Desde la entrada en vigor de la Ley 51/2003, la Administración ha incumplido su deber de promulgar el Reglamento de desarrollo, privando a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos.
Desde la entrada en vigor de la Ley 51/2003, la Administración ha incumplido su deber de promulgar el Reglamento de desarrollo, privando a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos.