Etiqueta: abogado melilla

Qué se entiende por asegurado en el seguro de defensa jurídica a efectos de la libre elección de abogado

Si en la póliza se garantiza la defensa jurídica del asegurado así como de sus ascendientes, descendientes y cónyuge, debe reconocerse a la unidad familiar la condición de asegurado y la facultad elegir libremente abogado y procurador para su defensa y representación.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 373/2019, 27 Jun. Recurso 2265/2016 

 

La demandante reclama a la aseguradora con la que su marido suscribió un seguro de defensa jurídica el coste de los honorarios del abogado libremente designado por ellos para su defensa jurídica en el proceso seguido a consecuencia del accidente de tráfico en el que se vieron implicados. La compañía demandada rechazó la reclamación por considerar que la minuta no estaba incluida en la cobertura.

La demanda fue desestimada en ambas instancias por considerar que las reclamaciones formuladas por el cónyuge del asegurado no estaban incluidas dentro de la cobertura de la póliza. Por el contrario, el Tribunal Supremo, tras estimar el recurso de casación presentado por la parte actora, condena a la aseguradora demandada al pago de la cantidad reclamada.

Para ello, realiza una interpretación conjunta del clausulado de la póliza a efectos de determinar qué se entiende por asegurado a efectos de la libre elección de abogado.

El art. 76 d) de la Ley 50/1980, de contrato de seguro (LA LEY 1957/1980), reconoce la libre elección de abogado y procurador en el seguro de defensa jurídica, y concede ese derecho de elección al asegurado.

En este sentido, la cláusula de la póliza que contiene el alcance de la garantía de la defensa jurídica hace mención al asegurado, conductor, propietario o tomador del vehículo, así como a sus ascendientes, descendientes y cónyuge de cualquiera de ellos.

Por tanto, garantiza a todos ellos el pago de los gastos ocasionados para la defensa jurídica en que puedan incurrir como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral derivado de accidente de circulación, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial.

En consecuencia, el Alto Tribunal concluye que la póliza en cuestión contempla la unidad familiar como asegurada en la defensa jurídica, por lo que considera que no sería razonable que la mención del asegurado para la libre elección de abogado y procurador para su defensa y representación excluyese a las personas que tengan un interés económico en el siniestro, contempladas en dicho clausulado, esto es, quienes hubiesen sufrido un quebranto económico con ocasión de él y se le haya garantizado su defensa.

Señala que sería un contrasentido que el asegurado, a quien la aseguradora circunscribe la elección de abogado, tuviese una dirección letrada y su cónyuge otra, la de la aseguradora, con diversidad de criterio a la hora de litigar o transigir sobre el siniestro.

La interpretación realizada por las sentencias de instancia incurre en el desconocimiento de la regla de las cláusulas sorprendentes y, más en concreto, de las expectativas razonables del asegurado.

Este, tras la lectura de las personas garantizadas por el contrato, no podría esperar que él pudiese elegir abogado y su cónyuge no, obligándoles a una doble defensa en un supuesto en que ambos son víctimas de un siniestro en el que la responsabilidad civil es de un tercero.

En definitiva, la Sala aplica la regla de “interpretatio contra proferentem” (art. 1288 CC (LA LEY 1/1889)), conforme a la cual la interpretación de las condiciones contractuales oscuras predispuestas por el asegurador nunca podrá beneficiar a este y perjudicar al asegurado.

 

¿Puede obligarse a Facebook a identificar y retirar los comentarios difamatorios a nivel mundial?

El Abogado General Szpunar ha dictado sus conclusiones en el Asunto C-18/18, sobre una solicitud planteada por una diputada de la Cámara Baja del Parlamento austríaco y presidenta del grupo parlamentario de Los Verdes a los tribunales austríacos. Había solicitado que se dictara un auto de medidas provisionales frente a Facebook, para poner fin a la publicación de un comentario difamatorio.

Antecedentes

Un usuario de Facebook había compartido en su página personal un artículo de una publicación austriaca en línea titulado «Los Verdes: a favor del mantenimiento de unos ingresos mínimos para los refugiados».

Esta acción generó en Facebook una imagen en miniatura del sitio en la que se incluía el título y un breve resumen del artículo, al igual que una fotografía de la diputada. El mismo usuario también publicó un comentario humillante con respecto a dicha persona. Estos contenidos eran accesibles para cualquier usuario de Facebook.

Dado que Facebook no tomó ninguna medida ante su solicitud de eliminación de este comentario, la diputada solicitó que se requiriera a Facebook para que dejara de mostrar y/o difundir fotos de ella que fueran acompañadas de alegaciones idénticas o de «contenido similar» al comentario en cuestión.

Tras dictarse por el tribunal de primera instancia el auto de medidas provisionales solicitado, Facebook impidió el acceso desde Austria al contenido inicialmente publicado.

El Tribunal Supremo austríaco, que conoce finalmente del litigio, considera que las declaraciones en cuestión tenían por objeto atentar contra el honor de la diputada, injuriarla y difamarla.

Dado que debe pronunciarse sobre la cuestión de si la orden de cesación puede ampliarse también, a nivel mundial, a las declaraciones literalmente idénticas o de contenido similar de las que Facebook no tenga conocimiento, el tribunal solicitó del Tribunal de Justicia que interprete en este contexto la Directiva sobre el comercio electrónico.

Responsabilidad de los datos almacenados

Con arreglo a esta Directiva, un prestador de servicios de alojamiento de datos (y, por tanto, un explotador de una plataforma de red social como Facebook), en principio, no puede ser considerado responsable de los datos almacenados por terceros en sus servidores si no tiene conocimiento de su carácter ilícito. Sin embargo, una vez advertido de su carácter ilícito, debe retirarlos o bloquear su acceso. Además, la Directiva establece que a un prestador de servicios de alojamiento de datos no se le puede imponer una obligación general de supervisión de los datos que almacena o una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.

Posibilidad de requerimiento judicial a Facebook

En sus conclusiones, el Abogado General Maciej Szpunar considera que la Directiva sobre el comercio electrónico no se opone a que, mediante un requerimiento judicial, se obligue a un prestador de servicios de alojamiento de datos que explota una plataforma de red social, como Facebook, a buscar e identificar, entre todos los datos difundidos por los usuarios de esa plataforma, datos idénticos a los declarados ilícitos por el órgano jurisdiccional que haya dictado dicho requerimiento.

Según el Abogado General, este enfoque permite garantizar un justo equilibrio entre los derechos fundamentales en juego, a saber, la protección de la intimidad y de los derechos de la personalidad, la de la libertad de empresa y la de la libertad de expresión e información. Por una parte, no requiere medios técnicos sofisticados, que puedan constituir una carga extraordinaria. Por otra parte, habida cuenta de lo fácil que resulta reproducir datos en el entorno de Internet, es necesario para garantizar una protección eficaz de la intimidad y de los derechos de la personalidad.

Mediante ese requerimiento judicial, también puede obligarse al prestador de servicios de alojamiento de datos a buscar e identificar datos similares a los declarados ilícitos, pero únicamente de entre los datos difundidos por el usuario que publicó tales datos. Un órgano jurisdiccional que se pronuncie sobre la retirada de esos datos similares debe garantizar que los efectos de su requerimiento son claros, precisos y previsibles. A ese propósito, debe poner en equilibro los derechos fundamentales en juego y tener en cuenta el principio de proporcionalidad.

Una obligación de identificar datos similares procedentes de cualquier usuario no garantizaría un justo equilibrio entre los derechos fundamentales en cuestión. Por un lado, la búsqueda e identificación de esos datos precisaría de soluciones costosas. Por otro lado, la aplicación de esas soluciones daría lugar a una censura, de modo que la libertad de expresión y de información podría verse sistemáticamente limitada.

Además, según el Abogado General, dado que la Directiva no regula el alcance territorial de una obligación de retirada de datos difundidos mediante una plataforma de red social, no se opone a que se obligue a un prestador de servicios de alojamiento de datos a retirar tales datos a nivel mundial. Por lo demás, el alcance territorial tampoco está regulado por otras disposiciones del Derecho de la Unión en la medida en que, en este asunto, la demanda de la diputada no está basada en el Derecho de la Unión, sino en disposiciones generales del Derecho civil austríaco en materia de violación de la intimidad y de los derechos de la personalidad, en particular la difamación, que no han sido objeto de armonización.

Tanto la cuestión de los efectos extraterritoriales de un requerimiento judicial que impone una obligación de retirada como la del alcance territorial de tal obligación deberían ser objeto de un análisis efectuado a la luz, en particular, del Derecho internacional público y privado.

Además, el Abogado General estima que la Directiva no se opone a que se obligue a un prestador de servicios de alojamiento de datos a retirar datos similares a los declarados ilícitos, cuando haya sido advertido de ello por la persona afectada, por un tercero o por otra fuente, ya que en tal caso la obligación de retirada no implica una supervisión general de los datos almacenados.

Consulta Vinculante V0321-19, de 15 de febrero de 2019 de la Subdireccion General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Retenciones a cuenta. Regñas de aplicación. Abogado contratado en prácticas. La determinación del importe de la retención debe realizarse conforme con el procedimiento general regulado en el artículo 82 del RIRPF, , estableciéndose en el apartado 2 del artículo 86 para la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos un tipo mínimo de retención del 15 por ciento.

 

LEER MÁS “Consulta Vinculante V0321-19, de 15 de febrero de 2019 de la Subdireccion General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas”

Sanción disciplinaria a abogado por divulgación de las comunicaciones mantenidas con la abogada contraria.

Régimen disciplinario. Sanción impuesta a abogado por la divulgación de las comunicaciones mantenidas con la abogada contraria. Modificación de la calificación de la infracción, elevándose de leve a grave. Las conductas que lesionan la confidencialidad de negociaciones o comunicaciones entre abogados se alza en infracción de normas éticas y/o deontológicas. Infracción de mera actividad que no se cualifica por el resultado dañoso para un tercero ni beneficioso para el infractor, ni se vincula a una consecuencia procesal precisa, agotándose la tipicidad con la constatación de tales aportaciones procesales de documentos confidenciales sin autorización.

LEER MÁS “Sanción disciplinaria a abogado por divulgación de las comunicaciones mantenidas con la abogada contraria.”

El tiempo en que el empleado está en situación de incapacidad permanente transitoria computa para acceder a la jubilación parcial

La LGSS solo especifica que el solicitante debe tener una antigüedad mínima en la empresa de 6 años inmediatamente anteriores, pero no que tales años hayan de ser ininterrumpidos. Como no se desvinculó de la empresa, sino que se mantuvo en esa situación hasta su incorporación por mejoría, es un mero paréntesis en el tiempo. El contrato no se extinguió, sino que se suspendió.

TSJ Canarias, Sala de lo Social, Sentencia 385/2018, 17 Abr. Rec. 574/2017 (LA LEY 134496/2018)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia canario falla en favor de un pensionista al que reconoce el derecho a la jubilación parcial porque entiende que una suspensión con reserva de puesto de trabajo, de duración inferior a dos años, por causa de una incapacidad no puede anular los más de cuarenta años que estuvo trabajando en la misma empresa.

Es la incapacidad una situación de suspensión del contrato de trabajo no una situación de extinción, y que además deriva de causas ajenas al trabajador, por lo que no puede perjudicar al trabajador a la hora de un posterior acceso a la pensión de jubilación parcial.

Opta el Tribunal por una interpretación del artículo 215.2.b de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015), favorable para el beneficiario, porque aunque la norma exige un tiempo mínimo de 6 años inmediatamente anteriores de vinculación entre la empresa y quien pretende jubilarse, – para evitar posibles fraudes, como lo sería la contratación de trabajadores de edad avanzada con la única finalidad de que los mismos puedan acceder a una jubilación parcial-, ello sin más no permite olvidar la extensa vinculación previa del trabajador con la empresa solo por un periodo de suspensión del contrato.

Abunda en esta tesis, de que la incapacidad suspende y no extingue la relación con la empresa, el hecho de que en el caso, en la resolución de reconocimiento de la pensión se previó que la situación incapacitante podía ser objeto de revisión por mejoría, lo que permitiría al trabajador la reincorporación al puesto de trabajo, como de hecho sucedió.

La norma habla de seis años “inmediatamente anteriores” pero no que tales años hayan de ser en todo caso ininterrumpidos, lo que en el caso se traduce en que se debe computar la antigüedad desde el inicio de la prestación de servicios y hasta la fecha de la solicitud de la prestación, haciendo un paréntesis respecto a periodos de tiempo en que el contrato se suspendió con reserva del puesto de trabajo.

Cumplido así el requisito de seis años de antigüedad en la empresa, inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial, el trabajador tiene derecho a la prestación porque estuvo de alta en la misma empresa desde 1970, salvo en un escaso periodo en el que se le reconoció una incapacidad permanente revisable, tras el cual volvió a incorporarse a la misma empresa, situación ésta que supone la suspensión del contrato y no su extinción a los efectos de computar la antigüedad.

Indemnizado con 52.000 euros por perder el contacto con sus hijas menores debido a los retrasos de la justicia en resolver

  • l hombre fue denunciado por su esposa por abusos sexuales, dictándose medidas de alejamiento, suspensión del régimen de visitas y comparecencia mensual ante el juzgado. Aunque finalmente fue absuelto, el vínculo filial con sus hijas ya se había roto debido al retraso en la resolución del procedimiento.
Ir a JurisprudenciaAN, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S, 18 Sep. 2018 (Rec. 432/2017

Isabel Desviat.- La Audiencia Nacional, en sentencia dictada el pasado 18 de septiembre de 2018 (LA LEY 149788/2018)aumenta la indemnización a cargo del Ministerio de Justicia de 10.000 que fueron concedidos en vía administrativa, hasta un total de 52.000 euros más los intereses legales. La demanda se interpuso porque el hombre, que fue acusado de abusos sexuales –fue finalmente absuelto- y sometido a medidas cautelares, no pudo acercarse a sus hijas, ni visitarlas, ni tener “coincidencias espaciales” con ellas durante casi 8 años.

A la prolongación excesiva del procedimiento, tanto en vía civil como en la penal debía añadirse el perjuicio que le había provocado el hecho de ser denunciado y acusado de un delito tan grave.

Las dilaciones indebidas no solo fueron imputables a los juzgados que instruyeron la causa; también se apreciaron en fase de enjuiciamiento ante la Audiencia Provincial de Tarragona. La causa tuvo entrada en la Sección 4ª de dicha Audiencia el 10 nov. 2010 y el juicio oral no se celebró hasta después de haber transcurrido 3 años. A ello había que añadir el tiempo que transcurrió hasta que se resolvió el recurso de casación ante el TS interpuesto por la esposa.

Tras el alzamiento de las medidas cautelares no se produjo inmediatamente el restablecimiento del contacto del padre con sus hijas, pues debía ser la jurisdicción civil la que adoptase las medias al respecto: en fin, que fueron otros más de dos años de espera.

En resumen: desde que se iniciaron las medidas cautelares por el juzgado de instrucción hasta que se dictó la sentencia de divorcio por la jurisdicción civil, transcurrieron casi 8 años.

Responsabilidad del Ministerio de Justicia

El hombre había demandado también para que le fuera resarcidos los daños causados directamente por la adopción de las medidas cautelares, pero la Sala considera que la adopción de medidas y sus consecuencias constituirían en su caso un supuesto de error, y el resarcimiento por esta causa debía reclamarse por otra vía, la dispuesta en el artículo 292 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985).

Centrándose en los daños causados por la prolongación excesiva del procedimiento, con dilaciones que van más allá de lo razonable, la Audiencia señala que sí pueden dar lugar a responsabilidad de la Administración, al agravar el padecimiento moral de la imputación, pues de haberse tramitado con normalidad el procedimiento hubiera tomado menor duración.

Reconoce la dificultad de valorar los daños en este caso, y para ello tiene en cuenta determinados informes de evaluación psicológica sobre los primeros encuentros con sus hijas cuando se reanudó un régimen progresivo de visitas.

Negativa de las niñas a ver a su padre

Durante las primeras visitas, transcurridos tantos años, se produce un rechazo de las menores a los encuentros con el padre, llegándose incluso a suspender cautelarmente las mismas. Si bien la sentencia de divorcio dictada finalmente en 2015 otorgó de forma definitiva un régimen de visitas en un punto de encuentro, la familia quedó en lista de espera y en situación de derivación a otro punto cercano debido a la imposibilidad de hacerse cargo del caso, advirtiéndose una problemática familiar con dificultades para su resolución.

Los 10.000 euros concedidos en vía administrativa se perciben como insufiientes

La suma concedida por Resolución administrativa, de 10.000 euros se considera insuficiente por la Sala.Dicha cantidad no es suficiente para resarcir el daño moral provocado por la prolongación no justificada del procedimiento y de las medidas cautelares. Además el hombre se vio sujeto a un procedimiento “especialmente infame”, con las consecuencias que ello conlleva.

Por ello, a la cantidad ya concedida de 10.000 euros, declara que se ha de añadir otra de 42.000 euros más, que comprenden la totalidad del daño moral y personal, a lo que hay que sumar el interés legal conforme al artículo 141.3 de la Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992).

¿Qué y a quién podrán reclamar los afectados por la nevada del día de Reyes en la AP6?

Después de la tempestad viene la calma, y ahora, con esa tranquilidad de haber llegado al destino, los afectados por la nevada que paralizó el tráfico en la AP6 a la altura de Segovia se preguntan a quién reclamar y el qué.

En este sentido, la primera recomendación expuesta por Legálitas sería esperar unos días, puesto que Fomento ha abierto un expediente a la concesionaria de la autopista (Iberpistas) para que les informe de lo ocurrido. Estudiado este informe por las autoridades se podrá tener una idea más clara sobre a quién reclamar, en función de la responsabilidad que se derive. Hasta entonces, será recomendable intentar probar nuestra presencia y los daños ocasionados mediante tickets, fotos, facturas y todo lo que se pueda aportar.
En cualquier caso, si se quiere iniciar ya una reclamación, desde Legálitas recomendamos lo siguiente:

¿A quién reclamar y de qué forma?

Lo aconsejable será presentar un escrito e iniciar una doble vía: por vía administrativa mediante una reclamación patrimonial; y por vía civil frente a la empresa concesionaria (Iberpistas) mediante una reclamación civil en vía extrajudicial. Serán los tribunales quienes marquen el devenir de los acontecimientos y deriven las responsabilidades oportunas. Las dos vías son gratuitas en su inicio, no obstante, la vía civil si nuestra carta de reclamación no es atendida no tiene más alternativa que la presentación de una demanda en el Juzgado si persistimos en nuestra reclamación y, dependiendo del importe reclamado, deberíamos o no afrontar el coste de abogado y procurador.

Por vía administrativa, cabe reclamar y posteriormente interponer recurso si nuestra reclamación inicial no es atendida. En caso de desestimación podría terminar en la vía judicial contencioso administrativa. Por otro lado, es posible que la propia Administración derive la misma a la concesionaria de la autopista y sea por tanto quien, por vía civil, reciba finalmente todas las reclamaciones.

¿Qué reclamar?

Los propios afectados serán quienes deban acreditar los daños y cuantificarlos a la hora de pedir una compensación por lo ocurrido, de ahí la importancia de guardar facturas o comprobantes, incluido el recibo del peaje utilizado si es que se llegó a abonar.
La reclamación se hará por daños, materiales y morales, siendo estos últimos los más difíciles de cuantificar y probar. Podremos solicitar compensación por todos los daños demostrables que hayamos sufrido como consecuencia del problema: pérdida de un vuelo o un tren, noche de hotel que tuvieron que pagar aquellos que se quedaron atrapados, consumo extra de gasolina, etcétera.
Los afectados tienen el plazo de un año para poder iniciar su reclamación.

Precedentes

Pese a que los daños morales son más difíciles de cuantificar, existe un precedente en 2004, en el que un juez dio la razón a un conductor que se quedó atrapado por una nevada en la autopista AP1. En ese caso, la Audiencia Provincial de Burgos indemnizó al afectado con 150€ debido a las molestias que a este le causó quedarse atrapado durante numerosas horas en dicha carretera.

 

Fuete: www.derechonews.com

El TSJ de Madrid establece que las prestaciones por maternidad del INSS están exentas del IRPF

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a una particular frente al Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, organismo que dictó una resolución anulando la exención en la autoliquidación de IRPF de la interesada de la prestación por maternidad con cargo al INSS. La mujer no incluyó en su declaración los 8,993,60 euros que percibió en el ejercicio de 2013 en concepto prestación por maternidad al considerar que estaba exenta. Por ese motivo, finalmente tuvo que abonar 361,13 euros, que el Tribunal ordena ahora que le sean reintegrados con sus correspondientes intereses legales.

LEER MÁS “El TSJ de Madrid establece que las prestaciones por maternidad del INSS están exentas del IRPF”

Extranjería: Obligación de comunicar el día y hora de expulsión

Una resolución judicial emitida por el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, con competencia en control del CIE, obliga a partir del lunes 4 de septiembre al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona a comunicar a los internos el día y la hora de su expulsión de España con una antelación de al menos 24 horas.

El juzgado ha aceptado una petición de la Fundació Migrastudium, que solicitaba obligar a comunicar las expulsiones con 12 horas de antelación, el juez ha decidido ampliar el plazo a las 24 horas al considerarlo preferible, tras un informe favorable de la Fiscalía.

El CIE estará eximido cuando se prevean comportamientos violentos o alteración del orden al recibir el interno la noticia de la expulsión, y cuando la tramitación no se pueda hacer en el plazo fijado. De todas formas, de darse alguno de estos supuestos, la dirección del CIE deberá hacer llegar al juez de control una comunicación motivada, que podrá presentarse tras la expulsión, sobre la causa del incumplimiento del plazo previsto, según recoge la resolución judicial.

El juzgado de Barcelona se basa en que los jueces de control del CIE de Madrid fijaron inicialmente un plazo de 12 horas y que surgieron dudas sobre si estaban incluidas horas nocturnas, lo que les obligó a dictar un auto complementario. A fin de salvar estos problemas interpretativos es por lo que se establece dicho plazo de 24 horas naturales, justifica el juez de Barcelona.

En su informe, la Fiscalía se posicionó a favor de establecer las 24 horas de margen para que el interno pueda contactar con las personas que considere oportunas en el país de destino para facilitar su llegada y acomodo. Recuerda el Ministerio Público que la expulsión de un interno desde España a su país de origen es un hecho trascendental en la vida de la persona.

Fuente: Agencia Europa Press