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Se aprueba la eutanasia en España

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, pretende hacer compatibles el derecho a la vida y a la integridad física y moral con otros bienes constitucionalmente protegidos, como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Podrán solicitar la prestación de ayuda para morir, que se incluirá en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, quienes se hallen en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el 25 de marzo la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.

El objeto de la norma es, conforme indica su texto, regular el derecho de toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, así como el procedimiento y las garantías que han de observarse y los deberes del personal sanitario y de las administraciones e instituciones concernidas.

El derecho a la vida y el «contexto eutanásico.

El texto pretende dar respuesta a lo que considera una demanda sostenida de la sociedad actual y justifica la legalización y regulación de la eutanasia, de un lado, sobre los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, sobre bienes constitucionalmente protegidos, como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

Se busca, dice la norma, legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denomina contexto eutanásico. Con ese fin, la ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos.

Nuevo derecho individual: la eutanasia

El texto introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, la eutanasia, es decir, la muerte de una persona de forma directa e intencionada, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.

El texto pretende conectar la eutanasia con el derecho a la vida, que entiende debe cohonestarse con otros derechos y bienes, como la integridad física y moral, la dignidad humana, la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad, y afirma que cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad de su titular.

Padecimiento grave, crónico e imposibilitante y enfermedad grave e incurable

El capítulo I de la norma delimita su objeto y ámbito de aplicación y establece algunas definiciones.

Así, define el padecimiento grave, crónico e imposibilitante como la situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico.

Y la enfermedad grave e incurable como aquélla que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva.

Requisitos para el ejercicio del derecho

El capítulo II establece los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación de ayuda para morir y las condiciones para su ejercicio. Toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir dicha ayuda, siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada, y que se encuentre en los supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Se articula también la posibilidad de solicitar esta ayuda mediante el documento de instrucciones previas o equivalente, legalmente reconocido.

El texto exige haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.

Cuando el médico responsable certifique que el paciente no se encuentra en pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándola del documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos previamente por el paciente. En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del paciente, el médico responsable podrá presentar la solicitud de eutanasia. En este último caso el médico que trata al paciente estará legitimado para solicitar y obtener el acceso al documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas.

La denegación de la prestación de ayuda para morir deberá realizarse por escrito y de manera motivada por el médico responsable. Contra esta denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo de diez días naturales desde la primera solicitud, la persona que hubiera presentado la misma podrá presentar en el plazo máximo de quince días naturales una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación.

Procedimiento

El capítulo III regula el procedimiento que se debe seguir para la realización de la prestación de ayuda para morir y las garantías que han de observarse en la aplicación de dicha prestación. Las comisiones de Garantía y Evaluación deberán verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que se establecen.

La prestación de ayuda para morir, incluida en el Sistema Nacional de Salud

La ley prevé que la prestación de ayuda para morir se pueda producir de dos modos: bien mediante la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional sanitario, o bien mediante la prescripción o suministro de una sustancia, de manera que el paciente se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte.

El capítulo IV establece los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de ayuda para morir, incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando su financiación pública y su prestación también en centros privados o en el domicilio.

Objeción de conciencia del personal sanitario

La ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, que deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. Prevé además que las administraciones sanitarias creen un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, sometido a estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos.

Comisiones de Garantía y Evaluación

Finalmente el capítulo V regula las Comisiones de Garantía y Evaluación que deberán crearse en todas las comunidades y ciudades autónomas.

Entre sus funciones, el texto señala la de resolver en el plazo máximo de veinte días las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir y verificar en el plazo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley.

Consideración como muerte natural

La disposición adicional primera establece por su parte que quienes solicitan ayuda para morir al amparo de la ley se considerará que fallecen por muerte natural. El resto de disposiciones se refieren al sometimiento de las infracciones de lo dispuesto por la ley al régimen sancionador previsto en la Ley 14/1986, General de Sanidad, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civil, penal, profesional o estatutaria; al informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la ley que las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad; al aseguramiento de recursos y medios de apoyo a las personas con discapacidad; a la tramitación de recursos por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona en la Ley 29/1998, de 13 de julio; a la elaboración de un manual de buenas prácticas para orientar la correcta puesta en práctica de la ley, y al establecimiento de mecanismos para dar la máxima difusión a la norma entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía y una oferta de formación continua específica sobre la ayuda para morir.

Modificación del Código Penal

Se modifica asimismo el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objeto de despenalizar las conductas eutanásicas en los supuestos y condiciones establecidos por la nueva ley. Así:

«4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.»

Entrada en vigor

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, entrará en vigor el 25 de junio de 2021, a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo el artículo 17, relativo a la creación y composición de las Comisiones de Garantía y Evaluación, que entrará en vigor al día siguiente de aquella publicación y que a su vez prevé que estas Comisiones se creen y constituyan en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de dicho artículo.

En tanto no dispongan de su propio reglamento de orden interno, el funcionamiento de las Comisiones de Garantía y Evaluación se ajustará a las reglas establecidas en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.SUBIR

El juicio de desahucio no se suspende porque la arrendataria haya interpuesto demanda de determinación de la renta en virtud de la cláusula rebus sic stantibus

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 37 BARCELONA, SENTENCIA 21 DICIEMBRE 2021LA LEY 228/2021

No cabe considerar enervada la acción ya que la renta que la arrendataria ha abonado es inferior a la fijada en el Decreto-Ley 34/2020, de 20 de octubre, de la Generalitat de Catalunya.

Juzgado de Primera Instancia nº 37 Barcelona, Sentencia 229/2020, 21 Dic. Procedimiento 569/2020

Ejercitada por la parte arrendadora acción de desahucio por falta de pago, la arrendataria solicita la suspensión del juicio por prejudicialidad civil por haber interpuesto una demanda solicitando la reducción del importe de la renta pactada en virtud de la cláusula rebus sic stantibus, alegando el cambio de circunstancias sobrevenido a causa de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 37 Barcelona no accede a esta solicitud de suspensión del juicio y señala que tampoco cabe entrar a conocer en este proceso sobre la pretensión de fijación de una nueva renta contractual por invocación de la cláusula rebus sic stantibus.

Asimismo, el Juez rechaza la enervación de la acción ejercitada aunque la arrendataria haya satisfecho el 30% de la renta, que es la cantidad a la que entiende que debe reducirse la renta, ya que esa cantidad es inferior a la establecida en el Decreto-Ley 34/2020, de 20 de octubre, del Govern de la Generalitat de Catalunya.

En conclusión, dado que la renta no ha sido satisfecha en su totalidad y no alcanza siquiera el porcentaje a que se refiere el mencionado Decreto-Ley 34/2020, la sentencia declara resuelto el contrato de arrendamiento existente entre las partes.

QUÉ ES UN EXEQUATUR

Para que una sentencia (o laudo) extranjera tenga plena eficacia en España, es necesario que los tribunales españoles examinen si se cumplen determinados requisitos y, en caso afirmativo, se procede a homologarla o reconocerla. Es lo que la doctrina y la Jurisprudencia denominan el exequátur. Obtenido éste, la actividad ejecutiva se desarrolla según las reglas generales de aplicación al específico contenido de la resolución homologada —téngase en cuenta que el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras son cuestiones diferenciadas, pues puede eventualmente solicitarse el reconocimiento y no su ejecución-. Por lo tanto, las resoluciones dictadas por Tribunales extranjeros no constituyen en principio, por sí mismas, un título ejecutivo, ni vinculan a los Jueces y Tribunales españoles, sino que es necesario un pronunciamiento específico para que tenga fuerza ejecutiva en España.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 523 LEC y bajo la denominación “de los títulos ejecutivos extranjeros” extiende no sólo a las sentencias firmes, sino a lo que denomina “demás títulos ejecutivos extranjeros” la posibilidad de ejecución en España, siempre y cuando todo ello sea conforme a lo dispuesto en los tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional.

El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece como principio general que los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español, entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, exceptuando de la aplicación de esta norma a aquellos supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, establecidos por las Normas de Derecho Internacional Público. En el ámbito de la jurisdicción civil el artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales españolas, con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios Internacionales.

Completando la norma anterior, el artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y bajo la denominación de la “extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales Civiles” remite nuevamente a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y Tratados y Convenios Internacionales en los que España sea parte, estableciendo a su vez unas reglas de abstención de conocimiento por parte de los Tribunales Civiles Españoles.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 22, letra e)LOPJ, considera competentes a los Juzgados y Tribunales españoles, en el orden civil, en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero.

En consecuencia, la facultad de ejecución de un título ejecutivo extranjero en España debe limitarse, por tanto, a sentencias y resoluciones judiciales, y a laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, correspondiendo la competencia específica, objetiva y funcional, salvo que en virtud de tratado u otra norma internacional se atribuya a otro Juzgado o Tribunal, a los Juzgados de Primera Instancia (artículo 85.5 LOPJ).

El Derecho español ha regulado tradicionalmente un procedimiento de homologación conocido como exequátur, en los arts. 951 a958 LECiv 1881 (Disposición derogatoria única.1.3.ª y art. 523 LEC) hasta la aprobación de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (en lo sucesivo, LCJIC), que recoge el régimen actualmente vigente.

En esta materia hay que recordar que la LCJIC se rige por el principio de subsidiaridad (art. 2 LCJIC), esto es, se aplica de forma subsidiaria a (i) las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales de los que España sea parte, y (ii) las normas especiales de Derecho interno (entre otras, determinados preceptos de las Leyes Concursal, de Consumidores y Usuarios y de Jurisdicción Voluntaria que aparecen relacionadas en la disposición adicional primera de la LCJIC).

Levantada la suspensión de plazos administrativos y procesales a partir del 1 y del 4 de junio

REAL DECRETO 537/2020, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE PRORROGA EL ESTADO DE ALARMA DECLARADO POR EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 (B.O.E. DE 23 DE MAYO DE 2020)

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que prorroga por quinta vez el estado de alarma, acuerda también alzar desde el 4 de junio la suspensión de los plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones que estableció el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Asimismo dispone la reanudación o, en su caso, el reinicio, a partir del 1 de junio, del cómputo de los plazos administrativos suspendidos.

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que acordó prorrogar por quinta vez, hasta las 00:00 horas del 7 de junio de 2020, el estado de alarma declarado en su día por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, ha establecido también el alzamiento, desde el 4 de junio, de la suspensión de los plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, así como, desde el 1 de junio, la reanudación o el reinicio del cómputo de los plazos administrativos suspendidos.

En efecto, el Gobierno entiende que el avance del Plan para la desescalada, con la consiguiente reactivación de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios públicos y privados, hace conveniente facilitar el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales. A estos efectos cabe recordar que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, estableció determinadas reglas sobre el cómputo de plazos procesales y sobre la ampliación de plazos en materia de recursos.

Plazos procesales

Respecto a los plazos procesales, el artículo 8 del Real Decreto 537/2020 alza su suspensión con efectos desde el 4 de junio de 2020, derogándose en consecuencia a partir de esa fecha la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 que en su momento la estableció.

Plazos administrativos

El artículo 9 del Real Decreto 537/2020 prevé asimismo, con efectos desde el 1 de junio de 2020, que el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. Correlativamente, desde esa misma fecha queda derogada la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones

Por último, el artículo 10 del Real Decreto 537/2020 dispone que con efectos desde el 4 de junio de 2020 se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, derogándose desde esa misma fecha la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto 463/2020.

Entrada en vigor

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, entró en vigor el 23 de mayo de 2020, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Qué se entiende por asegurado en el seguro de defensa jurídica a efectos de la libre elección de abogado

Si en la póliza se garantiza la defensa jurídica del asegurado así como de sus ascendientes, descendientes y cónyuge, debe reconocerse a la unidad familiar la condición de asegurado y la facultad elegir libremente abogado y procurador para su defensa y representación.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 373/2019, 27 Jun. Recurso 2265/2016 

 

La demandante reclama a la aseguradora con la que su marido suscribió un seguro de defensa jurídica el coste de los honorarios del abogado libremente designado por ellos para su defensa jurídica en el proceso seguido a consecuencia del accidente de tráfico en el que se vieron implicados. La compañía demandada rechazó la reclamación por considerar que la minuta no estaba incluida en la cobertura.

La demanda fue desestimada en ambas instancias por considerar que las reclamaciones formuladas por el cónyuge del asegurado no estaban incluidas dentro de la cobertura de la póliza. Por el contrario, el Tribunal Supremo, tras estimar el recurso de casación presentado por la parte actora, condena a la aseguradora demandada al pago de la cantidad reclamada.

Para ello, realiza una interpretación conjunta del clausulado de la póliza a efectos de determinar qué se entiende por asegurado a efectos de la libre elección de abogado.

El art. 76 d) de la Ley 50/1980, de contrato de seguro (LA LEY 1957/1980), reconoce la libre elección de abogado y procurador en el seguro de defensa jurídica, y concede ese derecho de elección al asegurado.

En este sentido, la cláusula de la póliza que contiene el alcance de la garantía de la defensa jurídica hace mención al asegurado, conductor, propietario o tomador del vehículo, así como a sus ascendientes, descendientes y cónyuge de cualquiera de ellos.

Por tanto, garantiza a todos ellos el pago de los gastos ocasionados para la defensa jurídica en que puedan incurrir como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral derivado de accidente de circulación, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial.

En consecuencia, el Alto Tribunal concluye que la póliza en cuestión contempla la unidad familiar como asegurada en la defensa jurídica, por lo que considera que no sería razonable que la mención del asegurado para la libre elección de abogado y procurador para su defensa y representación excluyese a las personas que tengan un interés económico en el siniestro, contempladas en dicho clausulado, esto es, quienes hubiesen sufrido un quebranto económico con ocasión de él y se le haya garantizado su defensa.

Señala que sería un contrasentido que el asegurado, a quien la aseguradora circunscribe la elección de abogado, tuviese una dirección letrada y su cónyuge otra, la de la aseguradora, con diversidad de criterio a la hora de litigar o transigir sobre el siniestro.

La interpretación realizada por las sentencias de instancia incurre en el desconocimiento de la regla de las cláusulas sorprendentes y, más en concreto, de las expectativas razonables del asegurado.

Este, tras la lectura de las personas garantizadas por el contrato, no podría esperar que él pudiese elegir abogado y su cónyuge no, obligándoles a una doble defensa en un supuesto en que ambos son víctimas de un siniestro en el que la responsabilidad civil es de un tercero.

En definitiva, la Sala aplica la regla de “interpretatio contra proferentem” (art. 1288 CC (LA LEY 1/1889)), conforme a la cual la interpretación de las condiciones contractuales oscuras predispuestas por el asegurador nunca podrá beneficiar a este y perjudicar al asegurado.

 

¿Puede obligarse a Facebook a identificar y retirar los comentarios difamatorios a nivel mundial?

El Abogado General Szpunar ha dictado sus conclusiones en el Asunto C-18/18, sobre una solicitud planteada por una diputada de la Cámara Baja del Parlamento austríaco y presidenta del grupo parlamentario de Los Verdes a los tribunales austríacos. Había solicitado que se dictara un auto de medidas provisionales frente a Facebook, para poner fin a la publicación de un comentario difamatorio.

Antecedentes

Un usuario de Facebook había compartido en su página personal un artículo de una publicación austriaca en línea titulado «Los Verdes: a favor del mantenimiento de unos ingresos mínimos para los refugiados».

Esta acción generó en Facebook una imagen en miniatura del sitio en la que se incluía el título y un breve resumen del artículo, al igual que una fotografía de la diputada. El mismo usuario también publicó un comentario humillante con respecto a dicha persona. Estos contenidos eran accesibles para cualquier usuario de Facebook.

Dado que Facebook no tomó ninguna medida ante su solicitud de eliminación de este comentario, la diputada solicitó que se requiriera a Facebook para que dejara de mostrar y/o difundir fotos de ella que fueran acompañadas de alegaciones idénticas o de «contenido similar» al comentario en cuestión.

Tras dictarse por el tribunal de primera instancia el auto de medidas provisionales solicitado, Facebook impidió el acceso desde Austria al contenido inicialmente publicado.

El Tribunal Supremo austríaco, que conoce finalmente del litigio, considera que las declaraciones en cuestión tenían por objeto atentar contra el honor de la diputada, injuriarla y difamarla.

Dado que debe pronunciarse sobre la cuestión de si la orden de cesación puede ampliarse también, a nivel mundial, a las declaraciones literalmente idénticas o de contenido similar de las que Facebook no tenga conocimiento, el tribunal solicitó del Tribunal de Justicia que interprete en este contexto la Directiva sobre el comercio electrónico.

Responsabilidad de los datos almacenados

Con arreglo a esta Directiva, un prestador de servicios de alojamiento de datos (y, por tanto, un explotador de una plataforma de red social como Facebook), en principio, no puede ser considerado responsable de los datos almacenados por terceros en sus servidores si no tiene conocimiento de su carácter ilícito. Sin embargo, una vez advertido de su carácter ilícito, debe retirarlos o bloquear su acceso. Además, la Directiva establece que a un prestador de servicios de alojamiento de datos no se le puede imponer una obligación general de supervisión de los datos que almacena o una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.

Posibilidad de requerimiento judicial a Facebook

En sus conclusiones, el Abogado General Maciej Szpunar considera que la Directiva sobre el comercio electrónico no se opone a que, mediante un requerimiento judicial, se obligue a un prestador de servicios de alojamiento de datos que explota una plataforma de red social, como Facebook, a buscar e identificar, entre todos los datos difundidos por los usuarios de esa plataforma, datos idénticos a los declarados ilícitos por el órgano jurisdiccional que haya dictado dicho requerimiento.

Según el Abogado General, este enfoque permite garantizar un justo equilibrio entre los derechos fundamentales en juego, a saber, la protección de la intimidad y de los derechos de la personalidad, la de la libertad de empresa y la de la libertad de expresión e información. Por una parte, no requiere medios técnicos sofisticados, que puedan constituir una carga extraordinaria. Por otra parte, habida cuenta de lo fácil que resulta reproducir datos en el entorno de Internet, es necesario para garantizar una protección eficaz de la intimidad y de los derechos de la personalidad.

Mediante ese requerimiento judicial, también puede obligarse al prestador de servicios de alojamiento de datos a buscar e identificar datos similares a los declarados ilícitos, pero únicamente de entre los datos difundidos por el usuario que publicó tales datos. Un órgano jurisdiccional que se pronuncie sobre la retirada de esos datos similares debe garantizar que los efectos de su requerimiento son claros, precisos y previsibles. A ese propósito, debe poner en equilibro los derechos fundamentales en juego y tener en cuenta el principio de proporcionalidad.

Una obligación de identificar datos similares procedentes de cualquier usuario no garantizaría un justo equilibrio entre los derechos fundamentales en cuestión. Por un lado, la búsqueda e identificación de esos datos precisaría de soluciones costosas. Por otro lado, la aplicación de esas soluciones daría lugar a una censura, de modo que la libertad de expresión y de información podría verse sistemáticamente limitada.

Además, según el Abogado General, dado que la Directiva no regula el alcance territorial de una obligación de retirada de datos difundidos mediante una plataforma de red social, no se opone a que se obligue a un prestador de servicios de alojamiento de datos a retirar tales datos a nivel mundial. Por lo demás, el alcance territorial tampoco está regulado por otras disposiciones del Derecho de la Unión en la medida en que, en este asunto, la demanda de la diputada no está basada en el Derecho de la Unión, sino en disposiciones generales del Derecho civil austríaco en materia de violación de la intimidad y de los derechos de la personalidad, en particular la difamación, que no han sido objeto de armonización.

Tanto la cuestión de los efectos extraterritoriales de un requerimiento judicial que impone una obligación de retirada como la del alcance territorial de tal obligación deberían ser objeto de un análisis efectuado a la luz, en particular, del Derecho internacional público y privado.

Además, el Abogado General estima que la Directiva no se opone a que se obligue a un prestador de servicios de alojamiento de datos a retirar datos similares a los declarados ilícitos, cuando haya sido advertido de ello por la persona afectada, por un tercero o por otra fuente, ya que en tal caso la obligación de retirada no implica una supervisión general de los datos almacenados.

Consulta Vinculante V0321-19, de 15 de febrero de 2019 de la Subdireccion General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Retenciones a cuenta. Regñas de aplicación. Abogado contratado en prácticas. La determinación del importe de la retención debe realizarse conforme con el procedimiento general regulado en el artículo 82 del RIRPF, , estableciéndose en el apartado 2 del artículo 86 para la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos un tipo mínimo de retención del 15 por ciento.

 

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Sanción disciplinaria a abogado por divulgación de las comunicaciones mantenidas con la abogada contraria.

Régimen disciplinario. Sanción impuesta a abogado por la divulgación de las comunicaciones mantenidas con la abogada contraria. Modificación de la calificación de la infracción, elevándose de leve a grave. Las conductas que lesionan la confidencialidad de negociaciones o comunicaciones entre abogados se alza en infracción de normas éticas y/o deontológicas. Infracción de mera actividad que no se cualifica por el resultado dañoso para un tercero ni beneficioso para el infractor, ni se vincula a una consecuencia procesal precisa, agotándose la tipicidad con la constatación de tales aportaciones procesales de documentos confidenciales sin autorización.

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El tiempo en que el empleado está en situación de incapacidad permanente transitoria computa para acceder a la jubilación parcial

La LGSS solo especifica que el solicitante debe tener una antigüedad mínima en la empresa de 6 años inmediatamente anteriores, pero no que tales años hayan de ser ininterrumpidos. Como no se desvinculó de la empresa, sino que se mantuvo en esa situación hasta su incorporación por mejoría, es un mero paréntesis en el tiempo. El contrato no se extinguió, sino que se suspendió.

TSJ Canarias, Sala de lo Social, Sentencia 385/2018, 17 Abr. Rec. 574/2017 (LA LEY 134496/2018)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia canario falla en favor de un pensionista al que reconoce el derecho a la jubilación parcial porque entiende que una suspensión con reserva de puesto de trabajo, de duración inferior a dos años, por causa de una incapacidad no puede anular los más de cuarenta años que estuvo trabajando en la misma empresa.

Es la incapacidad una situación de suspensión del contrato de trabajo no una situación de extinción, y que además deriva de causas ajenas al trabajador, por lo que no puede perjudicar al trabajador a la hora de un posterior acceso a la pensión de jubilación parcial.

Opta el Tribunal por una interpretación del artículo 215.2.b de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015), favorable para el beneficiario, porque aunque la norma exige un tiempo mínimo de 6 años inmediatamente anteriores de vinculación entre la empresa y quien pretende jubilarse, – para evitar posibles fraudes, como lo sería la contratación de trabajadores de edad avanzada con la única finalidad de que los mismos puedan acceder a una jubilación parcial-, ello sin más no permite olvidar la extensa vinculación previa del trabajador con la empresa solo por un periodo de suspensión del contrato.

Abunda en esta tesis, de que la incapacidad suspende y no extingue la relación con la empresa, el hecho de que en el caso, en la resolución de reconocimiento de la pensión se previó que la situación incapacitante podía ser objeto de revisión por mejoría, lo que permitiría al trabajador la reincorporación al puesto de trabajo, como de hecho sucedió.

La norma habla de seis años “inmediatamente anteriores” pero no que tales años hayan de ser en todo caso ininterrumpidos, lo que en el caso se traduce en que se debe computar la antigüedad desde el inicio de la prestación de servicios y hasta la fecha de la solicitud de la prestación, haciendo un paréntesis respecto a periodos de tiempo en que el contrato se suspendió con reserva del puesto de trabajo.

Cumplido así el requisito de seis años de antigüedad en la empresa, inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial, el trabajador tiene derecho a la prestación porque estuvo de alta en la misma empresa desde 1970, salvo en un escaso periodo en el que se le reconoció una incapacidad permanente revisable, tras el cual volvió a incorporarse a la misma empresa, situación ésta que supone la suspensión del contrato y no su extinción a los efectos de computar la antigüedad.