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¿ Es posible reclamar los gastos de hipoteca en este momento?

 

Entendemos que sí, dado que tras la Sentencia de 25 de Abril de 2024 del Tribunal Justicia de la Unión Europea  que resuelve tres cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo a través de Auto de fecha de 22 de julio de 2022,  establece que el plazo de prescripción de la acción no puede correr a partir de la fecha de celebración del contrato, pues haría excesivamente difícil para el consumidor el ejercicio de sus derechos y vulneraría el principio de efectividad. 

Entiende el Tribunal que el plazo de prescripción para solicitar la devolución de las cantidades  es desde el momento en que el consumidor tiene conocimiento de la irregularidad de la cláusula sobre gastos, que en la práctica es en el momento que adquiere firmeza la resolución judicial que aprecia que la cláusula es abusiva.

No obstante puntualiza el TJUE, que el profesional tiene la facultad de poder probar que el consumidor tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula con anterioridad a la sentencia que declara la nulidad.

Debemos de partir de la distinción aceptada en la práctica judicial entre la acción de declaración de nulidad de la cláusula y la de efectos de restitución de los pagos efectuados debido a la declaración de nulidad.

La acción de declaración de nulidad  de una cláusula abusiva es imprescriptible, ya que aunque no existe un artículo concreto de donde se desprenda dicha imprescriptibilidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado la imprescriptibilidad como un dogma consecuente con la inexistencia » ab origine» del contrato o de una determinada cláusula contractual, asumiendo que lo que no existe no puede en ningún caso ser confirmado ni sanado por un acto posterior, ni por tanto convertirse en existente por el mero transcurso de tiempo gracias a la prescripción, así entre otras la STS 5 de junio de 2000, o STS  de 14 de noviembre de 2008).

Sin embargo la acción de reclamación de cantidades indebidamente abonadas por cláusulas abusivas si está sujeto al plazo de prescripción de cinco años del artículo 1964 del Código Civil, a excepción del de Cataluña que se establece en 10 años.

La cuestión es ¿Cuándo comienza a computarse dicho plazo?

El problema ha venido en que algunas Audiencias Provinciales han considerado que el plazo comienza desde la declaración de nulidad de la cláusula, es decir desde que el juez ha dictado una resolución en la que se declara la nulidad, momento en que el interesado tiene conocimiento de que se puede solicitar la restitución de las cantidades.

Si mantenemos esta posición, en la práctica no prescribiría puesto que la acción de nulidad es imprescriptible, por lo que el plazo para solicitar la declaración de nulidad y devolución estaría abierto.

Sin embargo por otro lado otras Audiencias Provinciales han establecido como momento de comienzo del plazo de prescripción el de la fecha del pago de las facturas o desde el momento de la publicación de las sentencias relevantes del Tribunal Supremo.

Lo que sí está claro es que desde la Sentencia de 24 de Abril no se puede computar el plazo desde el momento en que se abonaron las facturas, pero sin embargo deja abierta la posibilidad a que las entidades bancarias puedan acreditar en el proceso judicial que los consumidores tenían conocimiento de la abusividad de la cláusula. 

Lo que habrá que estudiar con detenimiento son aquellos supuestos en los que se ha ejercitado únicamente la acción de nulidad y se ha dejado para un ulterior procedimiento la acción de restitución de los gastos, o aquellos supuestos en los que la entidad bancaria ha contestado al requerimiento indicando que reconoce la nulidad de la cláusula pero no procede a la devolución de las cantidades solicitadas.

Si estás interesado en que se estudie la viabilidad de la reclamación de gastos de hipoteca , puede contactar con nosotros y de manera gratuita estudiamos su reclamación.

 

Se imparte el Criterio de Gestión para el INSS sobre la incompatibilidad de las pensiones de incapacidad permanente absoluta con trabajos que determinen la inclusión en el sistema de la Seguridad Social

 

Tras la Sentencia dictada por el Pleno de la Sala 4º del Tribunal Supremo dictada en unificación de doctrina, en sentencia de 11 de abril de 2024 mediante la que rectifica la doctrina que venía sosteniendo hasta el momento relativa al régimen de compatibilidad del cobro de las pensiones de Incapacidad Permanente Absoluta y de Gran Invalidez con el desempeño de un trabajo, se ha dictado instrucción por la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del Instituto Nacional de la Seguridad Social en donde se recoge el siguiente criterio de gestión:

  1. La percepción de la pensión de IPA será incompatible con la realización de aquel trabajo o actividad que dé lugar a la inclusión en un régimen del sistema de la Seguridad Social.

A tal efecto, se suspenderá el pago de la pensión de IPA durante el desempeño de tales trabajos o actividades, dictándose resolución en la que se fundamente la suspensión en la nueva doctrina del TS, y se reanudará cuando cese la realización de dicho trabajo o actividad.

En aquellos casos en los que se tenga reconocido el complemento destinado a que el interesado pueda remunerar a la persona que le atienda previsto en el artículo 196.4 del TRLGSS, la suspensión de la pensión no impedirá que se siga percibiendo dicho complemento.

Lo establecido en este apartado no impide que el INSS pueda promover la revisión del estado del interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 200 del TRLGSS.

 

  1. En aquellos casos en los que, de acuerdo con la anterior doctrina del TS, el pensionista viniese compatibilizando el percibo de la pensión de IPA con el ejercicio de un trabajo por cuenta ajena o de una actividad por cuenta propia que hubiera dado lugar al alta en un régimen de la Seguridad Social, durante la vigencia de dichos contratos de trabajo o de las citadas actividades, se mantendrá la compatibilidad sin perjuicio de que se pueda iniciar, si así procediese, el procedimiento de revisión con el objeto de determinar si se mantiene el grado, en el supuesto de que el interesado no hubiera cumplido la edad de jubilación y de que dicho procedimiento no se hubiera ya iniciado cuando se tuvo conocimiento de que el interesado estaba trabajando.

 

La Sala 4º del Tribunal Supremo modifica el criterio y declara incompatible la prestación por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez y actividades laborales que generen renta.

El supuesto de hecho es el siguiente:
Un trabajador, que tiene reconocida una IP total para su profesión habitual, comienza a prestar servicios para la ONCE como vendedor de cupones .
Posteriormente, se le declara en situación de gran invalidez y el INSS le notifica la suspensión en el abono de la pensión hasta que deje de prestar servicios para la ONCE.
La cuestión planteada consiste en determinar si el reconocimiento de una gran invalidez a un trabajador de la ONCE es compatible con la venta de cupones de esta organización.
El Tribunal Supremo  indica que las pensiones de IPA o GI no impiden el ejercicio de actividades,  sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión (LGSS art.198.2).
En su última doctrina, sin diferenciar entre IPA y GI, había declarado la compatibilidad de estas prestaciones con el trabajo por cuenta ajena.
Sin embargo  ahora, la Sala entiende que debe abandonarse el anterior criterio interpretativo  y volver a declarar la incompatibilidad entre IP y el trabajo por cuenta propia o ajena, apoyándose en las siguientes razones:
1. Interpretación literalLa propia norma, al hablar de «actividades compatibles» y no «trabajos», parece estar refiriéndose a labores o tareas marginales y limitadas y no a ocupaciones permanentes o cotidianas que por su extensión o intensidad den lugar a su inclusión en el sistema de Seguridad Social.
2. Interpretación sistemática. Si lo que define a la IPA y la GI es que inhabilitan por completo al trabajador para toda profesión u oficio, no es lógico permitir la compatibilidad con actividades que según su definición no podría realizar. Asimismo, cuando se refiere a las IPT la compatibilidad viene referida al salario, y al referirse a la IPA a actividades lucrativas.
3. La finalidd de las prestaciones es subvenir las situaciones de necesidad y, específicamente, las prestaciones de IP tratan de sustituir la carencia de rentas consecuencia de la imposibilidad de trabajar por una situación incapacitante sufrida por el trabajador. Por ello, la prestación no nace cuando no existe esa pérdida de rentas.
4. Es contrario a la lógica y a la sostenibilidad del sistema de prestaciones públicas de protección social y al principio de solidaridad que una misma persona -imposibilitada normativamente para el ejercicio de toda profesión u oficio- compatibilice una pensión pública con rentas derivadas del trabajo que desarrolla.
5. Las nuevas tecnologías informáticas y el uso de la denominada inteligencia artificial pueden permitir a personas con discapacidad la realización de trabajos. Por ello, la solución al problema no debe ser la compatibilidad de las rentas del trabajo con la prestación pública; sino la revisión del sistema de incapacidades en general.
6. El sistema de protección social y las políticas de asistencia social deben arbitrar nuevos mecanismos tendentes a la reinserción socio laboral de las personas con discapacidad para el trabajo, incrementando sus capacidades laborales para que no sea necesario sustituirlas con prestaciones incompatibles con los trabajos.
Por todo ello, se declara la incompatibilidad de la pensión de gran Invalidez con el trabajo a tiempo completo en la ONCE.
Si necesitas un abogado en supuestos de incapacidad permanente, póngase en contacto con nosotros.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo contra la resolución que resolvía una discrepancia entre progenitores a la hora de escolarizar la hija menor. Entiende el tribunal que el colegio público aconfesional ofrece un entorno neutral que facilita que el menor pueda formar sus propias convicciones de manera libre y objetiva

El procedimiento se inicia en un Expediente de jurisdicción voluntaria al existir una discrepancia entre ambos progenitores que se encuentran divorciados, acerca de la toma de la decisión de donde escolarizar a la menor de edad que cuenta con cuatro años de edad.

Se presenta Expediente de Jurisdicción voluntaria en aras del artículo 156 del Código Civil, para que se resuelva la cuestión acerca de la escolarización de la menor en un colegio concertado y religioso como defiende el padre o uno público y laico como defiende la madre.

 

El juzgado en el Auto resuelve atribuyendo  la facultad de decidir al padre.

En dicha resolución se ha ponderado las ventajas educativas  que ofrece el centro religioso concertado frente al colegio público aconfesional (cubre todos los ciclos formativos, segundo idioma extranjero, bilingüismo parcial, natación, instalaciones deportivas, extraescolares, moderado coste, etc.) y las ventajas de tipo familiar  (cercanía del domicilio paterno y apoyo de familia extensa), con la posibilidad que, por otro lado, ofrece el centro, permitiendo inscribir a los alumnos en una asignatura alternativa a la religión católica, atribuyendo a la madre la facultad de decidir inscribir a la hija en la misma.

La madre recurre en amparo  al Tribunal Constitucional.

Considera que se trata de un colegio profundamente confesional que impregna todo su devenir (proyecto educativo, pedagogía, metodología, etc.), más allá de la asignatura de religión que imparte y que se le ha permitido eximir; vulnerado el interés superior del menor en relación a su derecho constitucional de libertad religiosa.

El Tribunal Constitucional  aprecia la pugna entre  los dos derechos, el de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos y el de la menor a la libertad ideológica y religiosa.

Cuando los padres  tienen creencias diferentes  que enfrentan opciones educativas incompatibles, se debe proteger el derecho de la menor a autodeterminarse en materia de creencias religiosas. 

Lo más adecuado para el interés superior de la menor es que la educación se imparta en el entorno neutral.

En el presente caso, el Tribunal Constitucional entiende que la propuesta de la madre de enviar a la hija a un colegio  no confesional parece más acorde con el interés superior de la menor, pues siempre queda a salvo, fuera del entorno escolar, la potestad de cada progenitor de compartir convicciones morales y religiosas con su descendiente.

Considera que la jurisdicción voluntaria ha resuelto el conflicto sustituyendo la ponderación  entre los derechos fundamentales  por una comparación entre las prestaciones ofrecidas por cada centro educativo. Por razón de la corta edad de la menor no puede ser inquirida sobre sus creencias, debiendo procurar que se formen o adquieran sin predeterminaciones escolares.

Si necesitas un abogado para un expediente de jurisdicción voluntaria puede contactar con nosotros y estaremos encantado de atenderle.

¿ Se pueden registrar las cajas de seguridad en entidades bancarias? ¿ es necesario autorización judicial para el registro?

No, ya que existen dos sentencias recientes de fecha de 21 de marzo y 4 de marzo de 2024 de la Sala 3º del Tribunal Supremo  en donde se desestiman los recursos interpuestos.

La sala entiende que no resulta necesario obtener autorización judicial o consentimiento del titular de la persona jurídica para proceder al precinto de una caja de seguridad ubicada en una entidad bancaria y alquilada por aquel.

Tampoco en el caso de que se trate de una persona física, pues en ambos casos la caja no tiene consideración de domicilio, aunque en el caso de personas físicas, puede afectar el precinto a su ámbito de intimidad personal y familiar por lo que debe de justificarse su proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida.

La caja de seguridad alquilada por el inspeccionado en una entidad bancaria no tiene la consideración de domicilio constitucionalmente protegido, pues un recipiente -una caja de seguridad- no es un espacio o lugar apto ni por naturaleza, ni por destino, para desarrollar la vida privada, no es lugar y no está necesitado del máximo nivel de protección constitucional.

No obstante, como puede afectar a la intimidad personal y familiar del inspeccionado, se exige la concurrencia de dos requisitos:

– que haya habilitación legal (que se debe entender contenida en LGT art.146.1);

– que el acto de precinto sea una medida proporcional, idónea y necesaria para impedirque desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición (LGT art.146.2).

En el caso de que el titular sea una persona jurídica, debe tenerse en cuenta que estas no son directamente titulares del derecho a la intimidad y, por tanto, por mucho que la información con trascendencia tributaria pueda incidir en la intimidad de los ciudadanos, la medida cautelar nunca puede afectar a ese derecho fundamental en referencia a una persona jurídica, debiendo medirse su adecuación a Derecho conforme a parámetros de legalidad ordinaria.

Por último, el TS distingue este caso de otros que sí suponen una mayor afectación a la intimidad, como la apertura de la caja de seguridad, que se equipara con la entrada en domicilio; así como el precinto de las cajas de seguridad que están situadas en el domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado.

 

El gobierno aprueba un Real Decreto por el que se suspende los lanzamientos de ejecución hipotecaria hasta el 15 de Mayo de 2028

La suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos vulnerables, introducida mediante Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, en respuesta a los efectos derivados de la crisis económica y financiera de 2008, ha ido extendiéndose mediante sucesivas normativas debido a las subsiguientes crisis, tal y como se enuncia en los preámbulos de las distintas normativas, con base a la  pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, se modifica el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, extendiendo la suspensión de lanzamientos de deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad de sus viviendas habituales hasta el 15 de mayo de 2028. Esta prórroga se fundamenta en la persistente necesidad de proteger a las familias vulnerables ante la incertidumbre económica y el aumento de la carga financiera por préstamos hipotecarios.

La entrada en vigor de la nueva prórroga se produce el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 15 de mayo de 2024, asegurando la continuidad de la medida de protección sin interrupciones. La nueva redacción del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, dispone:

«1.?Hasta transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo».

¿ Qué requisitos tienen que darse para producirse un despido por ineptitud sobrevenida del trabajador?

¿ Qué requisitos tienen que darse para producirse un despido por ineptitud sobrevenida del trabajador?

De manera general se sostiene por la mayoría de la doctrina que deben de darse los siguientes requisitos como causa de extinción del contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida.

a) Ha de ser general, es decir, no es suficiente una disminución en el rendimiento respecto de algunas de las funciones o tareas propias del puesto de trabajo o contratadas y que constituyan la labor habitual, sino que es imprescindible que la ineptitud incida sobre el conjunto de las tareas propias del puesto de trabajo o constitutivas del objeto del contrato de trabajo y no solo sobre algunas aisladamente consideradas ( así lo establece la STS de 14 de Julio de 1982).

b) Debe de afectar a las tareas propias de la prestación laboral contratada y no a la realización de trabajos distintos.

c) Debe de presentar un cierto grado, es decir, ha de determinar una aptitud inferior a la media normal de cada momento, lugar y profesión.

d) Debe de ser permanente y no meramente circunstancial

e) Sea debida a causas exógenas a la propia voluntad del trabajador.

¿ Cuáles son las causas para un despido por ineptitud sobrevenida?

Dentro de la jurisprudencia existe una casuística muy diversa, pero podemos dividirla en dos grandes causas:

a) Causas que afectan a la salud, ocasionando una enfermedad o accidente y que suponen una merma para el desarrollo normal de la relación laboral.

b) Causas motivadas por la carencia de facultades debidas a la revocación, falta de titulación o no renovación de títulos o habilitaciones profesionales.

Si necesitas un abogado para un despido puede ponerse en contacto con nosotros a través de cualquier medio.

Modificación de la Jurisdicción Civil por el RDL 6/2023

Con efectos desde el 21-12-2023, se han aprobado medidas urgentes con la finalidad de alcanzar la eficiencia digital y procesal  del servicio público de Justicia, que suponen una extensa reforma de la legislación procesal que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales. Por lo que respecta al orden jurisdiccional civil y con efectos desde el 20-3-2024 , se modifican la L 1/2000, de enjuiciamiento civil , y la L 15/2015, de la jurisdicción voluntaria, pudiendo destacarse, muy resumidamente, los siguientes aspectos:

1)  Por lo que se refiere a la LEC , entre las novedades de esta reforma cabe destacar:

  1. a) La introducción de medidas para la eliminación de barreras que impiden a las personas mayores participar en los procesos judiciales en igualdad de condiciones (LEC art.7 bis y 183.3 bis).
  2. b) La ampliación de materias que, con independencia de su cuantía, se tramitarán por el juicio verbal. Ello obliga a la modificación, a su vez, de distintos preceptos para su adaptación a dicha ampliación (LEC art.73.1, 249, 250 y 445). Se añaden, en concreto, las demandas en las que se ejerciten:
  • Acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
  • Las acciones que otorga a las juntas de propietarios y a estos la L 49/1960, sobre propiedad horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, sea cual sea la misma.
  • La acción de división de cosa común.

Por razón de la cuantía , pasan a decidirse en el juicio verbal las demandas que no excedan de 15.000 euros -antes 6.000 euros- (LEC art.250.2).

  1. c) La regulación, como novedad, de la cuestión prejudicial europea (LEC art.43 bis).
  2. d) La introducción del procedimiento testigo en las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación previstas en LEC art.250.1.14ª. La tramitación del recurso de apelación es preferente (LEC art.438 bis y 455.4).
  3. e) La introducción de modificaciones en los procesos de familia (LEC art.770.1, 776, 778 quinquies.11, 780.3 y 4 y 781 bis) y de ejecución con la finalidad agilizar los procedimientos, sin mermar las garantías procesales, ni los derechos de las partes (LEC art.463, 519, 527.5, 535.2, 549.3, 550.1, 551, 552.4, 561, 581, 582, 612.1, 634, 635, 639, 682.2, 695.3, 815 y disp.final 23ª).

En materia de familia, cabe destacar, la posibilidad de acumular la acción de liquidación del régimen económico matrimonial y la acción de división de la herencia, cuando la disolución del régimen económico se deba al fallecimiento de uno o ambos cónyuges y haya identidad subjetiva entre los legitimados para intervenir en uno y otro procedimiento, sustanciándose ambas por el procedimiento de división judicial de herencia (LEC art.73.1.2º, 77.4 y 5 y 797.2).

En materia de ejecución, cabe mencionar las modificaciones introducidas en el proceso de desahucio o recuperación de la posesión de una vivienda (LEC art.22.4, 438.5 a 7, 440, 444 y 549.3).

  1. f) En materia de apoderamientos, se introduce la posibilidad de conferir el poder al procurador mediante comparecencia electrónica, matizándose que el otorgamiento apud acta por comparecencia personal o electrónica debe efectuarse al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador (LEC art.24).
  2. g) El control de las cláusulas abusivas en los contratos con el cliente en la reclamación de honorarios de abogados y procuradores (LEC art.34.2 y 4 y 35.2 y 4).
  3. h) La atribución de legitimación a las asociaciones de profesionales del sector artístico y cultural para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del arte y la cultura (LEC art.11 bis).
  4. i) En cuanto al dictamen pericial:

– el juez puede prorrogar el plazo para que las partes puedan aportarlo en momento posterior a la demanda o contestación (LEC art.337.1);

– se aclaran determinadas cuestiones de facturación del perito y se somete su minuta al trámite de impugnación de tasación de costas por honorarios excesivos (LEC art.342.3); y

– cuando reside fuera del partido judicial, se le permite comparecer mediante videoconferencia en el acto de la vista o juicio para hacer aclaraciones o explicar su informe (LEC art.343).

  1. j) Se cambia el criterio de imposición de costas en el recurso de apelación, pasando a regirse por el criterio general del vencimiento (LEC art.394 y 398). Anteriormente, en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación no se condenaba a sus costas a ninguno de los litigantes.
  2. k) Necesidad de consignar en la demanda y contestación los medios electrónicos a efectos de notificaciones en determinados casos -obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia o que elijan hacerlo sin tener obligación-, haciendo constar el compromiso de recibir a través de ellos cualquier comunicación de la oficina judicial. Se extiende tal compromiso al proceso de ejecución (LEC art.399.1 y 405.1).
  3. l) El recurso de apelación pasa a interponerse ante el tribunal competente para conocer del mismo -antes, ante el que dictó la resolución apelada- (LEC art.458, 461, 463, 464 y 465).
  4. m) La adaptación de diversos preceptos a la regulación del recurso de casación tras su reforma por RDL 5/2023, eliminando las referencias al recurso extraordinario por infracción procesal  (LEC 41.2, 48.2, 206.1, 237, 240.1, 255.1, 398, 449, 405.1, 450.1, 466, 477, 494, 495.1, 500, 723.2, disp.final 25ª y 26ª). Se dejan ya sin contenido los preceptos que regulaban este último, que no habían sido formalmente derogados con la reforma por RDL 5/2023 (LEC art.467 a 476 y disp.final 16ª). Como novedad, no se podrá desistir del recurso de casación una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo (LEC art.450.1).
  5. n) La modificación de diversos preceptos para su adaptación a las nuevas medidas de eficiencia digital y procesal en las actuaciones judiciales (LEC art.68.2, 129, 129 bis, 135.2 y 5, 146.1 y 2, 147, 148, 152.2, 155, 156.3, 158, 160.3 a 5, 161.1, 162, 164, 169.2 y 4, 170, 171.3 y 4, 196, 212.4, 213, 213 bis, 264, 267, 268.1, 268 bis, 270.3, 273.4, 276.4, 279.2, 311.1, 312, 313, 320, 331, 337.1, 346, 358.1, 359, 364, 374, 383.2, 399.1, 414.2, 432.1, 437.2, 438.1, 441.1, 458, 497, 753.1, 814.1 y disp.adic.8ª a 10ª).

Cabe destacar, entre ellas, la regulación de la realización de actuaciones fuera del partido judicial mediante videoconferencia, cuando sea posible (LEC art.129, art.137 bis y 270.3, entre otros), así como celebrar preferentemente los actos procesales -juicio, vistas, audiencias, comparecencias- mediante presencia telemática, siempre que las oficinas judiciales dispongan de los medios técnicos necesarios (LEC art.129 bis).

2)  En cuanto a la reforma de la jurisdicción voluntaria, se sustituye la publicación en el Boletín Oficial del Estado por el Tablón Judicial Edictal Único (L 15/2015 art.14, 70.2 y 134.2).

 

¿ Se puede despedir a un trabajador por no vacunarse? ¿ Es nulo el despido?

El despido no puede ampararse o tener como motivación la decisión del trabajador de no vacunarse , la decisión empresarial de despedir a un trabajador por no querer vacunarse es un DESPIDO NULO por vulneración del derecho fundamental a la integridad física recogido en el artículo 15 de la Constitución Española.

La decisión empresarial del despido puede ser impugnada en el plazo máximo de 20 días.

La sentencia de fecha de 10 de mayo de 2022 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco resuelve un supuesto de hecho en el que se declara el Despido Nulo de una trabajadora que prestaba servicios en una residencia de atención a personas dependientes.

La trabajadora ante el requerimiento de la Responsable Sanitaria del centro acerca de que manifiesten que trabajadores se iban a someter al tratamiento anti covid le responde que no es su intención el vacunarse.

Tras varios intentos de que accediera a ello, se procede por la empresa a despedirla por un despido disciplinario ante un episodio ocurrido con una usuaria de centro.

                                                 El juez de lo Social resuelve en el siguiente sentido: 

«Que, estimando la demanda interpuesta por Dña. Bárbara frente a FUNDACION ALIADOS POR LA INTEGRACION, autos 832/2021, en los que fueron parte el Ministerio Fiscal y el FGS, declaro nulo el despido padecido por la actora el 21-6-2021, quedando obligada la empresa readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones en las que se encontraba en el momento del cese, así como a satisfacer salarios de tramitación a razón de 21,57 euros/día.

Condeno asimismo a la empresa a abonar a la actora la suma de 600 euros en concepto de indemnización moral por los daños causados.

Quedando obligado el FGS a estar y pasar por la anterior declaración.»

Posteriormente se interpone recurso de suplicación por parte de la empresa, y el TSJ resuelve desestimando el recurso por los siguientes motivos:

»  es lo cierto que el trabajador, en términos generales y aproximativos, no puede ser obligado a vacunarse, pues el art. 15 CE, ha tenido una interpretación por el TC que señala que el derecho a la integridad física y moral no consiente el que se imponga a alguien una asistencia médica en contra de su voluntad, cualesquiera que fueren los motivos de la negativa a ello de la persona.

La negativa y oposición a un tratamiento es admisible y violentar la expresión contraria a la aplicación del mismo supone una agresión de tal envergadura que no es justificable ni se ampara en un posible efecto curativo porque la decisión a someterse siempre es libre y personalísima, formando parte inescindible de la protección de la salud que es expresión de derecho a la vida ( STC 25-3-1996, Sentencia 48).

Nos lo ha vuelto a recordar este planteamiento el Tribunal Constitucional en el Auto de 20-7-2021, recurso 1975/21, al indicar que la vacunación obligatoria, en principio, puede atentar al derecho a la integridad física de la persona, que es un derecho constitucional previsto en el art. 15 CE

Con esta línea discursiva observemos que si la causa del despido ha sido la no vacunación de la trabajadora, su negativa a recibir el tratamiento de vacunación, la imposición obligatoria de la vacunación y la censura a la actuación persistente de la actora de negarse a su recepción, con el resultado ante esta posición de la actora de la articulación del despido disciplinario, con ello lo que acontece es que se está afectando a la esfera de un derecho fundamental, como es la integridad física.

Hoy por hoy, y careciéndose de una normativa expresa que imponga la vacunación, se mantiene el derecho de toda persona a negarse a la misma. Y el ejercicio de este derecho de negarse a la vacunación, actualmente, se justifica en que la imposición de la pauta de vacunación supone una quiebra de la integridad física que la Constitución recoge en el art. 15 CE , en relación al mismo art. 10 del texto constitucional , y en correlación, a su vez, con el mismo Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina, de 4-4-1997, hecho en Oviedo, cuyo art. 5 expresamente indica que una intervención del ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. En igual sentido encontramos que las Leyes 14/86 y 33/11, está última general de Salud

Si necesitas un abogado para un despido, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantado de atenderle.

¿Ante un accidente de tráfico, es posible reclamar a la aseguradora que se abone el valor venal del vehículo en lugar de que se proceda a la reparación del mismo?

No, ya que la mayoría de la doctrina jurisprudencial es unánime en el sentido de que la indemnización por el valor venal únicamente procede en supuesto de siniestro total del vehículo, es decir, cuando la reparación del vehículo es antieconómica, así por ejemplo podemos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de fecha de 6 de octubre de 1997,  o la de la Audiencia Provincial de Asturias de fecha de 18 de noviembre de 1997.

No es posible por ende solicitar que se le abone el valor venal del vehículo en aquellos casos en los que el coste de la reparación es menor que el valor venal.

Si necesitas un abogado por un accidente de tráfico  para reclamar por los posibles daños materiales o personales puede contactar con nosotros