de beneficios o compensación y de asistencia en ese país no perteneciente a la Unión Europea, cuando la compañía aérea operadora sea una compañía aérea comunitaria, y por aplicación del Reglamento (CE) 1107/2006, cuando las personas con discapacidad o movilidad reducida que utilicen o pretendan utilizar vuelos comerciales de pasajeros que salgan de los aeropuertos situados en territorio español, lleguen a estos aeropuertos o transiten por ellos; o en los casos previstos en los artículos 3, 4 y 10 del citado reglamento, los pasajeros que salgan de un aeropuerto situado en país no perteneciente a la Unión Europea lo hagan con destino a otro aeropuerto situado en territorio español, si la compañía aérea operadora es comunitaria.

Por el contrario, se excluyen del ámbito de aplicación de este procedimiento, entre otros, los litigios que versen sobre cláusulas y prácticas abusivas en el contrato de transporte aéreo; las prácticas comerciales, entendiendo por tal las definidas en el artículo 19.2 del TRLGDCU 1/2007; la información precontractual o el contrato, y la protección de datos de carácter personal.

También se excluyen las reclamaciones de los pasajeros con base en el Reglamento (CE) 2027/97, de 9 de octubre de 1997, relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje, o las reclamaciones por la destrucción, pérdida, avería o retraso de los equipajes facturados en base a cualquier otra norma o convención.

Sistemas extrajudiciales de resolución de controversias

La norma reconoce el derecho del pasajero a acudir a cualquier sistema extrajudicial de resolución de conflictos aceptado por la compañía aérea o gestor aeroportuario, según corresponda, en particular al arbitraje de consumo o al sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. Dispone asimismo que las compañías aéreas y los gestores aeroportuarios informarán a los pasajeros sobre la posibilidad de recurrir ante la Agencia en los supuestos contemplados en la norma y, cuando estuvieran adheridos a ellos, a los sistemas arbitrales mencionados.

Reclamación previa ante la compañía aérea o gestor aeroportuario

Conforme a la Orden, con carácter previo a la iniciación del procedimiento alternativo de resolución de litigios que en la misma se regula, el pasajero deberá presentar una reclamación previa ante el responsable del incumplimiento que origina la reclamación, según se trate de la compañía aérea o del gestor aeroportuario, aportando la documentación que considere pertinente para hacer valer sus derechos que incluirá, en los casos de menores de edad, la acreditación de la custodia del menor, salvo que la reclamación previa la efectúe quien contrató el transporte para aquél. El plazo para presentar la reclamación previa es de cinco años a contar desde el día en que se produjo el incidente que pudiera dar lugar a dicha reclamación.

Cuando la resolución de la reclamación previa no sea totalmente satisfactoria para el pasajero, o en el plazo máximo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación previa, si ésta no hubiera sido contestada, las compañías aéreas y gestores aeroportuarios deberán informar al pasajero de la posibilidad de recurrir, para la resolución del conflicto, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Principios del procedimiento

El procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos responde a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia, eficacia y equidad, y garantiza la igualdad y la contradicción de las partes, la confidencialidad de la información que tenga tal carácter y la protección del secreto profesional o empresarial.

El procedimiento es gratuito para las partes, sin perjuicio de la asunción de los costes de las pruebas por la parte que las haya propuesto. Para los pasajeros, será de aceptación voluntaria y resultado no vinculante y para las compañías aéreas, de aceptación obligatoria y resultado vinculante, sin perjuicio de su derecho a impugnar la decisión de la Agencia ante el juzgado competente. Para los gestores aeroportuarios adheridos previamente, de aceptación obligatoria y resultado no vinculante, y para el resto de los gestores, de aceptación voluntaria y resultado no vinculante.

Reclamaciones

Establece la Orden que, finalizado el trámite de la reclamación previa, los pasajeros podrán presentar sus reclamaciones ante la Agencia, en línea o no, a través del formulario que al efecto adopte la Agencia y cuyo contenido mínimo detalla. Junto a la reclamación, el pasajero acompañará, en el caso de solicitudes presentadas en papel, y salvo los pasajeros con DNI o NIE español que consientan la consulta a las plataformas de intermediación de datos o sistemas habilitados al efecto, copia de alguno de los documentos acreditativos de su identidad que el texto menciona. También la acreditación de la fecha de presentación y contenido de la reclamación previa ante la compañía aérea o gestor aeroportuario, así como, en su caso, de la respuesta a la misma, así como la acreditación de la contratación del servicio sobre cuya ejecución se reclama, entre otros, mediante presentación de copia del contrato de transporte, billete o tarjeta de embarque.

El procedimiento regula el trámite de subsanación de la reclamación y la inadmisión a trámite de la misma, así como el traslado a las entidades de resolución alternativa de litigios notificadas por otros Estados miembros si a ellos correspondiera la competencia para conocer de la reclamación, siempre que constara el consentimiento expreso del pasajero para ello. También regula la acumulación de procedimientosaudiencia de las partes y prueba –el trámite de prueba tendrá la consideración de elemento de juicio necesario para resolver el procedimiento y suspenderá en todo caso el plazo máximo para resolver–. No es necesario que las partes comparezcan asistidas por abogado o asesor jurídico, pero deberán notificar a la Agencia su intención de valerse de dichos profesionales dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la reclamación.

La presentación de la reclamación ante la Agencia suspenderá o interrumpirá los plazos de caducidad y de prescripción de acciones que resulten de aplicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.

Decisión motivada y eficacia

El Director de la Agencia resolverá mediante decisión motivada lo que proceda sobre el cumplimiento de los reglamentos de la Unión Europea que resulten aplicables y determinará las medidas que deben aplicarse en el asunto enjuiciado. El plazo general para adoptar esta decisión motivada y notificarla es de noventa días naturales contados desde la fecha en que se comunicó la recepción de la reclamación.

La decisión es vinculante para la compañía aérea, que está obligada, en caso de estimación total o parcial de la reclamación, a darle cumplimiento y a remitir a la Agencia el justificante que lo acredite, indicando si ha impugnado la decisión ante el juzgado competente.

Si en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la decisión, la compañía aérea no la hubiera atendido, el pasajero podrá instar su ejecución mediante la presentación de una demanda ejecutiva ante el juzgado competente. La decisión de la Agencia no es vinculante para el pasajero que, en todo caso, podrá ejercer las acciones civiles que tenga frente a la compañía aérea.

Entrada en vigor y aplicabilidad

La Orden TMA/201/2022 entra en vigor el 18 de marzo de 2022, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y será aplicable a los incidentes ocurridos en fecha posterior al primer día del mes siguiente al de la publicación en el BOE de la resolución de la autoridad competente que acredite a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como entidad de resolución alternativa de litigios en el ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo.

La resolución de la compraventa de la vivienda por incumplimiento del vendedor no lleva consigo la de la hipoteca suscrita para financiar la compra

El contrato de compraventa de vivienda suscrito por los demandantes fue resuelto por incumplimiento del vendedor, por entrega de cosa inhábil para su fin, debido a la patología ruinógena que afectaba a la estructura del edificio. Los compradores conocían los defectos del interior de la vivienda, que determinaron un precio rebajado, pero no que el edificio adolecía de patologías estructurales dejando de ser habitable en menos de 7 años y declarado en ruina técnica y económica en 9 años. El Tribunal considera que estaba al alcance de la vendedora, que se dedica profesionalmente a la promoción, construcción, rehabilitación y comercialización de inmuebles, tener fácilmente conocimiento de los problemas estructurales del edificio antes de la venta, cosa que no hizo.

La cuestión controvertida es determinar si dicha resolución conlleva la del contrato de préstamo hipotecario suscrito para financiar la adquisición de la vivienda.

A la vista de las circunstancias concurrentes, la Audiencia Provincial de Lleida desestima la pretensión de los compradores y establece que resolución del contrato de compraventa no determina la del préstamo.

La Sala rechaza que el contrato de préstamo hipotecario sea meramente accesorio del de compraventa declarado resuelto, de modo que la resolución de este deba determinar también la de aquel.

Para llegar a dicha conclusión el Tribunal argumenta, en primer lugar, que el hecho de que la vendedora sea una sociedad del mismo grupo empresarial que la prestamista, o esté participada por ella, no determina que pueda prescindirse sin más de la distinta personalidad jurídica de cada una de las entidades intervinientes en cada contrato, cuyos objetos sociales son distintos, resultando también dos contratos perfectamente diferenciales (el de compraventa y el de préstamo). En segundo lugar, señala que si bien en alguna ocasión en el ordenamiento jurídico se contempla expresamente que la ineficacia de un contrato determina también la del concertado para financiar el anterior, como ocurre en la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, que en su art. 26.2 prevé que la ineficacia del contrato de consumo conlleva también la del crédito destinado a su financiación, el legislador de forma expresa excluye del ámbito de aplicación de dicha Ley a los contratos de crédito garantizados con hipoteca.

Conforme a estos razonamientos, la Audiencia deniega la concurrencia de motivo alguno que justifique que la resolución del contrato de compraventa deba llevar consigo la resolución del contrato de préstamo hipotecario suscrito para financiar la adquisición de la finca que ha declarado resuelta. Tampoco aprecia otra causa de resolución atribuible a la entidad prestamista que permita, conforme al art. 1124 CC, la resolución del contrato de préstamo, habida cuenta que no consta ningún incumplimiento contractual imputable a dicha prestamista, y además parece que el contrato de préstamo ha tenido hasta la fecha un cumplimiento normal por parte de los prestatarios.

Si necesitas un abogado para cualquier cuestión derivada de un contrato de compraventa puede contactar con nosotros

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¿ Qué juzgado es el competente para liquidar la sociedad de gananciales de un matrimonio divorciado Vía notarial?

No encontramos por un supuesto no previsto por el legislador en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Teniendo en cuenta que los acuerdos del CGPJ atribuyendo competencia a los juzgados de familia incluyen dentro de esta los procedimientos relativos a la liquidación del régimen económico matrimonial vinculados a procedimientos de nulidad, separación y divorcio, en principio, aunque realmente no se haya tramitado un procedimiento para obtener el divorcio, debe de asimilarse a este el expediente notarial, por lo que el juzgado de familia será objetivamente el competente.

Tampoco existe norma territorial y surge la duda de si se acude a las normas de la LEC 769, ( último domicilio) o a la norma general de competencia del demandado ( artículo 50).

Si se encuentra en una situación en la que se ha divorciado a través de Escritura Pública y quiere proceder a liquidar la sociedad de gananciales, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantado de atenderles.

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Reforma de la Ley de tráfico ¿ cuales son las novedades más importantes?

LEY 18/2021, DE 20 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, EN MATERIA DEL PERMISO Y LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR PUNTOS (B.O.E. DE 21 DE DICIEMBRE DE 2021)

LA LEY 8749/2021

La reforma de la Ley de Tráfico que lleva a cabo la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, se centra en la revisión de las infracciones que detraen puntos, el reconocimiento que tiene para la seguridad vial la superación de cursos de conducción, el tratamiento actualizado de la conducción profesional y la unificación a dos años del plazo para recuperar el saldo inicial de puntos tras la firmeza de las sanciones.

La Ley 18/2021, de 20 de diciembre, modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos. Mediante esta norma se incorpora al Derecho español el capítulo VIII de la Directiva (UE) 2019/520 de 19 de marzo de 2019 relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión.

 

Reducción de la siniestralidad

El propósito fundamental de la norma es reducir la siniestralidad circulatoria, en línea con la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de febrero de 2011, que fija como principal indicador bajar de la tasa de 37 personas fallecidas por millón de habitantes, objetivo que debe alcanzarse al finalizar la presente década.

Considera el legislador que se impone la necesidad de prever el diseño de un futuro marco normativo que regule la circulación de vehículos con distintos niveles de automatización, en su grado máximo, la conducción plenamente automatizada o autónoma, que por su naturaleza trascienden la regulación actual.

Por otro lado, considera que el denominado permiso de conducir por puntos ha sido la herramienta más eficaz para contribuir a la reducción de la siniestralidad en carreteras y ciudades durante los últimos años.

El objeto de la reforma se centra principalmente en la revisión de las infracciones que detraen puntos; el reconocimiento que tiene para la seguridad vial la superación de cursos de conducción segura y eficiente; el tratamiento actualizado de la conducción profesional; y la unificación a dos años del plazo que tiene que transcurrir para recuperar el saldo inicial de puntos tras la firmeza de las sanciones.

La modificación legal busca combinar la presión punitiva sobre los conductores —infracciones que agravan la pérdida de puntos por su relación actual con los factores concurrentes de accidentalidad— con medidas que favorecen el cambio de comportamiento y que recompensan a quienes se adaptan e interiorizan una conducción que minimiza los riesgos.

Pérdida de puntos del carnet

En relación con las infracciones, los cambios se centran en aquellas que se vienen identificando como los comportamientos más peligrosos y que, por consiguiente, aumentan la detracción de puntos. En concreto, se modifica el anexo II para agravar la pérdida de puntos en infracciones consistentes en la utilización de teléfono móvil sujetando el dispositivo con la mano, diferenciándolo de otros supuestos de utilización indebida que comportan menos riesgos, así como en las infracciones por la falta de uso o uso incorrecto del casco de protección, del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

Junto al agravamiento de la detracción de puntos en las infracciones citadas, la norma pretende mejorar el comportamiento de las personas que conducen a través de los cursos. La modificación legal prevé que los cursos de conducción segura y eficiente puedan servir para recuperar o bonificar con dos puntos de saldo, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.

Cursos de conducción y recuperación de puntos

Se unifica asimismo a dos años el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos, desapareciendo la distinción existente hasta ahora entre dos años cuando constan sanciones graves y tres años cuando constan sanciones muy graves. Se simplifica así el sistema, que era complejo de entender, ya que las personas desconocían en muchas ocasiones si las sanciones anotadas en el Registro de Conductores e Infractores eran de un tipo o de otro.

Por otra parte, se suprime la posibilidad que tienen los turismos y las motocicletas de rebasar en 20 km/h los límites genéricos de velocidad fijados para las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquellas.

Por otro lado, se tipifica como infracción muy grave la utilización de dispositivos de intercomunicación no autorizados durante el examen para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción, lo que conlleva, además de la multa correspondiente, la imposibilidad de volver a presentarse a las citadas pruebas en el plazo de seis meses.

Para garantizar la seguridad y la calidad de los servicios públicos encomendados, se introduce la competencia de la función auditora. Las auditorías deben permitir que los centros y los operadores que realizan servicios y trámites relacionados con el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico cumplan con los requisitos y las obligaciones que la normativa exige.

Conducción profesional

Se modifica también la llamada conducción profesional. Así, se prevé desarrollar un sistema online que favorecerá que las empresas de transporte y los trabajadores autónomos que tengan la condición de empleadores puedan conocer si un conductor profesional que trabaja en estas empresas se encuentra en situación legal de poder conducir vehículos de transporte.

Modificaciones legislativas

Entrada en vigor y normas transitorias

La Ley 18/2021 entrará en vigor el 21 de marzo de 2022, a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto las modificaciones relativas a los artículos 75, 98, 99, 100, 101 y anexos V, VI y VII, que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En relación con la recuperación de puntos, la disposición transitoria de la norma establece que el titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida parcial de puntos como consecuencia de la comisión de infracciones muy graves, recuperará la totalidad del crédito inicial de doce puntos en la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley si han transcurrido dos años sin haber sido sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos.

S tiene cualquier cuestión puede contactar con nosotros:

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Necesariedad de que la limitación de dominio conste expresamente en los estatutos de la comunidad y que los mismos se encuentren inscritos en el Registro de la propiedad

 

Imaginemos que ha adquirido una vivienda y que una vez que dispones de la misma, quieres dedicar la vivienda a realizar una actividad consistente en establecer una pensión de huespedes.

Sin embargo por parte de la comunidad se te alega que existe una restricción en los estatutos de la misma en la que se establece de manera clara que no es posible el desarrollo de dicha actividad.

¿ Te puede privar la comunidad de llevar a cabo dicha actividad?

Parece ser que la respuesta nos la da la sentencia de la AP 1031/2021 de 27 de Julio de Navarra, en la que se resuelve dicha cuestión.

Debemos de tener en cuenta que al tratarse de una restricción dominical, es decir del derecho de propiedad, únicamente resulta oponible frente a un tercero adquirente si está publicitada en el Registro de la Propiedad, o si se demuestra que dicho adquirente tuvo previo conocimiento de ka restriccióne establecida en el estatuto.

Lo que no se le puede es exigir a la persona que adquiere la vivienda que realice unas comprobaciones más allá de consultar el registro.

Por ende la carga de demostrar la efectiva oponibilidad de la restricción contenida en los estatutos de la comunidad recae en la comunidad.

Una restricción dominical como la que contienen los Estatutos de esta comunidad, y que conforma el núcleo de esta litis, solamente resulta oponible a un tercero adquirente de una de las viviendas si está publicitada en el Registro de la Propiedad o, alternativamente, si se demuestra que dicho adquirente tuvo previo conocimiento de la restricción estatuaria antes de adquirir la vivienda. Así lo resuelve en una situación similar la recientísima STS 370/21, de 31 de mayo, que afirma que «alegada una limitación a la propiedad, establecida en los estatutos, dicha restricción no es oponible a la demandada, en cuanto no están inscritos en el Registro de la Propiedad», añadiendo que «Declarado probado en la sentencia recurrida que la limitación estatutaria no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad, no puede mantenerse que se haya infringido el art. 5.3 de la LPH . Igualmente se razona en la sentencia recurrida, que no consta que la parte demandada conociese la referida limitación por otra vía».

La carga de demostrar la efectiva oponibilidad de la restricción contenida en los Estatutos recae en la Comunidad de Propietarios demandante, pues es quien sustenta en esa prohibición estatutaria su pretensión de cesación. Por tanto la demandante debía probar la existencia de los Estatutos así como o bien su inscripción registral (a efectos de desplegar su oponibilidad por la publicidad registral ganada) o alternativamente el conocimiento previo por la demandada de tales Estatutos por otros medios.

En el caso que nos ocupa no se ha verificado ni una cosa ni la otra. Pero la sentencia de primera instancia va todavía más allá, e imputa a la entidad demandada una carga adicional de, además de haber consultado la publicidad registral (que es el medio apto para conocer, en su caso, los Estatutos), haber agotado también otros mecanismos particulares de averiguación y conocimiento de tales normas comunitarias, imputándole falta de diligencia por no haberlo hecho así.

Ello sin embargo excede de lo que legalmente pudiera exigirse a un tercero adquirente, como es en este caso la entidad demandada en tanto que no es propietario originario otorgante de los Estatutos. Como afirma la SAP Madrid 83/2013, de 29 de enero, «No cabe duda que los adquirentes por compra de los pisos o locales de una casa en régimen de propiedad horizontal son, en el momento de la adquisición, terceros, a los efectos del párrafo tercero y penúltimo

El art. 5 de la LPH determina que «El título podrá contener, además, reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la Ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conservación y reparaciones, formando un estatuto privativo que no perjudicará a terceros si no ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad». Por su parte el art. 8.4 de la Ley Hipotecaria también contempla la inscripción registral de los edificios en régimen de propiedad horizontal, previendo la inclusión en tal inscripción de «aquellas reglas contenidas en el título y en los Estatutos que configuren el contenido y ejercicio de esta propiedad».

La STS de 29 de diciembre de 2015 indica en relación con la inscripción registral de los Estatutos de una comunidad de propietarios que «Es cierto que no se encuentran inscritos, pero también lo es que la inscripción no es constitutiva ni, por tanto, obligatoria; de manera que su falta en nada afecta al valor normativo de los Estatutos para quienes son propietarios cuando se aprobaron. Respecto a los terceros afirma el último inciso del párrafo tercero del artículo 5 LPH que «[…] no perjudicará a terceros sino ha sido inscrito en el Registro de la Propiedad». Ahora bien, ello será (STS de 25 de abril de 2013) si se trata de terceros de buena fe que no han tenido conocimiento de ese acuerdo estatutario». Por tanto, los Estatutos vinculan a quienes son propietarios al tiempo de su aprobación estén inscritos o no, mientras que sólo con publicidad registral perjudican a terceros, esto es, a todos aquellos que no eran propietarios al tiempo de su aprobación, con la sola excepción de que se pruebe el conocimiento por tal tercero de los estatutos por otras vías diferentes y adicionales a la publicidad registral.

Por tanto no resulta exigible al tercero más diligencia que la de consultar la publicidad registral a los efectos de tomar conocimiento de eventuales restricciones o limitaciones en la propiedad que está adquiriendo. Como ha quedado visto en el art. 5 LPH se configura el título constitutivo como el instrumento esencial para la generación de un régimen de propiedad horizontal (debiendo para ello describir el inmueble en su conjunto, los distintos pisos y locales y la determinación de la cuota de participación de los mismos en los gastos comunes), resultando meramente facultativo, pero no preceptivo, que el título constitutivo contenga también unos estatutos. Consecuentemente, al tercero comprador no se le puede exigir más diligencia que la de consultar en el Registro de la Propiedad, en tanto que dicho medio es el oportuno y exigible para obtener el conocimiento de la eventual existencia o no de Estatutos (que no es preceptiva) y su contenido, y no, adicionalmente, otras actividades de averiguación particular. Todo ello a salvo de que hubiese quedado probado un efectivo conocimiento previo de los Estatutos por otros medios, lo que sin embargo no equivale a que sea carga del tercero comprador agotar imperativamente otros posibles métodos de conocimiento particular al margen o adicionalmente a la publicidad registral. Es decir, el tercero no será de buena fe si se demuestra que tuvo un conocimiento particular efectivo de los estatutos no publicitados registralmente, pero no es exigible que, para ostentar la condición de tercero de buena fe, agote otros medios de averiguación adicionales a la consulta registral.

Si tienes cualquier cuestión relacionada con algún asunto de la propiedad horizontal, puedes contactar con nosotros a través de la siguiente página:

https://www.abogadosmelilla.es/propiedad/

 

Un juzgado de lo Social de Valencia estima el derecho a cobrar la viudedad de pareja no inscrita que había iniciado expediente matrimonial

 

El Juzgado aboga por flexibilizar los requisitos para lucrar la pensión de viudedad atendidas las especiales circunstancias del caso.

Aunque beneficiaria y causante no estaban inscritos como pareja de hecho en el registro correspondiente, si se acredita mediante el certificado de empadronamiento, que ambos vivían en el mismo domicilio desde hace casi 5 años, – tan solo a falta de tres meses-, cuando fallece el causante de la prestación.

También se valora que habían iniciado expediente matrimonial, con plena intención de unirse legalmente, y tenían fijada una fecha para la boda y contratado el viaje de novios.

Si no llegaron a formalizar su unión fue porque por un retraso administrativo, no llegó a tiempo la partida de nacimiento del causante, aunque sí celebraron el banquete de boda y se fueron de viaje de novios.

Siendo estas las circunstancias y aunque les quedaran tres meses para cumplir el requisito de cinco años de convivencia ininterrumpida, se da por superado el requisito de los cinco años de convivencia acreditada, pues se está ante una situación excepcional, en la que, además, no se da ningún elemento que permita pensar que existe el propósito de generar artificialmente un derecho a la pensión de viudedad, por lo que, que debe de considerarse que existía pareja de hecho a efectos de conceder el derecho a la pensión de viudedad.

Sentencia 295/2021 del Juzgado de Lo Social nº 17 de Valencia

 

Si tienes cualquier cuestiójn referente a la pensión de viudedad no dudes en contactar con nosotros a través de los datos de contacto https://www.abogadosmelilla.es/derecho-laboral-melilla/

SUSPENSIÓN DE LOS JUICIOS DE DESAHUCIO por el Real Decreto 21/2021

Tanto si eres arrendador como arrendatario las disposiciones que recoge el RD 21/2021    afecta de manera obligatoria a la relación de arrendamiento.

Se trata de unas medidas promulgadas por el Gobierno para » paliar» los efectos económicos de la crisis derivada de la pandemia de » Covid 19″.

Vamos a contestar algunas preguntas comunes en relación a la posibilidad de suspensión del procedimiento que recoge el Real Decreto.

¿ Quién se puede acoger? 

En principio se puede acoger cualquier persona que tenga la condición de arrendatario en una vivienda.

¿ Qué requisitos debe de cumplir? 

El Real Decreto recoge dos circunstancias que deben de darse:

  1. Haber pasado a estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%
  2. Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere estos umbrales (en el mes anterior a la solicitud de la moratoria):
Unidad familiar Explicación Límite de ingresos
Unidad familiar (general) 3 veces el IPREM El IPREM mensual es de 537,84€
Es decir, por unidad familiar: 537,84€ x 3
Total: 1.613,52 euros
+ Hijos/as cargo 0,1 veces el IPREM + 53,78 por cada hijo/a
Es decir, si tienes un hijo: 1.613,52€ + 53,78€
Total: 1667,30 euros
+ 0,15 veces el IPREM para familias monomarentales y monoparentales. + 80,67 por cada hijo/a
Es decir, si tienes un hijo: 1.613,52€ + 80,67€
Total: 1694,19 euros
+ Personas mayores en la unidad familiar (más de 65 años) 0,1 veces el IPREM + 53,78 por cada persona mayor
Es decir, si tienes una persona mayor en la familia: 1.613,52€ + 53,78€
Total: 1667,30 euros
Unidad familiar Explicación Límite de ingresos
Unidad familiar en la que alguno de sus miembros:

  • Tiene declarada una discapacidad superior al 33%
  • Situación de dependencia
  • Enfermedad que le incapacite permanentemente a una actividad laboral
4 veces el IPREM El IPREM mensual es de 537,84€

Es decir, por unidad familiar: 537,84€ x 4

Total: 2.151,36 euros (además de los posibles incrementos por hijo/a a cargo)

Si la persona que firmó la hipoteca padece:

  • Parálisis cerebral
  • Discapacidad intelectual (igual o superior al 33%)
  • Discapacidad física o sensorial (igual o superior al 65%)
  • Enfermedad grave que incapacite a la persona o a su cuidador para realizar una actividad laboral
5 veces el IPREM El IPREM mensual es de 537,84€

Es decir, por unidad familiar: 537,84€ x 5

Total: 2.689,20 euros

¿Quiénes son los miembros que conforman la unidad familiar?

  1. La persona que firmó el contrato de alquiler.
  2. Su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita.
  3. Los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
  4. El cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita que resida en la vivienda.

¿ Es necesario que la causa derive de la situación de la pandemia?

No, se puede acoger cualquier persona que se encuentre en vulnerabilidad económica independientemente de la causa de la misma.

¿Qué documentos necesitas para acreditar la vulnerabilidad?

  1. Si estás en situación legal de desempleo: Certificado expedido por el SEPE, Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina
  2. En caso de cese de actividad de trabajadores por cuenta propia: Certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, sobre la base de la declaración de cese de actividad del interesado.

Para acceder a las ayudas relacionadas con el derecho a la vivienda

  • Para acreditar al número de personas que habitan la vivienda habitual:
    • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento de las personas en la vivienda.
    • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad laboral permanente.
  • Titularidad de los bienes: Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes.

¿Qué ocurre si no puedo aportar alguno de los documentos?

Si no puedes presentar los documentos por razones relacionadas con el estado de alarma

  1. Podrás sustituirlos por una declaración responsable que incluya justificación de los motivos que le impiden dicha aportación, que tienen que estar relacionados con problemas concretos por el estado de alarma.
  2. Dispondrás de un plazo de un mes tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas para la aportación de los documentos.

¿Cuál es el procedimiento para presentar la documentación?

  1. Deberás enviar un escrito al Juzgado acreditando que reúnes los requisitos y acompañándolo con los documentos requeridos.
  2. Deberás pedir un Informe de los servicios sociales competentes. Si acreditas ante el Juzgado que te encuentras en situación de vulnerabilidad, es el letrado de la Administración de Justicia quien deberá comunicarlo a los servicios sociales para su consideración durante el plazo de suspensión extraordinaria.
  3. La presentación de tu escrito alegando una situación de vulnerabilidad económica implicará tu consentimiento para que se dé traslado a los servicios sociales para que estos actúen si es necesario.
  4. Recibirás un decreto del Letrado de la Administración de Justicia.

¿Los arrendadores tienen derecho a solicitar una compensación?

Los arrendadores tendrán derecho a solicitar una compensación cuando la administración competente, en los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas.

¿En qué consiste dicha compensación?

La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma. No obstante, si dicho valor fuera superior a la renta que viniera percibiendo el arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de percibir durante el mismo período señalado anteriormente más los gastos corrientes.

Plazo de presentación de la solicitud de compensación

La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 31 de marzo de 2022.

 

Si tienes alguna duda al respecto, no dude en contactar con nosotros:

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¿ Son nulas las multas por no llevar mascarillas?

Recientemente se ha pronunciado un Juzgado de lo Contencioso, indicando:

Se desestima así el recurso presentado por la sancionada porque considera que la declaración de nulidad del primer y segundo estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional no afecta a este tipo de multas.

«Se trata de una medida de carácter sanitario que no se corresponde con ninguna de las concretas suspensiones de derechos fundamentales impuestas en los estados de alarma».

Concretamente la resolución es del  juzgado contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra, en la sentencia n.º 254/2021, de 4 de noviembre

Pasamos a reproducir parte de los fundamentos de derecho:

Se desestima así el recurso presentado por la sancionada porque considera que la declaración de nulidad del primer y segundo estado de alarma por parte del Tribunal Constitucional no afecta a este tipo de multas.

«Se trata de una medida de carácter sanitario que no se corresponde con ninguna de las concretas suspensiones de derechos fundamentales impuestas en los estados de alarma».

Además, se indica en la sentencia que estas infracciones prescriben «al año desde el día en el que se cometen y se formula la correspondiente denuncia», al tiempo que destaca que, si bien en un primer momento la competencia para imponer estas multas le correspondía a la Xunta de Galicia, desde el 27 de febrero de 2021 es de los ayuntamientos, de acuerdo con la modificación de la Ley de Salud de Galicia. Esa modificación competencial, según la resolución, se aplica retroactivamente a todos los procedimientos sancionadores en trámite o todavía no iniciados cuando entró en vigor, como sucede en este caso, pues el procedimiento «se incoó y resolvió tiempo después de la entrada en vigor de la modificación legal».

En la sentencia se explica que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Vigo, en una sentencia de 15 de abril de 2021, anuló por falta de competencia una sanción similar impuesta por el Ayuntamiento de Sanxenxo el 14 de enero de 2021 porque esa competencia, entonces, era de la Xunta, no de la Administración municipal.

 

Si te encuentras en un supuesto en el que has sido sancionado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te atenderemos.

https://www.abogadosmelilla.es/derecho-administrativo/

ESPIDO DISCIPLINARIO. Faltas de asistencia durante tres días por el miedo a contraer coronavirus. La percepción subjetiva de inseguridad no puede avalar su conducta. La empresa acreditó que había puesto en marcha todos los protocolos de seguridad necesarios y el riesgo de contagio se calificó como bajo. Los trabajadores se alternaban para acudir a las oficinas y no coincidían con sus compañeros de departamento. Su proceder no está amparado por la prevención de riesgos laborales, ya que en estas circunstancias no había riesgo grave e inminente para la vida o la salud que amparase su abandono laboral. Razonabilidad del despido. No hay constancia de que fuese un trabajador altamente vulnerable al contagio. A falta de mención expresa en el convenio, el cómputo mensual de las faltas no es el natural, sino que se inicia desde la primera ausencia y concluye a los 30 días.

TEXTO

Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Sección nº 05 de lo Social

Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 , Planta 2 – 28010

Teléfono: 914931935

Fax: 914931960

34002650

NIG: 28.079.00.4-2020/0030324

Procedimiento Recurso de Suplicación 409/2021

ORIGEN:

Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid Despidos / Ceses en general 687/2020

Materia: Despido

Sentencia número: 518/2021

Ilmos. Sres

D./Dña. MARIA AURORA DE LA CUEVA ALEU

PRESIDENTE

D./Dña. MARIA BEGOÑA GARCIA ALVAREZ

D./Dña. FRANCISCO JAVIER PIÑONOSA ROS

En Madrid, a treinta de junio de dos mil veintiuno, habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección 5 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación 409/2021, formalizado por el/la LETRADO D./Dña. OSCAR RICARDO CABRERA GALEANO en nombre y representación de D./Dña. Marcelina, contra la sentencia de fecha 26 de octubre de 2020 dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid en sus autos número 687/2020, seguidos a instancia de D./Dña. Marcelina frente a IURIS CORPORATE SA y D./Dña. Basilio, compareciendo FOGASA, en reclamación por Despido, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. FRANCISCO JAVIER PIÑONOSA ROS, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

«PRIMERO.- La trabajadora, Marcelina, ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa IURIS CORPORATE, S.A, desde el 12.05.2008 hasta el 30.04.2020, en virtud de un contrato de carácter indefinido a jornada parcial de 35 horas a la semana, ostentando la categoría profesional de oficial administrativo, Grupo III, y percibiendo una retribución bruta anual de 16.740, 84 euros con inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

(Documentos números 1 a 6 del ramo de prueba de los demandados y documento número 1 del ramo de prueba de la demandante).

SEGUNDO.- Disciplinaba la relación laboral el Convenio Colectivo de oficinas y despachos de la comunidad de Madrid, publicado en el BOCM de 26 de octubre de 2019.

(Dato no controvertido).

TERCERO.- La trabajadora desempeñaba el puesto de trabajo de administrativo contable dentro del departamento de contabilidad de la demandada, realizando funciones de gestión tributaria y contable tales como contabilización de facturas, contabilización de movimientos bancarios y presentación de las declaraciones tributarias de los clientes que se le asignaban. (Testifical de D. Ceferino y Dª Penélope en el acto de la Vista, y documentos números 9 y 10 del ramo de prueba de la demandante).

En el ejercicio de tales funciones actuaba con autonomía cuando se trataba de la realización de tareas habituales, acudiendo a su superior cuando surgían cuestiones de naturaleza distinta. (Testifical de D. Ceferino).

Cuando tenía que resolver alguna cuestión de carácter jurídico la trasladaba a sus compañeros del departamento jurídico de la Empresa. (Testifical de Dª Dª Rebeca y Dª Penélope en el acto de la Vista).

La trabajadora ostenta el título de Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Valladolid. (Documento número 3 del ramo de prueba de dicha parte).

CUARTO.- El 30 de abril de 2020 la empresa entregó a la trabajadora carta de despido disciplinario con efectos a partir de ese mismo día, por la comisión de unos hechos que consideraba constitutivos de faltas muy graves de inasistencia injustificada al puesto de trabajo, indisciplina o desobediencia a las órdenes recibidas, y transgresión de la buena fe contractual.

El contenido de la carta de despido es el que se refleja en el documento número 10 del ramo de prueba de la demandada que, en aras de la brevedad, damos íntegramente por reproducido.

QUINTO.- Tras la declaración del Estado de Alarma motivado por la crisis sanitaria del COVID 19, la Empresa adoptó las siguientes medidas organizativas y de prevención para la continuidad en el ejercicio de su actividad: 1) Supresión de las visitas presenciales de los clientes a las oficinas, salvo para entregar documentación que fuera necesaria para la presentación de las declaraciones tributarias. 2) Implantación del teletrabajo como forma de trabajo habitual de todos los trabajadores, estableciendo turnos de trabajo de mañana y tarde y debiendo acudir un solo trabajador presencial por turno de trabajo y departamento a fin de dar soporte al resto de los compañeros en teletrabajo, resolver incidencias, y atender a los cliente por teléfono; 3) Desinfección y limpieza de las oficinas y zonas comunes; y 4) Suministro de soluciones desinfectantes y mascarillas en las zonas de trabajo.

(Documentos números 11 a 15 del ramo de prueba de la demandada y testifical de D. Ceferino en el acto del Juicio).

SEXTO.- La organización de turnos de trabajo se realizaba semanalmente por el coordinador de cada departamento previa consulta con los trabajadores del mismo.

El departamento de contabilidad estaba formado por 8 trabajadores incluyendo a la actora. Durante las tres semanas de trabajo posteriores a la declaración del Estado de Alarma, los turnos de trabajo en dicho departamento fueron los que se reflejan en el Documento número 23 del ramo de prueba de la demandada, que damos por reproducido.

SÉPTIMO.- El 25 de marzo de 2020 la trabajadora tenía asignado turno de trabajo presencial en horario de 8:00 a 14:00. (Documento número 23 del ramo de prueba de la demandada).

El 23 de marzo de 2020 la trabajadora envió un correo electrónico a D. Basilio, Administrador y representante de la demandada, comunicando que «para el día 25 de marzo del corriente, con motivo del estado de alarma decretado y para una mejor contención del riesgo de contagio a mis padres mayores, debo, por responsabilidad, no ir a la Oficina, sin ningún perjuicio para la misma, y realizaré mi prestación mediante teletrabajo».

El Sr. Basilio contestó a dicho correo al día siguiente recordando a la trabajadora que las facultades de organización de los recursos personales y materiales de la mercantil corresponde a esta última y señalando la necesidad de contar con al menos un trabajador presencial por departamento y turno, quedando garantizadas todas las medidas de seguridad dado el escaso número de personas que habría en el edificio y denegando la posibilidad de teletrabajar el día indicado.

(Documento número 16 del ramo de prueba de la demandada).

OCTAVO.- El 25 de marzo de 2020 la trabajadora no acudió a su puesto de trabajo. (Hecho conforme).

Una vez finalizada su jornada, a las 14 horas, envió un correo electrónico al representante de la mercantil manifestando que había pasado muy mala noche y que necesitaba descansar para poder teletrabajar en condiciones. A dicha comunicación no se adjuntó documentación médica justificativa de su ausencia al puesto de trabajo.

(Documento número 17 del ramo de prueba de la demandada).

NOVENO.- La semana siguiente la trabajadora tenía asignado turno de trabajo presencial el 1 de abril, en horario de 8:00 a 14:00.

El 31 de marzo envió un correo electrónico a D. Basilio solicitando que se le permitiera teletrabajar «durante todo el tiempo que dure la situación de pandemia, tal y como se permite a algunos de mis compañeros en el centro, sin merma de la calidad del servicio». Añadía que «Debo proporcionar cuidados a mis padres mayores, por la lesión incapacitante que ha sufrido recientemente mi madre, así como facilitarles la medicación prescrita facultativamente por otras dolencias para ambos progenitores, ya que ninguno de ellos conduce, siendo además personas de alto riesgo. Acompaño informes médicos y tickets de algunos medicamentos referidos».

El Sr. Basilio contestó ha dicho correo ese mismo día reiterando lo manifestado en el correo anterior y añadiendo que las circunstancias familiares de la demandante, comparadas con las del resto de sus compañeros en la empresa, no permitían una exención total del régimen de trabajo presencial, debiendo acudir a la oficina tan sólo un día por semana en turno de mañana y conminándole para que acudiese al puesto de trabajo al día siguiente ya que «en caso contrario la empresa adoptará, si lo estima conveniente, las medidas que entienda procedentes al efecto».

(Documento número 20 del ramo de prueba de la demandada).

La demandante contestó de nuevo mediante correo de la misma fecha señalando «pongo en tu conocimiento mi disposición a teletrabajar, pero no a poner en riesgo mi salud e integridad física ni la de mi familia. Por lo que no voy a acudir al centro de trabajo presencialmente durante todo el tiempo que dure la pandemia. Debo autoprotegerme y espero que lo entiendas.» A continuación aludía de nuevo al riesgo de contagio de sus padres y a lo innecesario de su presencia física en el centro, proponiendo «que se me descuente de mi nómina los días que me pudieran corresponder en la rotación de los 8 compañeros que pertenecemos al departamento de contabilidad».

El codemandado contestó a dicha correo al día siguiente con el contenido que se refleja en el documento número 21 del ramo de prueba de la demandada.

DÉCIMO.- El 1 de abril la trabajadora no asistió a su puesto de trabajo. (Hecho conforme).

UNDÉCIMO.- La siguiente semana Dª Marcelina tenía asignado turno de trabajo presencial el 6 de abril, en horario de 8:00 a 14:00 horas. (Documento número 23 del ramo de prueba de la demandada).

El 5 de abril envió un correo electrónico a la demandada manifestando su disconformidad con el cuadrante de la semana establecido por el coordinador, comunicando su intención de teletrabajar en horario de 15:00 a 20:00 para no solaparse con otros compañeros en teletrabajo.

Dicho correo fue contestado por la demandada al día siguiente, recordándole su obligación de asistir al centro de trabajo y apercibiéndole de las posibles consecuencias de su incumplimiento.

En dicho correo se manifestaba: «Te reiteramos que el turno que tienes establecido hoy de trabajo es el presencial de mañana, y que a la hora del presente mail no te has presentado en tu puesto de trabajo, desobedeciendo una vez más una instrucción directa sobre su régimen de trabajo, perjudicando además con ello a tus compañeros forzando a que alguno aumente o doble su turno presencial. Con independencia de las medidas que ello de lugar, y una vez que no te has presentado en tu puesto de trabajo, atendiendo a las fechas que son y que en la tarde hay canales de teletrabajo que pueden estar operativos porque tu decisión hace que otra persona venga al despacho, si quieres disponer de uno de ellos a fin de computar horas de trabajo, lo tienes disponible de 14:00 a 21:00 horas, para lo cual es necesario que te dirijas a tu coordinador para que lo tenga en cuenta».

La demandante comunicó lo anterior a su coordinador D. Ceferino a través de WhatsApp, asignándole éste un canal de teletrabajo de 15:00 a 21:00 horas.

(Documento número 7 del ramo de prueba de la demandada ratificado por D. Ceferino en el acto de la Vista).

DUODÉCIMO.- El 6 de abril la trabajadora no acudió a su puesto de trabajo en la oficina. (Hecho conforme).

DECIMO-TERCERO.- El 05.04.2020 la trabajadora envió un correo electrónico a la demandada reclamando el reconocimiento de categoría profesional y solicitando el pago de las diferencias salariales devengadas durante los 12 meses anteriores.

El contenido de dicho correo es el que se refleja en el documento número 4 del ramo de prueba de la demandante, que se da por reproducido.

DECIMO-CUARTO.- La siguiente semana la trabajadora tenía asignado turno de trabajo presencial el 15 de abril, si bien no pudo realizarlo por encontrarse de baja médica por ansiedad. (Hecho no controvertido y acreditado a través del Documento número 23 del ramo de prueba de la demandada).

DECIMO-QUINTO.- El 13.04.2020 la demandante presentó una papeleta de conciliación ante el SMAC en reclamación del reconocimiento de categoría superior y de las diferencias salariales devengadas. (Documento número 5 de su ramo de prueba).

El 28.04.2020 remitió un correo electrónico a la demandada diciendo: «para vuestro conocimiento adjunto el siguiente documento de papeleta de conciliación relativa a la clasificación profesional». (Documento número 4 del ramo de prueba de la demandante).

DECIMO-SEXTO.- No consta que la demandante padeciese, a la fecha de la declaración del estado de alarma ni durante los meses anteriores, patología respiratoria o enfermedad que provocara un menoscabo de la salud.

En el mes de diciembre de 2015 le fue detectado un meningioma del peñasco temporal con afectación del conducto auditivo interno. Recibió tratamiento mediante radiocirugía con Ciberknife en 5 sesiones consecutivas con buen resultado.

Finalizado el tratamiento se han realizado revisiones semestrales y anuales con resultado favorable, reflejando la más reciente de 27.05.2019 que «la RM no muestra cambio alguno por lo que le pido RM en dos años».

(Bloque de documentos número 9 del ramo de prueba de la demandante).

No consta que la demandante padezca enfermedades respiratorias o que tenga reconocido grado alguno de minusvalía.

El reconocimiento médico realizado el 19.09.2019 por el Servicio de Prevención Ajeno de la demandada concluyó que la misma era apta sin limitaciones para el desempeño de su trabajo.

(Documento número 36 del ramo de prueba de la demandada).

DECIMO-SÉPTIMO.- El puesto de trabajo de la demandante y resto de trabajadores de oficina de la demandada fue valorado y calificado por el SPA contratado por IURIS CORPORATE (Quirón Prevención) con la subsiguiente valoración de riesgos y propuesta de las medidas de seguridad, todo ello en los términos que se reflejan en el documento número 35 el ramo de prueba de la demandada.

Tras la declaración de la pandemia provocada por la crisis del Coronavirus se llevó a cabo por dicho servicio una evaluación específica de los riesgos y pautas de actuación dentro de la Empresa con el resultado que se refleja en el documento número 34 del ramo de prueba de IURIS CORPORATE.

La probabilidad de riesgo de contagio del personal de oficina se califica de BAJA, siendo las medidas de prevención las que constan en las páginas 6 a 8 de tal documento, que se dan expresamente por reproducidas.

El informe data de marzo de 2020.

DECIMO-OCTAVO.- La demandante no ostenta ni ha ostentado la condición de representante legal o sindical de los trabajadores.

(Hecho no controvertido).

DECIMO-NOVENO.- El 21.06.2020 se presentó la papeleta de conciliación ante el SMAC, no habiendo tenido lugar el intento de conciliación.

(Justificante de presentación aportado con el escrito de demanda)».

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

«DESESTIMANDO la demanda formulada por Dª Marcelina contra la Empresa IURIS CORPORATE, S.A y contra D. Basilio como persona física sobre Despido, debo absolver y ABSUELVO a dichos demandados de todas las pretensiones deducidas en su contra, estimando la FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA de D. Basilio en este proceso, y calificando el despido de la demandante como PROCEDENTE».

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte D./Dña. Marcelina, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 26/05/2021, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 23/06/2021 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 Refuerzo de Madrid en los autos de Despido 687/2020, desestimó la demanda de despido interpuesta por doña Marcelina contra la empresa IURIS CORPORATE, S.A y contra don Basilio; apreció la falta de legitimación pasiva de este último y calificó el despido efectuado por aquella empresa como procedente.

Contra dicha sentencia se alza en Suplicación la trabajadora demandante articulando su recurso en seis motivos diferenciados, al amparo de lo previsto en los apartados a), b) y c) del art.193 de la LRJS

El recurso ha sido impugnado por la representación de la empresa IURIS CORPORATE, S.A. y de don Basilio.

SEGUNDO.- Con carácter previo, por razones de sistemática, es preciso dar respuesta a la petición de aportación de nuevos documentos contenida tanto en el escrito de interposición planteado por la trabajadora recurrente como en el escrito de impugnación presentado por la empleadora.

La regla general de la que parte el artículo 233 de la LRJS , es la de inadmitir la aportación de documentos nuevos, en consonancia con el principio de preclusión del proceso, limitando esa «novedosa incorporación documental», a que el documento de que se trate sea de importancia «decisiva» para el pleito.

Así se indica en el Auto del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2019, Rec. nº 3461/2018 que, recordando la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2007, Rec. nº 1928/2004, razona lo que sigue:

«… En los recursos extraordinarios de suplicación y casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina, los únicos documentos que podrán ser admitidos durante su tramitación serán los que tengan la condición formal de «sentencias o resoluciones judiciales o administrativas» firmes y no cualesquiera otros diferentes de aquellos.

La admisión de dichos documentos viene igualmente condicionada a que: a) las sentencias o resoluciones hayan sido dictadas o notificadas en fecha posterior al momento en que se llevaron a cabo las conclusiones en el juicio laboral de instancia. b) que serán admisibles si, además, por su objeto y contenido aparecieran como condicionantes o decisivas para resolver la cuestión planteada en la instancia o en el recurso, y c) en el caso de que no se trate de documentos de tal naturaleza o calidad, deberán ser rechazados de plano, y serán devueltos a la parte que los aportó, sin que puedan por lo tanto ser tenidos en cuenta para la posterior resolución que haya de dictar la Sala.

2) Los documentos que por reunir aquellos requisitos previos hayan sido admitidos y unidos a los autos producirán el efecto pretendido por la parte sólo en el caso de que la producción, obtención o presentación de los mismos no tenga su origen en una actuación dolosa, fraudulenta o negligente de la propia parte que pretende aportarlos; lo cual será valorado en la resolución (auto o sentencia) que proceda adoptar en definitiva.

3) Cuando el documento o documentos aportados reúna todas las anteriores exigencias la Sala valorará en cada caso «el alcance del documento»- arto 271 LEC- en la propia sentencia o auto que haya de dictar…».

Pues bien, pretende la recurrente la incorporación de un nuevo documento. Se trataría, según se denomina en el motivo segundo de suplicación, como «nota de condolencia» publicada en la web de la empresa y relativa al fallecimiento en fecha 16 de noviembre de 2020 de quien se afirma fue un trabajador de la empresa (al tiempo que se afirma que tras la celebración del juicio la práctica totalidad de los trabajadores de la empresa se infectaron por Covid-19). Tal documento no puede ser considerado como decisivo o determinante para la resolución del recurso planteado (recordemos, contra una sentencia dictada en fecha 26 de octubre de 2020 dictada tras la impugnación de un despido con fecha de efectos de 30 de abril de 2020). El citado documento no puede, por tanto, ser admitido ni valorado por la Sala.

E igual suerte ha de correr la aportación por parte de la recurrida de partes de baja y alta médica de su representación Letrada, al tratarse de documentos absolutamente irrelevantes a los efectos de resolver sobre el presente recurso de suplicación.

TERCERO.- El primer motivo del recurso de la parte demandada se formula al amparo del apartado a) del art. 193 de la LRJS con el objeto de solicitar la nulidad de actuaciones. La pretensión se sustenta en un argumento esencial: que la sentencia de instancia incurre en un clara incongruencia omisiva al no resolver de manera expresa sobre la aplicación del art.21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

Recordemos, con carácter general (como con acierto cita inicialmente la recurrente), que se produce incongruencia omisiva cuando falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera sido llevada al proceso en el momento procesal oportuno para ello ( STC 25 enero 1999). De la misma forma el TC en una consolidada doctrina define la incongruencia omisiva o ex silentio como un ‘desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido’ ( SSTC 136/1998, de 29 de junio y 29/1999, de 8 de marzo) que entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación ‘sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia procesal ( STC 215/1999, de 29 de noviembre). Lo que en el supuesto de la incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando ‘el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales’ ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo186/2002, de 14 de octubre y 6/2003, de 20 de enero 2003/1401)» .

En el presente supuesto no cabe afirmar, sin embargo, que la juzgadora de instancia hubiera omitido pronunciarse sobre la posibilidad, reclamada en demanda, de que la trabajadora pudiera interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo ante la existencia de un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Así, se señala expresamente en el Fundamento de Derecho Noveno que «[…] la inexistencia de medidas de seguridad como posible justificación de la inasistencia al puesto de trabajo no puede acogerse, ya que no es cierto que la demandada no adoptase medidas de prevención para evitar el riesgo de contagio no es cierto que la Empresa no adoptara medidas de prevención frente al riesgo de contagio del Coronavirus; pero lo más importante a los efectos de lo que aquí se decide no es esto sino que dicho riesgo era mínimo por cuanto la demandante sólo tenía que acudir a las oficinas de la demandada una vez por semana, al igual el resto de sus compañeros de departamento según se refleja en los cuadrantes aportados por la Empresa. Lo anterior significa que ese único día de prestación presencial la trabajadora estaba prácticamente sola en las oficinas, pues únicamente acudía un trabajador por departamento y turno de trabajo sin que por tanto existiera contacto con otras personas y menos aglomeraciones. La inasistencia al puesto de trabajo obedece por tanto a una percepción subjetiva de inseguridad no sustentada en datos objetivos, situación que resulta inhábil para justificar las ausencias que dan lugar al despido […]» y que «[…] […]». Vista tal argumentación la Sala ha de entender que sí existió una denegación respecto de la posibilidad de interrumpir la actividad laboral en los términos exigidos por al art.21.1 de la citada Ley 31/1995. El motivo, al no apreciarse incongruencia omisiva, debe ser rechazado.

CUARTO.- El motivo segundo se formula, igualmente, al amparo del apartado a) del art.193 LRJS. Interesa la parte que se proceda a la » reposición de los autos al momento del dictado de la sentencia, al haber hechos de nueva noticia, ocultados además por la demandada en el juicio, que tienen una notable influencia en el sentido del pleito«.

El motivo debe rechazarse dada su defectuosa formulación. El citado apartado a) del art.193 permite reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión. Se requiere, por tanto y en primer lugar, la comisión de una infracción procesal que, sin embargo, la parte recurrente no identifica debidamente.

Así, para que el motivo formulado pudiera prosperar sería necesario que concurrieran de forma acumulativa una serie de requisitos: a) desconocimiento judicial de una norma reguladora de los «actos y garantías» procesales; b) carácter «esencial» de la formalidad o garantía presuntamente quebrantada; c) un resultado de indefensión, que no debe ser probado, pero tampoco meramente hipotético, pues ha de resultar razonable y verosímil su producción. Y ninguno de tales requisitos se despliega en el motivo limitándose la parte a realizar afirmaciones fácticas sin sustento probatorio alguno y no relacionada, ni directa ni indirectamente, con los hechos enjuiciados. Y ello por más que dicha parte intente, de manera infructuosa, relacionar la negativa de la trabajadora a acudir a su puesto de trabajo con una situación -no acreditada- y ocurrida en todo caso meses después de la fecha de efectos del despido. El segundo motivo de nulidad debe, por ello, ser rechazado, sin necesidad de mayores razonamientos.

QUINTO.- En el motivo tercero de suplicación, con adecuado encaje procesal en el apartado b) del art.193 LRJS, se interesa la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia.

A este respecto es preciso recordar que la jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de constituir doctrina pacífica, que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

Y como también en reiteradas ocasiones ha señalado el Tribunal Supremo (Sentencias de 13 julio 2010 (Rec. 17/2009), 21 octubre 2010 (Rec. 198/2009), 5 de junio de 2011 (Rec 158/2010), 23 septiembre 2014 (rec. 66/2014) y otras muchas) » el proceso laboral está concebido como un proceso de instancia única (que no grado), lo que significa que la valoración de la prueba se atribuye en toda su amplitud (art. 97.2 LRJS) únicamente al juzgador de instancia por ser quien ha tenido plena inmediación en su práctica y la revisión de sus conclusiones únicamente puede ser realizada cuando un posible error aparezca de manera evidente y sin lugar a dudas de documentos idóneos para ese fin que obren en autos, por lo que se rechaza que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de la prueba, como si el presente recurso no fuera el extraordinario de casación sino el ordinario de apelación. En concordancia, se rechaza la existencia de error si ello implica negar las facultades de valoración que corresponden primordialmente al Tribunal de Instancia, siempre que las mismas se hayan ejercido conforme a las reglas de la sana crítica, pues lo contrario comportaría la sustitución del criterio objetivo de aquél por el subjetivo de las partes«.

Se interesa por la parte, como se ha indicado, que se revise el hecho probado decimosexto (si bien se cita también en el motivo, de manera contradictoria, que lo solicitado es un añadido al hecho probado decimoséptimo) de la sentencia de instancia. Así, se propone se añadan los siguientes párrafos:

» Que el 15 de octubre de 2020, la doctora Elisenda, colegiada NUM000, perteneciente al servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, remitió a aquella una carta que literalmente refiere

«A raíz de la pandemia y los protocolos del Ministerio de Sanidad no hemos recibido notificación por parte de la trabajadora para la valoración de su especial vulnerabilidad.

En estos casos siempre hay que realizarlo en base a los informes actualizados de las patologías que pudiera presentar. Nunca podemos utilizar la información que tengamos anteriormente en nuestros sistemas por LOPD. Por ello lo primero, cuando nos indican que valoremos a estos trabajadores, siempre les enviamos la LOPD y en base a ello se realiza un reconocimiento para trabajador especialmente sensible a Covid 19 y según las indicaciones del Ministerios (dado que ha habido múltiples actualizaciones de los procedimientos) en cada momento se ha actuado para la emisión de CARTA DE ASESORAMIENTO, teniendo en cuanto tanto la patología, como el nivel del riesgo en el puesto de trabajo».

Fundamenta la parte tal revisión a la vista del contenido del documento nº 36 de su ramo de prueba (folio 286 obrante en autos). La modificación debe ser rechazada. Así, no acredita la parte ningún error en la facultad valorativa de la prueba que corresponde a la Juzgadora de la instancia, sino que lo que pretende es la introducción anticipada del seleccionado contenido del mismo documento ya valorado en la instancia (documento expresamente citado en el hecho probado decimosexto). Por ello, debe entenderse que la modificación propuesta por el recurrente no revela el error de la Juzgadora de instancia, refiriéndose, además, a una carta al parecer remitida a la demandante meses después de la efectividad de su despido.

Como la modificación propuesta supone realmente una valoración de la prueba contraria a la realizada por la Magistrada de instancia que se sustenta en idénticos documentos a los ya valorados, la revisión fáctica interesada no puede prosperar.

En tal sentido, el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de julio de 2016, rec. 174/2015 , señala que «… De acuerdo con todo ello, aun invocándose prueba documental o pericial, la revisión de hechos sólo puede ser acogida si el documento o dictamen de que se trate tiene «una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas» (STS de 16 de noviembre de 1998, recurso 1653/1998). Por tanto, no prosperará la revisión cuando el contenido del documento o del dictamen pericial entre en contradicción con el resultado de otras pruebas a las que el órgano judicial de instancia haya otorgado, razonadamente, mayor valor.

La declaración de hechos probados no puede ser combatida sobre la base de presunciones establecidas por el recurrente ( SSTS de 17 de abril de 1991, rec. 1042/90 , o 26 de mayo de 1992, rec. 1244/1991 ). Ello implica, de entrada, que la prueba alegada debe demostrar «de manera directa y evidente la equivocación del juzgador» pero, a su vez, la misma no puede encontrarse contradicha «por otros elementos probatorios unidos al proceso» (por ejemplo,STS de 24 de octubre de 2002, rec. 19/2002).

No puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador «a quo» ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse «salvo en supuestos de error palmario… en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente» (STS de 6 de junio de 2012, rec. 166/2011, con cita de otras muchas)«.

SEXTO.- Los motivos cuarto, quinto y sexto del recurso se formulan al amparo de lo dispuesto en el art.193 c) LRJS, ya en sede de censura jurídica. De este modo, en el motivo cuarto se denuncia infracción delos arts.14.1, 21.2, 21.4 y 25.1 de la Ley 31/1995, en relación con el art.48.2 del Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid. Considera la recurrente, en síntesis, que las faltas de asistencia de la trabajadora, por las que fue sancionada con el despido, sí estaban justificadas. Y ello toda vez la trabajadora nunca actuó con mala fe o negligencia sino amparada por una percepción subjetiva de inseguridad que le llevó a no acudir a su puesto de trabajo durante la pandemia. Se añade, en el desarrollo del motivo, que la empresa no realizó ninguna evaluación individualizada respecto de la demandante y que todo ello conlleva que la trabajadora no pueda ser penalizada por adoptar las medidas previstas en el art.21.2 de la Ley 31/1995.

El art. 4.4 de la LPRL define el riesgo grave e inminente del siguiente modo: » Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata«.

El RD 664/1997, de 12 de mayo, relativo a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, entre los que se encuentran los virus, obliga en el art. 3.1 d), en los casos de agentes biológicos del grupo 4 (aquellos que causan una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz), a reducir al mínimo posible el número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos, a la adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios y a identificar a aquellos trabajadores para los que pueda ser necesario aplicar medidas especiales de protección.

Por otra parte, el artículo 21.2 de la citada Ley 31/1995 prevé que » el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud«. Se configura así uno de los escasos supuestos en que nuestro ordenamiento jurídico faculta al trabajador para actuar por propia iniciativa en protección de un derecho suyo, de tal forma que también él, individualmente, tiene derecho a dejar de trabajar y abandonar el lugar de trabajo si considera que está expuesto a un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Lo importante no es que exista tal tipo de riesgo, sino que él crea que se da, bastando con que su apreciación sea de buena fe y no constituya una grave negligencia. En tal caso, su cese en el trabajo no le genera merma en su derecho al salario (TSJ País Vasco 16-12-14).

Pues bien, partiendo del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia resulta acreditado que tras la declaración del Estado de Alarma motivado por la crisis sanitaria del COVID 19, la Empresa adoptó una serie de medidas organizativas y de prevención para la continuidad en el ejercicio de su actividad. Tales medidas vienen detalladas en el hecho probado quinto de la sentencia de instancia y su implantación no se ha cuestionado por las partes (1) Supresión de las visitas presenciales de los clientes a las oficinas, salvo para entregar documentación que fuera necesaria para la presentación de las declaraciones tributarias. 2) Implantación del teletrabajo como forma de trabajo habitual de todos los trabajadores, estableciendo turnos de trabajo de mañana y tarde y debiendo acudir un solo trabajador presencial por turno de trabajo y departamento a fin de dar soporte al resto de los compañeros en teletrabajo, resolver incidencias, y atender a los cliente por teléfono; 3) Desinfección y limpieza de las oficinas y zonas comunes; y 4) Suministro de soluciones desinfectantes y mascarillas en las zonas de trabajo). Consta igualmente acreditado que la trabajadora ahora recurrente no acudió a su puesto de trabajo los días 25 de marzo y 1 y 6 de abril de 2020 (hechos probados octavo, décimo y duodécimo); y que remitió a su empleadora comunicaciones previas alegando la necesidad de cuidar a sus padres mayores (hechos séptimo y noveno) o su disconformidad con los cuadrantes (hecho undécimo) y, uno posterior a la primera inasistencia, alegando indisposición (hecho octavo). Se ha declarado probado que no consta que la demandante padeciese, a la fecha de la declaración del estado de alarma ni durante los meses anteriores, patología respiratoria o enfermedad que provocara un menoscabo de la salud, que no tiene reconocido ningún grado de minusvalía y que en el reconocimiento médico realizado el 19 de septiembre de 2019 por Servicio de Prevención Ajeno de la demandada concluyó que la misma era apta sin limitaciones (hecho decimosexto). Y, finalmente, también consta acreditado que tras la declaración de la pandemia provocada por la crisis del Coronavirus se llevó a cabo por un Servicio de Prevención Ajeno, en marzo de 2020, una evaluación de los distintos puestos de trabajo y una evaluación específica de los riesgos y pautas de actuación dentro de la empresa y reflejando una probabilidad de riesgo de contagio del personal de oficina calificada como baja (hecho decimoséptimo).

A la vista de tales hechos la conducta de la trabajadora no se halla, en opinión de esta Sala, amparada por estos preceptos relativos a la prevención de los riesgos laborales. De un lado, consta que la misma decidió voluntariamente no acudir a su puesto los días señalados. Y ello ofreciendo justificaciones que nada tenían que ver con una situación de especial vulnerabilidad. De otro, también consta que la empresa adoptó una serie de medidas organizativas y de prevención para la continuidad en el ejercicio de su actividad, garantizando un riesgo bajo de contagio (según informe del Servicio de Prevención Ajeno). No cabe, en atención a tales circunstancias apreciar una probabilidad de accidente (teniendo en cuenta todos los factores que determinan una probabilidad alta de que se actualice el accidente) o una probabilidad de lesión (probabilidad de que una vez que se ha producido el accidente éste va a producir una lesión, sin entrar en la valoración de su gravedad). En consecuencia, no cabía amparar su inasistencia al trabajo en la posibilidad de interrupción de la actividad para casos de riesgo grave e inminente para la vida o la salud del trabajador ni en algún incumplimiento grave de las obligaciones de prevención del empresario. El motivo, por ello, ha de ser rechazado.

SÉPTIMO.- En el motivo quinto de suplicación, también en sede de censura jurídica, se denuncia infracción del art.25.1 de la Constitución Española en relación con el art.48.2 del Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid y con el principio » in dubio pro reo«. Considera la recurrente que la sentencia impugnada hace una interpretación » in malam partem» y extensiva del términos mes contenido en la norma colectiva; pues, como ya se expuso en la demanda, las faltas de asistencia ocurrieron en el mes de marzo de 2020 (1) y abril de 2020 (2); esto es, no todas en el mismo mes natural.

Tal argumento, ahora reiterado en el motivo, no puede ser compartido. Como punto de partida puede afirmarse que si el convenio colectivo aplicable no concreta el número de faltas injustificadas al trabajo que constituyen una infracción laboral muy grave, la generalidad de la normativa laboral contenida en múltiples Convenios Colectivos la fija en 3 faltas injustificadas en el período de un mes (TSJ Extremadura 14-3-19); o de 2 días de ausencia en el período de un mes o de 4 en el de 2 meses (TSJ Madrid 27-5-15). Ahora bien, en la norma convencional de aplicación al presente supuesto se prevé como falta muy grave la de «Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada». Y no se concreta si ha de tratarse de un mes natural o no (esto es, según la posición de la recurrente, que las tres ausencias deben tener lugar en un mismo mes reanudándose el cómputo en cada uno de los doce meses del año).

Al hilo de lo anterior, para la pormenorización del cómputo del período de tiempo, el convenio colectivo se erige en instrumento fundamental y sustentador de la cantidad necesaria de las faltas de asistencia y puntualidad. Pero exista o no previsión de la reiteración necesaria de las faltas de asistencia o puntualidad en convenio colectivo lo cierto es que -al final- serán criterios de razonabilidad los que aplicará el juzgador dentro de su propia discrecionalidad. En efecto, solo se exige un juicio adecuado de razonabilidad: es decir, una resolución fundada en derecho -aun cuando posea elementos de discrecionalidad- que respete los hechos y el precepto aplicable al caso concreto. Y eso es, precisamente, lo que hace con acierto la Juzgadora de instancia al indicar que «[…] debemos indicar que no contempla el precepto alegado referencia alguna al mes natural a los efectos del cómputo de ausencias sancionables, por lo que no puede aceptarse el argumento esgrimido de que cada mes del año exija 3 o más días de ausencia no justificada para poder integrar una falta muy grave, siendo lo más lógico y razonable que el cómputo del período, a falta de expresa mención al mes natural, se efectúe de fecha a fecha entre la primera y última de las ausencias. De esta manera, el periodo del mes se iniciaría en la fecha de comisión de la primera ausencia no justificada y concluiría a los 30 días de la misma, computándose todas las ausencias injustificadas que existan en dicho periodo con independencia del mes en que se produzcan. Apoya esta interpretación lo previsto en elart. 5 del Código Civilque establece que si los plazos señalados en las normas estuviesen fijados por meses, se computarán de fecha a fecha, siendo esta la forma de cómputo adoptada por la doctrina jurisprudencial, pudiendo citar a título meramente ejemplificativo la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 09.11.2006 . Habiéndose cometido la primera falta el 25.03.2020 y estando las otras 2 dentro del periodo de referencia de los 30 días posteriores a dicha fecha, estaríamos en el supuesto de falta muy grave previsto en la norma y habilitante para despedir, a expensas de la posible existencia de una causa de justificación prevista legalmente […]». Tal posición debe ser asumida por la Sala.

Es preciso efectuar un pronunciamiento adicional. Cita la recurrente en el motivo, sin mayor desarrollo posterior, la vulneración del principio «in dubio pro reo». Tal principio, sin embargo, no resulta de aplicación en la calificación de las conductas de incumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales y así lo ha señalado de forma reiterada nuestro Tribunal Supremo (STS de 04 de julio de 2019, rec. 52/2017, entre otras muchas). El quinto motivo de suplicación debe, por todo ello, decaer.

OCTAVO.- En el sexto y último motivo de suplicación, también formulado al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del art.193 LRJS, se denuncia la infracción de la Directiva 2003/88/CE, en relación con el art.48.2 del Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid. Y ello al considerar que la puesta a disposición de la trabajadora de un canal de teletrabajo para «recuperar horas» durante uno de los días en los que no acudió a su puesto de trabajo (6 de abril de 2020) impide que la infracción disciplinaria pueda sr considerada como muy grave.

Tal cuestión, sin embargo, ya fue planteada y resuelta en la sentencia de instancia, por cuanto se indicaba por la Magistrada que » Entre tales ausencias debe computarse la del 6 de abril de 2020 por cuanto en contra de lo señalado en la demanda, la Empresa no autorizó a la trabajadora para dejar de acudir a su puesto y teletrabajar desde su domicilio dicho día. Lo que consta documentado es que finalizada la jornada, y constatado que la demandante había incumplido por tercera vez su obligación de acudir a las oficinas esa semana, la Empresa le habilitó un canal de teletrabajo durante la tarde para que pudiera recuperar horas de trabajo pero sin implicar lo anterior la sustitución de la obligación presencial de por la mañana o la validación de la ausencia al puesto de trabajo dicho día […]».

No se trata, por tanto, de la existencia de un tiempo de disponibilidad que deba ser computado como tiempo de trabajo sino de la voluntad de la trabajadora, consciente y libre, de no acudir a su puesto de trabajo también ese día 6 de abril de 2020. Hecha la anterior precisión, la conducta de la demandante constituye un incumplimiento contractual de indudable gravedad, claramente subsumible en la falta muy grave de inasistencia injustificada a su puesto de trabajo. Ello determina el rechazo del motivo, y por ende, la desestimación del recurso. No ha lugar a la imposición de costas, dada la condición con la que litiga el recurrente.

 

VISTOS los artículos citados y demás de general aplicación,

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de doña Marcelina contra la sentencia de fecha 26 de octubre de 2020 dictada por el Juzgado de lo Social nº 39 de Refuerzo de Madrid en los autos de despido nº 687/2020 seguidos a instancia del recurrente contra la empresa IURIS CORPORATE, S.A y contra don Basilio; confirmando en su integridad la sentencia de instancia. Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2876- 0000-00-0409-21 que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita en PS. del General Martinez Campos, 35; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S).

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el campo «observaciones o concepto de la transferencia», se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento 2876- 0000- 00-0409-21.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Para cualquier cuestión derivada de la relación laboral puede contactar con nosotros https://www.abogadosmelilla.es/derecho-laboral-melilla/